El Gobierno arranca casi 3.000 millones de euros extra a las empresas para pagar pensiones

De hecho, esa cifra de casi 3.000 millones de euros que se ingresarán en la 'hucha' de las pensiones se acerca a los más de 2.300 millones de euros que recaudará de más la Seguridad Social por la cotizaciones sociales de los sueldos a partir de los 50.000 euros anuales en 2023 tras la subida del 8,6% de la base máxima de cotización. Estos mismos sueldos también soportarán la nueva cuota de cotización del 0,6% por el mecanismo de equidad intergeneracional: de los 2.957 millones de euros que espera deposita el Gobierno en la 'hucha' de las pensiones casi 500 millones procederán de estos sueldos más altos.

Por lo que, entre la suma de ambos conceptos, las aportaciones a la Seguridad Social destinadas al pago de pensiones y otras prestaciones del sistema de las nóminas comprendidas entre la actual base máxima y la que se fija en Presupuestos para 2023 crecerá en 2.800 millones de euros solo el próximo año.

Más allá, este sería el impacto agregado para las arcas de la Seguridad Social de la nueva subida de bases máximas de cotización sumado al MEI. . A partir de enero, la base máxima de cotización se situará en casi 54.000 euros en 2023, es decir, 4.495,5 euros al mes (356,1 euros mensuales más que la base actual).

Según el tipo de cotización, que se mantendría inalterado según se desprende de las Cuentas aprobadas por el Gobierno, cada nómina a partir de los 50.000 euros pagaría más escalonadamente hasta llegar al nuevo límite. A partir de esos 54.000 euros, todos los sueldos abonarían casi 2.000 euros más al año en cotizaciones sociales (sumando la subida de la base del 0,6% y el 0,6% del MEI). De esta cuantía que pagarán de más a la Seguridad Social los 1,4 millones de trabajadores en este rango salarial, 1.615,8 euros los pagaría el empresario mientras que el trabajador soportaría 353 euros al año por ambas subidas de la cotización.

En este coste agregado ya se contabilizaría todos los conceptos que se deducen en la nómina de los trabajadores y que se pagan conjuntamente con el empresario (contingencias comunes, desempleo, formación profesional, Fogasa e incapacidad temporal) que llegan al entorno del 31,5% para el empleador y al 7% para el empleado, y a lo que se suma el 0,6% del MEI (del que un 0,5% lo pagará el empresario y el 0,1% restante el trabajador).

El rejonazo incluido en los Presupuestos no fue desvelado hasta minutos después de la presentación oficial de las cuentas públicas del próximo año y provocó indignación entre los empresarios. Ocho de cada diez euros que se pagarán de más a la Seguridad Social en cotizaciones de los sueldos más altos los abonará el empresario. La organización que dirige Antonio Garamendi consideró «inadmisible que el Gobierno haya decidido de forma unilateral y a espaldas del diálogo social» acometer esta subida, y recordó al Gobierno y al ministro Escrivá que en estos momentos «transcurren las negociaciones para nuevas reformas del sistema público de pensiones».

«Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social», dijo la CEOE.

Recordó que «las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación». Y que «este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica, y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico, siendo éstas las palancas que sustentan ese Estado del bienestar que se pretenden sostener con medidas tan exentas de rigor económico».

«Es absolutamente inadmisible, inaceptable e impresentable que el Gobierno haya decidido subir las bases máximas de cotización un 8,6%, que además sumado al incremento de cotizaciones que va a suponer el mecanismo de equidad intergeneracional supone una subida del 9%», apuntó en esta línea el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y se preguntó: «¿Dónde está el diálogo social del que presume el Gobierno?». Amor relató que el lunes se produjo una reunión con el Ministerio de Seguridad Social donde se trató este tema. «De forma incomprensible e impresentable, el Gobierno ocultó lo que 48 horas más tarde ha tomado determinación», aseguró el también vicepresidente de la CEOE.

A las críticas se unió la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme. También manifestó «su rechazo absoluto al fuerte incremento de las cotizaciones sociales aprobadas en los Presupuestos». La patronal dirigida por Gerardo Cuerva señaló que este incremento de cotizaciones se da «en un contexto de máxima incertidumbre y fuerte desaceleración económica» y advirtió de que «estas alzas afectan especialmente a las pequeñas y medidas empresas, cuyos costes laborales han registrado crecimientos en los últimos años superiores al 6% anual».

«Pedimos poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos 5 años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 40%, y las bases máximas cerca de un 20%», denuncia el comunicado emitido este viernes.

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Por otro lado, Cepyme considera que la indexación total y generalizada de las pensiones «no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema, especialmente en coyunturas como la actual de bajo crecimiento y alta inflación», apunta la organización recordando que tras la eliminación del factor de sostenibilidad, el único mecanismo de ajuste del sistema español de pensiones se traduce exclusivamente en el aumento de las cotizaciones.

«Por ello, y dada la situación actual, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa invita a hacer una nueva reflexión sobre la sostenibilidad del sistema, y evaluar los últimos cambios introducidos en la Ley General de la Seguridad Social a los efectos de garantizar su viabilidad», concluye.