¿Por qué hacen agua ahora las hipotecas?
Los problemas proceden de la etapa del «boom» inmobiliario en la que se llegaban a firmar hasta 1,3 millones escrituras cada año

En apenas un mes y medio, varios juzgados han anulado parte de las condiciones de las hipotecas , como la que establecía un tipo mínimo a pagar independientemente de la evolución de los intereses (las cláusulas suelo); unos gastos de formalización «unilaterales» (notaría y registro); y hasta la propia carga que se asignaba a un propietario que no podía resarcir toda la deuda acumulada aunque dejase su vivienda al banco. Este reguero de sentencias ha encendido las alarmas en el sector financiero, que ha visto cómo la justicia ha dado la vuelta al que consideraban «el mejor sistema hipotecario» del mundo.
La escritura hipotecaria siempre ha sido considerada como un documento casi sagrado sobre el que nadie ponía objeciones. Ahora, parece papel mojado a tenor de los conflictos que llegan a los magistrados. Actúan contra esos contratos «porque consideran que son abusivos por la ininteligibilidad que contienen y por la falta de negociación», explica Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III de Madrid.
Los problemas que ofrecen las hipotecas proceden de la etapa del 'boom' inmobiliario en la que se llegaban a firmar hasta 1,3 millones escrituras cada año, como ocurrió en 2007. «Toda la atención del usuario se centraba en negociar el diferencial, pero al mismo tiempo la entidad colocaba por la vía tangencial una serie de condiciones o productos que le interesaban», indica Juan Ignacio Sanz, profesor del departamento de Derecho de ESADE.
Los expertos sostienen que el germen del conflicto se encuentra en la forma de comercializar esos préstamos. «La banca nunca llegó a intuir que ese proceso fuera a considerarse abusivo, porque además mediaba un notario», afirma Sanz. «Los departamentos jurídicos del sector redactaban los contratos y pensaban que había garantía de legalidad», indica este profesor. Y ni el Banco de España, ni el Gobierno de turno, ni los propios fedatarios públicos alzaron la voz para advertir sobre las consecuencias de esos acuerdos.
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