presupuestos
La negociación entre funcionarios y Hacienda para la subida salarial se estanca ante su abultado coste
El sindicato de empleados públicos denuncia un deterioro en los servicios que ofrece el Estado por la falta de personal y piden contener la pérdida de poder adquisitivo
Llamamiento masivo a trabajadores públicos y privados para protestar contra el Gobierno por la devaluación salarial
Feijóo ve una «irresponsabilidad» que el Gobierno llame a la movilización social para subir salarios
Los funcionarios estallan y se echan a la calle: «Queremos salarios dignos»
Al Gobierno parece habérsele puesto en contra los múltiples llamamientos que ha realizado en las últimas semanas azuzando la protesta de los trabajadores en la calle con las patronales empresariales para reclamar subidas de sueldos más altas en un contexto de inflación desbocada y pérdida de poder adquisitivo. Como ya informó este diario, dese el sector público, los funcionarios llevan semanas calentando la protesta en la calle para este otoño ante el bandazo del Gobierno en la negociación de la revalorización de los sueldos públicos que rechazó una compensación mayor para 2022 que permitiera reducir el hachazo a las nóminas, pero ahora, desde el sindicato CSIF hacen un llamamiento a una protesta masiva contra el Gobierno en la que también se sumen trabajadores del sector privado y familias.
Así lo trasladó el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Miguel Borra, a los medios de comunicación este mismo lunes al pedir a todos los trabajadores que se echen a la calle el próximo 24 de septiembre ante el empobrecimiento generalizado de la sociedad por el fuerte avance de los precios. Recuerda el sindicato que desde el primer gran recorte a los empleados públicos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el colectivo ha perdido un 20% de poder adquisitivo.
La movilización contra el Ejecutivo se produce, más allá, tras una escalada de tensión entre el sindicato de empleados públicos y el ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero. Tras haberse aprobado en Presupuestos una subida de las nóminas dependientes del Estado del 2%, los sindicatos iniciaron antes de verano una campaña para acordar con el Ejecutivo una nueva subida para este año, compensatoria, ante la escalada de precios que no cerrará el año por debajo del 8%. Ante esto, el empleado público afronta una pérdida de poder de compra del 6%.
Por su parte, el gabinete de la ministra Montero ofreció a los funcionarios abordar la subida ya para 2023 en un contexto en el que las cuentas públicas ya acumulan bastantes excesos de gasto con el plan de contingencia contra los efectos de la guerra en Ucrania y la crisis energética, con un coste inicial de 16.000 millones de euros. Y a lo que se suman compromisos ya predeterminado como la subida de las pensiones con el IPC que será el próximo la más cara de la historia llegando a rebasar los 17.000 millones de euros.
En este sentido cabe recordar que cada 2 puntos porcentuales de subida del sueldo de los funcionarios se endosa a la partida presupuestaria un gasto adicional de 3.000 millones de euros, que es el desembolso efectuado para este año. Para este ejercicio 2022 el coste total de la partida, casi tan abultado como el de las pensiones, ascenderá hasta los 147.000 millones de euros.
En este punto, parece que el Gobierno busca ajustar al máximo la factura que asumirá de cara a la subida del próximo año. Por un lado, desde CSIF se plantea un pacto a medio plazo, que sirva para acordar una senda de revalorización, en lo que el sindicato además ve un marco de referencia para el resto de empresas del sector privado en la negociación colectiva. Mientras, el gabinete de Montero parece más proclive a ir fijando la subida anualmente en la negociación presupuestaria para ir observando el avance del IPC en próximos años.
Falta de interlocución
Así, Borra confirmó que han pedido al Gobierno ya la reunión preceptiva previa a la aprobación de los Presupuestos Generales para poner encima de la mesa las medidas que afectan al colectivo de empleados públicos, entre ellas la subida salarial fijada para el próximo año. Tampoco el Ministerio de Hacienda ha atendido por el momento a esta petición según denuncia CSIF.
«Ante la falta de interlocución del Gobierno y el empobrecimiento de trabajadoras y trabajadores de este país, pretendemos hacer patente el malestar de la ciudadanía que afronta su día a día con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, en unos momentos de graves dificultades e incertidumbre económica, que lamentablemente podrá agravarse de aquí a final de año», explica el presidente del sindicato sobre la manifestación convocada.
«Al mismo tiempo, asistimos a un deterioro progresivo de nuestros servicios públicos en ámbitos fundamentales, como la sanidad, la educación y en general el conjunto de las administraciones públicas. Y los empleados públicos no cuentan con el debido reconocimiento ni en sus condiciones laborales, ni a nivel salarial», advierten desde CSIF.
«Los bolsillos de trabajadoras y trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas. No es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora», denuncian. «En este sentido, CSIF exige al Gobierno que dé ejemplo a la empresa privada y negocie una subida en las administraciones públicas, como acaba de proponer el Ejecutivo en Francia«.
Llamamiento irresponsable
Por su parte, l presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó este lunes de «irresponsable» que el Gobierno llame a la movilización social para subir salarios y dice que vería razonable una subida del SMI «que la economía pueda pagar» y que se pueda acordar con los agentes sociales.
Así lo ha señalado el líder del PP durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde reprobó las declaraciones públicas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre este tema. «El Gobierno está para solucionar, no para inflamar. El Gobierno está para sosegar los grandes debates de nuestro país y para arbitrarlos», insiste el líder del PP.
Los funcionarios con sueldos de 60.000 euros al año crecen un 21,5%
Los trabajadores del sector privado con las rentas más altas se reducen en un 10,8% en solo dos años
Para Feijóo, lo razonable es que los salarios aumenten a medida que se incrementa la competitividad de la economía del país y de las empresas. Al mismo tiempo, ahonda en la idea de que una empresa la conforman tanto el conjunto de trabajadores, como los directivos y propietarios. «El primer objetivo de una empresa es mantener los puestos de trabajo», subrayó.
