La competencia de Correos se suma a la ofensiva judicial para frenar la tasa Amazon
La patronal Asempre recurre la aplicación del nuevo gravamen aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona que exime al operador postal público
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Las empresas postales que compiten con Correos se han sumado a la ofensiva judicial abierta por la patronal de la distribución logística, Uno, para tumbar la tasa Amazon instaurada desde este mes de marzo en Barcelona por la corporación de Ada Colau y que Podemos aspira a generalizar al menos en los ayuntamientos que gobierne a partir del próximo mes de mayo.
La patronal que agrupa a las cerca de 40 empresas que compiten en el mercado portal con el operador público ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitando, al igual que lo hiciera la patronal Uno, la suspensión cautelar del tributo municipal que aspira a gravar a las empresas de reparto a domicilio por el uso que realizan de la vía pública con una cuota de un 1,25% sobre sus ingresos brutos, según informan fuentes del sector postal.
Aunque el umbral de facturación de un millón de euros por ese tipo de servicios establecido en la regulación del Ayuntamiento de Barcelona deja fuera a una inmensa mayoría de sus asociados, el recurso de Asempre cuestiona la legalidad de la obligación que se impone a los operadores de incluir en la liquidación del impuesto información sobre los destinos finales de los envíos, aunque sea a meros efectos fiscales. La patronal de los operadores postales privados entiende que esa obligación es contraria al artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de todas las comunicaciones salvo en el caso de resolución judicial; y también el artículo 5 de la ley postal, que regula el secreto de las comunicaciones postales.
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También interpreta que se violenta el principio constitucional de no discriminación que consagra el artículo 14 de la Carta Magna, al reservar el pago de la tasa únicamente a la distribución de paquetes a domicilio, eximiendo el reparto de otro tipo de mercancías como alimentos o medicinas; al eximir a Correos de su pago, al menos en los servicios incluidos en el servicio postal universal, que incluye tanto cartas como paquetes de pequeño tamaño; y al plantear la exención del pago del impuesto de los envíos distribuidos desde un punto incluido en el registro oficial municipal de puntos de recogida o desde los llamados CDUM (Centro de Distribución Urbana de Mercancías) respecto al resto de potenciales puntos de recogida.
Una medida pionera
El Ayuntamiento de Barcelona continúa defendiendo los argumentos que le llevaron a poner en marcha una medida pionera en España: la pretendida protección del comercio de proximidad y la regulación del tráfico en el centro de la ciudad para evitar una saturación. El espacio público «es un bien escaso que necesita ser gravado», ha insistido una y otra vez la concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda de Barcelona, Montserrat Ballarín.
Según los datos que maneja el ayuntamiento, el importe a satisfacer por el conjunto de operadoras no podrá superar un límite fijado en 2,6 millones de euros. Los operadores postales, explica el ayuntamientoen alusión a Amazon, DHL, SEUR o UPS «al realizar entregas masivas a domicilios de la ciudad hacen un uso especial del dominio público, congestionan el espacio e incrementan la contaminación. Esto, además, genera un desequilibrio en la competencia con el comercio de proximidad». Estos argumentos son rechazados por UNO, que enarbola informes que aseguran que las entregas sistematizadas de paquetes a domicilio evitan miles de desplazamientos y reducen la huella ambiental.
