Los economistas avisan de que España necesitará entre dos y tres años más para gastar los fondos UE
El Consejo General de Economistas pide cautela en la planificación para evitar que el Plan de Recuperación incremente la deuda pública
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El acuerdo firmado entre la Comisión Europea y el Gobierno de España prevé la ejecución de las inversiones asociadas a los más de 150.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia que le corresponden al país entre transferencias a fondo perdido y préstamos baratos antes del 31 de diciembre de 2026. Economistas españoles y portugueses han coincidido este jueves, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas de España, en señalar este plazo como excesivamente ambicioso y en instar a los gobiernos a solicitar a Bruselas más flexibilidad temporal para poder ejecutar el importante volumen de fondos públicos distribuidos en el marco de este plan europeo, el primero de estas características que se pone en marcha desde la fundación de la Unión Europea.
«Las previsiones iniciales eran excesivamente optimistas y nos vendría bien una extensión de los plazos de ejecución», ha asegurado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, que ha precisado que se necesitaría una prórroga de al menos dos años para garantizar una adecuada ejecución de los fondos «aunque incluso nos vendría bien un año más extra», ha dicho. El planteamiento exigiría llevar el horizonte final para consumir los 150.000 millones del Plan de Recuperación hasta finales de 2029, ocho años después de su puesta en marcha.
Nelson de Souza, ministro de Planificación del Gobierno portugués hasta hace unos meses, ha subrayado que los planes de recuperación de los países, incluido el de Portugal, se negociaron en unas condiciones determinadas, que luego se han visto alteradas por el encarecimiento de los precios o los estrangulamientos en las cadenas de suministros y que ese nuevo esquema requiere de una adaptación de los planes nacionales con cierta flexibilidad.
La evidencia de lo sucedido hasta la fecha atestigua que al menos en España los ambiciosos objetivos de ejecución de los fondos europeos diseñados al principio no se han podido cumplir. Para Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, esto no ha sido tanto un problema de mala ejecución de los planes sino de una excesiva ambición a la hora de diseñarlos. "Detrás de cada ayuda pública hay controles y ese control implica burocracia. Pensar que esto podía ir más rápido no era razonable", ha recalcado.
El escollo de la reforma de las pensiones
El juicio general de los economistas sobre el desarrollo de las inversiones del plan de recuperación español es que están yendo razonablemente bien. La mirada es algo más pesimista respecto al despliegue de las reformas estructurales que se supone tienen que acompañar a esas inversiones para multiplicar su impacto sobre la economía y cuyo retraso podría afectar incluso a la recepción de los fondos, como ya se ha encargado de advertir la Comisión Europea esta misma semana.
"Parecen observarse algunos problemas en cuanto a las reformas necesarias, ejecución, plazos, tipo de proyectos y gestión, que podrían afectar a la asignación de estos fondos europeos, como, por ejemplo, la plataforma Cofee que, por el momento, no está a pleno rendimiento, existiendo la posibilidad de generar problemas que la UE podría sancionar”, ha recalcado el director de Relaciones Internacionales del Consejo General de Economistas, José María Casado.
En el punto de mira, sobre todo, la reforma de las pensiones, que en la planificación acordada entre el Gobierno de España y Bruselas ya debería estar lista y aprobada antes de la finalización de 2022 y que cuando está a punto de consumirse el mes de febrero todavía está pendiente, con la negociación aparentemente estancada entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Para Ángel de la Fuente, no obstante, los problemas con esta reforma van más allá del cumplimiento o no de los plazos acordados con la Comisión Europea.
"Es preocupante porque la primera prioridad de la reforma de las pensiones debería ser la sostenibilidad del sistema y no solo no se está garantizando sino que va a experimentar un deterioro a medio plazo", ha advertido el economista de Fedea. Su opinión es ya conocida. Entiende, porque los datos proporcionados por el Gobierno así lo dicen también, que la primera parte de la reforma no sólo ha eliminado los mecanismos automáticos de control del gasto que se establecieron en la reforma de 2013 sino que va a disparar el gasto en una cuantía equiparable al 3,5% del PIB de aquí a 2050, lo que va a añadir nuevas tensiones a un sistema ya en números rojos.
Señala que el contexto dibujado con esa reforma amenaza con acaparar todos los nuevos recursos públicos que se generen hasta entonces, desguarneciendo otras prioridades relevantes de política económica como la sanidad o la dependencia. Tampoco confía en que la segunda parte de la reforma corrija ese desequilibrio. "Hay que considerar otras formas de contener el gasto y otras formas de generar ingresos", ha planteado, tras cuestionar el modelo propuesto por el Gobierno de cargar a las rentas medias-altas y altas el coste extra para generar nuevos ingresos al sistema de Seguridad Social, un esquema que ha calificado de "distorsionante".
Riesgo sobre la sostenibilidad financiera
El presidente de los economistas españoles, Valentí Pich, también mostró su preocupación por otro flanco del despliegue de los fondos europeos: el posible impacto sobre la deuda pública. España continúa en niveles récord de deuda pública pese a que la elevada inflación ha facilitado la rebaja del ratio de deuda sobre PIB hasta el 113%.
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Pich ha instado al Gobierno a ser cauto con la utilización de los 84.000 millones de euros en préstamos que tiene asignados España dentro del Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea para evitar el riesgo de sobreendeudamiento. “Aunque los fondos Next Generation EU son un importante paquete de ayuda para la recuperación económica, tienen un cierto riesgo de aumentar la deuda pública de España. Debe tenerse en cuenta que un total de 84.000 millones de euros se canalizarán a través de préstamos, importes que habrá que devolver en algún momento, lo que puede poner en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo de España si no se gestionan adecuadamente”, ha advertido.
