Julián Núñez (Seopan): «El aumento de la inversión pública en infraestructuras no es suficiente para cumplir con los ODS»

En 2022 se produjo un gran incremento de la licitación y contratación pública de obras, subiendo, respectivamente, un 34% y un 16%. Además, hasta el mes de septiembre se registró un aumento del 5,1% en inversión pública en infraestructuras. Pero a pesar de estas subidas, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) considera que son insuficientes y recuerda que las necesidades de inversión pública para la modernización de infraestructuras en España siguen creciendo, con un mínimo de 253.000 millones de euros en áreas básicas relacionadas con el agua y medioambiente, la movilidad, la energía, la salud y la infraestructura verde.

–La inversión en obra pública crecerá en España este año. ¿Considera suficiente el aumento anunciado en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Bastará para acercarse al reto de cumplir con los ambiciosos ODS en materia de infraestructuras fijados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas?

–La ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 recoge un incremento de inversión pública para los dos grandes ministerios inversores, Mitma y Miterd, del 13,3%, alineado con nuestra previsión de incremento de actividad para la obra civil nacional en este ejercicio, del 11,8%. Se trata sin duda de un buen registro, pero insuficiente para cumplir los ODS de la Agenda 2030, que atendiendo a nuestra última estimación requeriría invertir un mínimo de 253.000 millones de euros hasta 2030, ello sin contar con los nuevos requisitos derivados del programa REPowerEU y de la nueva Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. Teniendo en cuenta que la componente de inversión pública asociada a infraestructuras en 2022 representó 10.823 millones de euros, tendríamos una insuficiencia anual de recursos presupuestarios para cumplir el objetivo 2030 de 20.000 millones de euros al año.

–Energías renovables y alta velocidad acaparan el grueso del gasto público. ¿Cree que están siendo olvidados otros sectores claves? ¿En cuáles resulta más urgente intervenir?

–La inversión en renovables, con alguna excepción, tiene una naturaleza privada y en lo que se refiere al desglose de la inversión pública del Estado, los ferrocarriles concentran el 51% del total, seguidos de las carreteras con el 18%, obras hidráulicas con el 17%, puertos con el 8% y aeropuertos con el 6%. Le corresponde a las Administraciones públicas fijar las prioridades por tipologías de infraestructuras, algo difícil de realizar sin un gran plan nacional de referencia, y en este sentido si sería urgente incrementar la inversión en infraestructuras hidráulicas, tanto de titularidad estatal como de las Comunidades Autónomas, habida cuenta que la planificación hidrológica 2021-2027 conlleva invertir 24.000 millones de euros en el ciclo del agua, y al ritmo de inversión actual cumpliremos los ODS en agua con 15 años de retraso.

–En España, los fondos europeos destinados a infraestructuras representan el 6,7% del total. ¿Esperaban una apuesta mayor? ¿Se están gestionando y ejecutando con eficacia estos fondos?

–El 6,7%, 11.619 M€, se refiere al peso de la creación de infraestructura en los 173.525 millones de euros de subvenciones y préstamos del programa Next Generation, si bien se encuentran pendientes de decisión importantes partidas del proyecto de Adenda de diciembre pasado, que podrían incrementar dicho porcentaje, con lo que sería imprescindible ampliar los plazos de ejecución. Me refiero al fondo de inversiones sostenibles de las Comunidades autónomas dotado con 20.000 millones, y también a la posibilidad de incorporar en los Perte ya autorizados inversiones relativas a la infraestructura de recarga pública del vehículo eléctrico, al programa de conexión eléctrica OnShorePowerSuplly en nuestra red de puertos del estado, a la ejecución de cimentaciones flotantes asociadas al despliegue de energía eólica marina Offshore, o al objetivo 2030 de alcanzar una capacidad de bombeos reversibles de 9,5 GW.

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–¿Hay verdadero riesgo de que las obras queden desiertas si no se modifica el modelo de contratación pública?

–Nuestro modelo de contratación pública requiere una profunda actualización. A modo de ejemplo y entre otras cuestiones, deberíamos incorporar en nuestra regulación la implementación de modelos colaborativos que garanticen el cumplimiento de presupuestos y plazos y maximicen el valor de los proyectos, introducir criterios ESG o considerar el ciclo de vida de la infraestructura. La modificación o no del modelo vigente no guarda sin embargo relación con el riesgo de licitaciones desiertas, por cuanto es la inexistencia de sistemas de revisión de precios en los pliegos de 6.900 millones de euros de obras licitadas y pendientes de contratar por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locale, lo que sí podría condicionar la ejecución de dichos contratos al no disponer de mecanismos de estabilización de precios tras la no extensión del RD-ley 3/2022.

–¿La articulación de modelos ágiles de colaboración público-privada sigue siendo una asignatura pendiente?

–La colaboración público-privada es del todo necesaria para suplir la restricción estructural de recursos presupuestarios originada tras la consolidación fiscal de 2010. Y la regulación vigente derivada de la Ley de Desindexación de 2015 desincentiva la atracción y apalancamiento de financiación privada en proyectos de infraestructuras. Prueba de ello es que de un total de 28 informes emitidos en 2022 por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), 7 de cada 10 expedientes de concesiones presentados tuvieron un informe desfavorable, afectando con ello a proyectos de nuevas concesiones por valor de 3.000 millones de euros de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento. Es por tanto preciso resolver este grave problema para lo que se requieren nuevas normas técnicas, que el sector está contrastando con la ONE.

–¿Qué impacto está teniendo la guerra en las empresas del sector?

–Ha impactado y sigue impactando en los precios de las materias primas, que a pesar de la reducción registrada el año pasado, del -6%, -12% y -12%, en acero, cobre y aluminio respectivamente, siguen registrando unos niveles de precio muy superiores a los de 2020, con revisiones de precios en el 85% de las obras superando el límite del 20% del RDL 3/2022. El destope o incremento de este límite junto con la actualización del sistema de revisión de precios de nuestra regulación en lo relativo a la supresión o reducción de la carencia no revisable de 2 años y del primer 20% de ejecución, son dos cuestiones prioritarias por resolver tanto para mitigar el impacto de la guerra en la actividad nacional de obra civil, como para incorporar en nuestra regulación, con carácter general, un mecanismo de estabilización automática de precios en los contratos públicos que garantice su estabilidad y equilibrio económico, asegurando con ello su cumplimiento.

Igualmente, la inexistencia de sistemas de revisión de precios en contratos de servicios de conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua, que ocupan a más de 70.000 trabajadores, obstaculiza y pone en riesgo su ejecución al representar sus costes salariales y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un 31% (ciclo del agua), respectivamente.

–¿Cómo valora la salida de Ferrovial de España? ¿Creen que existe falta de seguridad jurídica en nuestro país?

–No participamos, obviamente, en decisiones estratégicas de las compañías ni creemos que exista falta de seguridad jurídica en nuestro país. Sí realizamos propuestas, análisis e intervenciones antes nuestras Administraciones Públicas para mejorar la regulación y práctica de la contratación, que es una de nuestras líneas de actuación y que periódicamente resumimos en nuestros informes anuales de actividad.