Montero pierde a su enlace con los contratistas del Estado en plena ofensiva empresarial a favor de las revisiones de precios

Según ha podido confirmar ABC, el director de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el abogado del Estado Miguel Pardo, dio por finalizado el pasado mes de abril su periplo de seis años (desde marzo de 2017) al frente del organismo encargado de resolver las cuitas y discrepancias que se generan en torno a los contratos que el Estado adjudica a sus proveedores de bienes y servicios.

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El alto funcionario ha sido el encargado de sentar los criterios de aplicación del marco regulatorio de contratación pública que entró en vigor en noviembre de 2017 y sobre todo de vadear los numerosos conflictos desencadenados tras la negativa de Hacienda a repercutir en el precio que paga a sus contratistas el impacto derivado de las sucesivas subidas del salario mínimo o las bases de cotización, los efectos de la pandemia y en última instancia el encarecimiento de las materias primas por la inflación, que han sembrado de recursos y litigios la contratación pública en los cuatro últimos años.

El periodo ha traido consigo un empeoramiento en las relaciones entre la Administración del Estado y sus contratistas, en parte por la generalización de un modelo de adjudicación vía subastas al mejor postor, que ha generado ahorros al Estado pero deterioro de los servicios públicos y cicatrices en los balances de las empresas contratistas, y en parte también por la resistencia del Gobierno a compensar decisiones gubernamentales sobrevenidas que han alterado el equilibrio financiero de los contratos, como las subidas del salario mínimo, o por circunstancias inesperadas como la pandemia o la guerra de Ucrania.

El estrechamiento de las rentabilidad de los contratos cuando no la prestación de los servicios adjudicados directamente a pérdidas ha disparado las demandas de contratistas contra el Estado por la alteración del equilbirio financiero de los contratos y también ha decidido a algunos grandes contratistas como ISS, Eulen o El Corte Inglés a restringir su exposición a contratos públicos cuando no a dejar de acudir a las licitaciones.

El malestar de los contratistas del Estado se ha focalizado en el Ministerio de Hacienda y se ha canalizado a través de la Junta Consultiva de Contratación Pública, cuyas resoluciones han contribuido a caldear el ambiente por su empeño en considerar los cambios regulatorios o las turbulencias económicas que han alterado el equilibrio financiero de los contratos como parte del «riesgo y ventura» asociado a cualquier licitación pública.

Fuentes de contratistas del Estado consultadas por este diario asocian la salida del ya ex director de la Junta Consultiva a su incomodidad con ese tono radicalmente restrictivo impuesto por Hacienda a la hora de revisar los precios de los contratos. Fuentes del Ministerio de Hacienda rechazan esa afirmación y aseguran que su salida se debe «a otros motivos» sin dar más explicaciones.

«La ley de desindexación -aprobada en 2015 y que restringe la posibilidad de actualizar los precios de los contratos en que se generen sobrecostes imprevistos- y la negativa de Hacienda a trasladar los cambios en el SMI o en los convenios a los precios de los contratos han creado problemas a muchas empresas e incluso han empujado a algunas a la desaparición», asegura el responsable de una asociación de contratistas de servicios.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar estas situaciones tanto en la pandemia como en la espiral inflacionista han sido restringidas e insuficientes. El último ejemplo fue la norma de revisión de precios para la construcción, que según las estimaciones realizadas por la patronal CNC dejó fuera al 90% de las empresas.

Hacienda asegura haber aprobado varias normas para abordar esta situación y recuerda que hace apenas unos días aprobó una nueva que habilita la posibilidad, no prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, de que los contratos de servicios puedan ser también objeto de revisiones de precios cuando la subida de la factura asociada a materias primas, bienes intermedios y energía exceda en más de un 20% la prevista en origen.

Los contratistas quieren ir más allá. La Comisión de Servicios de CEOE, presidida por Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de las empresas de limpieza -uno de los sectores más afectados por las subidas del SMI- encabeza una ofensiva para conseguir la derogación de la Ley de Desindexación en lo que se refiere a la imposibilidad de compensar en los precios de los contratos los incrementos de costes no previstos.

El asunto ha saltado a la Junta Directiva de CEOE y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha comprometido personalmente en darle impulso, encomendando al nuevo responsable de relaciones con las Cortes de la organización empresarial, el ex dirigente del Partido Popular, José Luis Ayllón, que mueva el asunto en el ámbito parlamentario. Fuentes empresariales avanzan que la próxima semana, CEOE remitirá una propuesta de reforma legislativa al Congreso para tratar de resolver el problema del desequilibrio en los contratos públicos antes del verano.

El último Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con UGT y CC.OO. insta al Gobierno a «modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación para permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos o acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse que impliquen incrementos de costes laborales».