Las placas solares echan raíces en la mustia Huerta de Europa

La Huerta de Europa, advierten los trabajadores del campo de Cartagena, agoniza. «En los últimos años, las normas para proteger el medio ambiente han cambiado tres o cuatro veces. Hay artículos de la ley 3/2020 de recuperación y protección del mar Menor que no son viables en la práctica. Es una ley hecha en los despachos«, reconoce Mellinas, que señala que estas limitaciones se suman, entre otras, a las medidas cautelares tomadas por la Conferencia Hidrográfica del Segura para proteger las aguas subterráneas de la zona.

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En plena crisis energética, España aspira a ser la batería de Europa. Sin embargo, el último decreto del Gobierno exime de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de energías renovables. Desde el campo, claman: «Sí, pero no a cualquier precio»

Por ejemplo, la norma les impide usar «fertilizantes, estiércoles o abonado en verde» (excepto en la agricultura ecológica, sostenible y de precisión) si las parcelas están a menos de 1.500 metros del mar Menor. «El nitrato no se puede prohibir, sin él las plantas no crecen, necesitan nutrientes. Hasta ahora hemos estado cultivando así, pero la tierra se agota. Las lechugas no crecen, o cambio de cultivo o no puedo seguir», lamenta Melillas frente a una parcela con cogollos, perfectamente dispuestos y con riego por goteo, pero más pequeños de lo que deberían para esta época del año. «Esto será más natural, pero a mí los supermercados me exigen un tamaño, un calibre y una calidad. Y si no se lo doy, se irán a otra zona donde se pueda cultivar con las dimensiones que requieren«, asume.

Otra adaptación obligatoria que tuvieron que realizar contra reloj fue poner «barreras vegetales», plantas autóctonas en la linde de sus tierras para evitar las escorrentías y limitar el arrastre de sustancias hacia la malograda laguna. También tienen limitados los ciclos de cultivo, lo que influye en el empleo que generan: «Hacemos una programación y rotación de cultivos para que haya trabajo todo el año. Yo tengo una veintena de trabajadores fijos, a muchos los he movido a la oficina. Hoy el campo está muy tecnificado, ¿cómo voy a buscar gente para unos meses?». A todo ello hay que sumarle las numerosas inspecciones que les tienen, relatan con pesar, más tiempo en los despachos que sobre el terreno.

Además, aquellos que trabajan a menos de 1.500 metros del mar Menor: tienen que dejar, por ley, el 20 por ciento de la tierra sin cultivar. Eso si no se ven afectados por las expropiaciones que planea realizar el Ministerio de Transición Ecológica para crear los primeros filtros (humedales seminaturales) del denominado cinturón verde del mar Menor.

Domingo Navarro teme que la finca de 14 hectáreas que heredó de su padre entre en uno de estos planes. Este año ha plantado trigo, un cultivo de secano que poco tiene que ver con los tradicionales regadíos de la zona. Si pudiera, cuenta, la vendería a una de las empresas de placas solares que están echando raíces en la zona aprovechando que la única reconversión que permite la ley 3/2020 es la instalación de placas fotovoltaicas. «Si me van a expropiar y no puedo cultivar prefiero vender para la energía solar que estar tres años sin ingresos, como ahora», clama.

Pedro León es uno de los agricultores que ha decidido arrendar parte de su finca a una empresa de energía fotovoltaica. «He alquilado unas treinta hectáreas, ellos se encargan de todo. Si nosotros tuviéramos dinero invertiríamos en placas y venderíamos la luz. Pero bueno. Aquí en verano estarán los paneles puestos. Las querían poner en enero pero los papeles se han demorado, y no te pagan el cien por cien hasta que no está el proyecto abonado«, relata. En el resto de su finca de La Puebla seguirá cultivando sus hortalizas.

En su caso, otro de los problemas que tiene es que el nivel del acuífero cuaternario es tan alto que en algunos momentos el agua le ha inundado parte del terreno. «Ese agua mana del acuífero. Lo que hay que hacer es sacar el agua y hacer buenas tuberías, enterradas», asume. «Hay que tratar este agua que nos sobra. Tenemos y estamos pidiendo del trasvase. Lo del mar Menor lo resolvíamos entre ingenieros agrónomos y agricultores, pero los políticos no nos dejan«, apunta Adela García, que gestiona una producción de casi 70 hectáreas. Pedro Fernández, ingeniero agrónomo, coincide en que esta mezcla de agua del acuífero con agua desalada, en las proporciones correctas, podría ser una solución »a coste cero« de economía para diluir el nitrato y que retorne al sistema de una forma diluida.

En toda esta polémica, coinciden todos estos productores, lo peor no es la parte económica, sino el dedo acusador de sus propios vecinos. Una pintada que reza: «Fortiberia y agroindustria, asesinos del mar Menor» da fe de que sus sospechas son fundadas: «A nosotros nos han dicho criminales, de todo. Tú decías que eras agricultor y eras directamente un explotador, un asesino de peces. Y yo lo único que he hecho es producir alimento para la gente. Reconvertirse a la agricultura ecológica no es tan fácil», lamenta Mellinas. Murcia, de hecho, es pionera en el cultivo ecológico, que representa el 28,7% del total de la región, según el último balance elaborado por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm), correspondiente al 2021.

«Si toda la agricultura fuera ecológica, la producción bajaría muchísimo», argumenta García. Y, por tanto, subirían los precios. Además, recuerda esta productora, en Murcia no solo los productores viven del campo. Las industrias auxiliares (conserveras, envasadoras, fábricas de cartones, plástico, productos de riego y maquinaria...) también emplean a miles de personas. La industria agroalimentaria, según datos del Gobierno de la Región, «factura más de 8.000 millones de euros al año y supone una cuarta parte del PIB de Murcia».

Desde la Fundación Ingenio, que aglutina a miles de productores del campo de Cartagena, lamentan que las leyes de protección del mar Menor «castiguen a la agricultura con medidas que no está demostrado que beneficien a la laguna», relata Natalia Corbalán, CEO de la organización. «El mar Menor debe tener una ley que lo proteja, pero queremos una norma que armonice todos los factores que la degradan. No puede ser que un 70 por ciento del articulado esté destinado a hiperregular la agricultura. Si hay además un problema de aguas residuales, que también sancionen. Esta ley nace de la precipitación política y señala a los agricultores».

Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste lamentan que la representación más importante del campo de Cartagena no haya aprovechado este cambio de leyes para demostrar «que la agricultura ha aprendido del pasado, ha reducido la superficie de cultivos ilegales y va camino de una situación completamente nueva«. »No todos los productores son iguales. Hay algunos que llevan años practicando una agricultura responsable. Con su actitud, el ala más industrial ha acabado poniendo más el foco en la agricultura intensiva«, argumenta Pedro Anse, portavoz de la organización ecologista, que reconoce que el mar Menor ha mejorado en algunos aspectos y ha empeorado en otros. El problema, como su remedio, es demasiado complejo para aplicar soluciones simplistas.