El Congreso avala la tramitación del gravamen a banca y energéticas entre críticas por su «inconsistencia jurídica»
Socios del Gobierno exigen cambios sustanciales en el texto para darle su respaldo definitivo y la oposición hablar de «engendro» y «cacicada»
Los gravámenes temporales al sector energético y de entidades de crédito promovidos desde el Gobierno pero planteados bajo la forma más que controvertida de proposición no de ley por los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos pasaron ayer el primer filtro para su tramitación parlamentaria tras superar con el apoyo mayoritario del Congreso la votación de toma en consideración del proyecto. Lo hicieron entre críticas. Por parte de los propios socios del Gobierno, algunos de los cuales exigieron cambios sustanciales en la norma para poder darle un respaldo definitivo; y por supuesto por parte de la oposición, desde la que se calificó la norma de «engendro jurídico», «cacicada», «márketing puro y duro» o «galimatías».
La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos fue al cabo tomada en consideración por el Congreso porque ayer se puso de manifiesto una mayoría que está de acuerdo con que bancos y energéticas sufraguen con sus beneficios extraordinarios las medidas que se están adoptando para paliar el impacto de la inflación y de la crisis energética sobre la población, pero ayer también afloro la percepción general de que se trata de una norma fruto de la improvisación, con una arquitectura jurídica débil y que corre el riesgo de ser derribada en los tribunales si no se mejora en el trámite parlamentario.
Las condiciones de los socios
Las apelaciones a la justicia social y al argumentario ya conocido del Gobierno de coalición respecto a que las compañías energéticas y las entidades financieras estarían engordando unos beneficios millonarios «a costa de sus clientes y de los consumidores», como denunció la diputada socialista Patricia Blanquer, no impidieron que parte de sus socios exigieran cambios en la redacción de la proposición.
PNV, Bildu y la diputada canaria Ana Oramas advirtieron de que no aprobarán la norma si esta no permite a las Haciendas Forales gestionar el gravamen, un punto que puede encontrar alguna dificultad en el hecho de que se haya configurado como una figura no tributaria. Bildu o BNG abogaron además por quitar el carácter temporal al gravamen y configurarlo como una imposición permanente a estos dos sectores.
El Partido Popular acusó al Gobierno de alumbrar un «engendro jurídico» con el único fin de continuar su ejercicio de persecución fiscal, que según sus cuentas ya ha dejado 20 nuevos impuestos y otras tantas subidas fiscales. Tanto los populares como Vox y Ciudadanos, aunque también PNV o Grupo Plural, manifestaron sus dudas respecto a la legalidad de la iniciativa tanto por tramitarse como proposición no de ley, «eludiendo los preceptivos controles democráticos», como por hacerse a través de una prestación patrimonial no tributaria, «cuando se trata de un impuesto».
La sombra de Bruselas
Los gravámenes a la banca y a las energéticas inician su andadura parlamentaria con una espada de Damocles que amenaza su aprobación final. En Bruselas se está negociando un paquete legislativo que pretende alumbrar más pronto que tarde una 'contribución de solidaridad' aplicable en toda la UE y de obligatorio cumplimiento.
El borrador de la norma plantea una figura muy diferente a la propuesta por los partidos de la coalición de gobierno de España y prevé su asunción obligatoria por parte de los países miembro. La amenaza sobrevoló ayer varias de las intervenciones de sus señorías e incluso condicionó la intervención de la diputada socialista, que admitió que la norma estará abierta a los cambios que vengan de Europa.
MÁS INFORMACIÓN
Y lo que viene de Europa es muy diferente a lo que plantea el Gobierno. Para empezar prevé gravar a gasistas y empresas de hidrocarburos, ni eléctricas ni banca; hacerlo por sus beneficios extraordinarios, no por sus ingresos totales; y solo por un año, no los dos que prevén PSOE y Podemos.
