Ayuso encuentra la llave para liberalizar el suelo en plena pandemia
Los promotores celebran que el Gobierno de Madrid haya apostado por la declaración responsable para sustituir a la tradicional licencia
Aunque la figura de la declaración responsable no es nueva, la recientemente aprobada modificación de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid ha dotado de relieve a esta fórmula, que tiene como principal objtetivo dar agilidad a determinadas actuaciones gracias a su empleo en detrimento de la clásica licencia. Adolfo Pérez, de LABE Abogados, expone que «la principal diferencia entre licencia y declaración responsable radica en el momento en el que el solicitante puede ejecutar la obra o actividad para la que solicita el permiso: mientras que con la licencia hay que esperar a la resolución formal que le autorice a ejecutar la obra o a iniciar la actividad, basta la cumplimentación y presentación de la declaración responsable para dar inicio a la actividad solicitada».
Desde la patronal promotora, han acogido de buen grado este cambio. Daniel Cuervo, secretario general de APCEspaña, admite que «supone seguridad jurídica, certidumbre, abaratamiento de los costes de producción que conllevará también el producto final y más recaudación para los ayuntamientos». En este sentido, la declaración responsable sustituye a la licencia de primera ocupación, lo cual, según Cuervo, «es una parte de la solución, puesto que resuelve los retrasos que se producen una vez el proyecto está acabado y pendiente de entregar a los clientes».
Los últimos datos de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España admiten que, entre enero y septiembre de 2020, han dejado de visarse 11.046 inmuebles de obra nueva en comparación con el mismo periodo del año pasado, un 14% menos. En un momento de crisis sanitaria en el que los visados de nuevos proyectos residenciales van a la baja, al igual que la mayoría de los indicadores del mercado, los expertos interpretan cualquier paso adelante en lo que respecta a trámites burocráticos como una buena noticia.
Sin cambios en residencial
No obstante, la ejecución de un nuevo desarrollo residencial sigue gestionándose igual, un aspecto que no ayuda al incremento de la oferta: «El mayor plazo de espera en las licencias urbanísticas lo sufrimos en la licencia de obras, que asciende a más de 12 meses de media», señala el portavoz de APCEspaña. En la misma línea se pronuncia Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), asegurando que «se ha llegado a dar la paradoja en innumerables ocasiones de que cuesta más informar de una licencia en tiempo que construir el edificio».
La carga administrativa que soportan los ayuntamientos siempre ha sido el principal escollo para que las obras fluyan. Sanz estima que «la declaración responsable, si va acompaña de la debida documentación técnica y avalada por un colegio profesional, puede suplir perfectamente el control administrativo», añadiendo que «si la Administración no puede poner más medios, lo que sí está a disposición y beneficio de los ciudadanos son las infraestructuras colegiales que dan garantías jurídicas para que esa tramitación se produzca».
Al mismo tiempo, el uso de la tecnología permitiría dotar a estos trámites de celeridad. Cuervo sostiene que «el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el de Madrid ya están utilizando una herramienta digital que permite a los técnicos hacer las verificaciones y comprobaciones de que los proyectos cumplen o no la normativa urbanística».
Sobre el peligro de que este modelo resulte poco fiable, Pérez matiza que « la declaración implica que todos los datos contenidos en ella son ciertos y veraces, y que el interesado cumple todos los requisitos legalmente exigidos para el ejercicio de la actividad».
La declaración responsable también sustituirá las licencias que antes se necesitaban para llevar a cabo algunas de las actuaciones más habituales en las comunidades de propietarios, como la supresión de barreras arquitectónicas o determinadas obras de conservación y mantenimiento. Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, admite que la norma «facilita la ejecución de las obras de forma inmediata, sin necesidad de esperar a la concesión de una licencia, pero deja en el aire su correcta ejecución ante una inspección futura».
Así, la autoridad competente podría decidir a posteriori que algo no se han hecho adecuadamente, lo que para Bajo genera incertidumbre y «deja al arbitrio de los técnicos municipales la ejecución correcta de la obra». Por ello, es esencial que se definan todos los procesos de actuación que aún están en el aire, «generando los criterios de inspección en tiempo y contenido que den seguridad jurídica a esta acción, no dejándolos a criterios interpretables», concluye Sanz.
Impulso a la rehabilitación
Otro de los cambios de la Ley de Suelo de la CAM es eliminar tanto el requisito de la licencia como de la declaración responsable cuando se trata de llevar a cabo obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica o de gas, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas. Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, valora positivamente este giro, «siempre y cuando todos los proyectos estén sujetos al cumplimiento de la normativa que le afecta».
Además, declara que esta modificación «ayudará a fomentar el empleo en el sector, pese a la complejidad del contexto 2021, y también contribuirá a desarrollar empleos en construcción cualificados, ya que en especial la rehabilitación requiere de oficios profesionalizados». Este claro impulso a la rehabilitación se une a la llegada de los fondos comunitarios, que supondrán el espaldarazo definitivo para este sector.
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