El PP avisa de que en 2024 se pagarán peajes en las autovías: «El Gobierno lo ha comprometido aunque no lo cuente»
«Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el PP, sino porque lo ha comprometido el Gobierno de España», advierte el portavoz económico de los populares
El Gobierno deslizó a principios de año su renuncia a ese proyecto incluido en el Plan de Recuperación por la situación social y el contexto preelectoral

«Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular, sino porque el Gobierno ya lo ha comprometido aunque ni lo cuente ni lo diga». El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha puesto este miércoles encima de la mesa uno de los elefantes en la habitación que determinarán la política económica del próximo Gobierno: el controvertido pago por uso en las carreteras de alta capacidad, que Pedro Sánchez acordó inicialmente con Bruselas para su inclusión dentro del Plan de Recuperación español, pero del que posteriormente ha querido desmarcarse ante la contestación que ha generado tanto entre la población general como entre sectores concretos como los transportistas.
«Está en el Plan de Recuperación, en la página dos, donde se dice que en el año 2024 se pagará por el uso de autovías, para que luego no se diga (si gobierna el PP) que lo ha hecho el Partido Popular. No. Ya está comprometido, lo que pasa es que se ha llevado al año 2024 para que se hiciera después de las elecciones y si les toca a ellos ya verán como lo justifican y si lo hacemos otros pues dirán que hemos subido los impuestos», ha querido explicar Juan Bravo, en una conferencia organizada por Estudio de Comunicación.
El pago por uso en las autovías ha tenido un recorrido 'guadianesco' durante toda la era Sánchez, apareciendo y desapareciendo del debate público al ritmo que marcaban los documentos que el Gobierno iba enviando a la Comisión Europea. El compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación a instancias de Bruselas, que desde hace años viene trasladando a los sucesivos gobiernos su preocupación por el déficit de mantenimiento de una red de infraestructuras viarias envidiada en toda Europa y que fue construida en su día en buena medida gracias al impulso de los fondos europeos.
El Gobierno justificó de partida la necesidad de la medida por «avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'» y por el imperativo presupuestario de costear la factura del mantenimiento de una red de 24.466 kilómetros de los cuales 12.000 pertenecen a vías de alta capacidad. Decía entonces el Gobierno que eso costes «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios».
Desde entonces todo el trabajo del Ministerio de Transportes ha consistido en buscar un modelo que levantara la menor cantidad de ampollas posible, deslizando la posibilidad de eximir determinados tipos de desplazamiento de la obligación de pago, como los trayectos por trabajo, por razones de estudios o por cuestiones de salud; prometiendo estudiar compensaciones para los sectores más afectados como los profesionales del transporte, cuando estos se revelaron contra el incremento de costes que supondría la entrada en vigor del esquema, o incluso planteando la posibilidad de una entrada en vigor en fases para hacerlo más digerible.
Aunque no se ha hablado de ningún esquema de tarificación específico, se especuló con que el sistema de pago por uso nacería con una 'tarifa blanda', que podría ser de un céntimo por kilómetro, aunque esta nunca se recogió en ningún documento oficial.
Con la cercanía del periodo electoral, el Gobierno pasó de la fase de definición del modelo más asumible a la fase de sembrar dudas sobre que finalmente se fuera a implantar ese sistema de pago por uso. «No parece que sea el momento de aplicar peajes en las autovías», dijo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la vuelta del verano de 2022, en pleno pico de la espiral inflacionista, con el IPC rozando el 11%. Y de entonces hasta ahora el asunto había quedado como aparcado, hasta que este miércoles Juan Bravo lo ha vuelto a poner sobre la mesa.