Celsa, gigante del acero con pies de barro

Formada por seis grupos empresariales, cuenta con 120 centros de trabajo, siete acerías, doce trenes de laminación y 45 plantas de reciclaje, dando trabajo a unas 30.000 personas entre empleos directos e indirectos. Se trata de un gigante del acero, pero ahora con los pies de barro. Su futuro se ventila desde hoy en el juzgado mercantil número dos de Barcelona. Con la pesada carga de una deuda en torno a los 2.800 millones, los acreedores -Deustche Bank, Goldman Sachs, SVP... entre otros- exigen ahora sacar adelante un plan de reestructuración que, en la práctica, y a cambio de una quita de 1.300 millones, les permitiría hacerse con la propiedad de la compañía, ahora en manos de la familia Rubiralta.

El litigio es de una gran complejidad técnica, con aspectos clave en discusión, quizás el más relevante, la valoración actual de la compañía, sobre todo después de un ejercicio de 2022 con ventas récord de 6.084 millones y un resultado bruto por encima de los 850 millones. El experto independiente valoró en su último informe la compañía en 2.800 millones, muy por debajo de lo que consideran sus actuales propietarios.

En el aire, también, la ayuda concedida por la SEPI de 550 millones atendiendo la consideración estratégica de la firma, una cantidad ahora bloqueada a la espera de que se produzca un acuerdo entre los accionistas y los acreedores. Y de fondo, incluso, la posibilidad de que el Gobierno decidiese activar el escudo 'antiopas' atentiendo precisamente la consideración estratégica de la firma.

Frente a la posición de los acreedores, la propuesta de la familia Rubiralta pasa por un plan alternativo, que si bien implicaba ceder el 49% de la propiedad, les permitiría mantener el control, activando las ayudas del SEPI y sin descartar la posibilidad de dar entrada a un inversor industrial de carácter amigable.

La propiedad, y el futuro de Celsa, pasan pues por que se homologue o no el plan presentado por los acreedores, una decisión ahora en manos del juzgado mercantil número dos de Barcelona, que desde hoy y hasta el día 11 celebra las vistas sobre el caso. Hoy, en la primera jornada, los abogados de los actuales accionistas se han empeñado en sembrar dudas sobre el compromiso de los acreedores con el futuro industrial de la compañía, empezando por los empleos, apuntando incluso a la posibilidad de que los nuevos propietarios decidan marchar al día siguiente de hacerse con el control. «¿Sabe cuál es el volumen anual de producción del grupo?», ha preguntado en varias ocasiones al letrado a los representantes de los fondos tratando de sembrar dudas sobre el futuro de la firma si cae en manos de estos. Los testigos aportados por los accionistas de Celsa han alertado por su parte del riesgo de que se «trocee» la compañía.

Por contra, los representantes de los fondos han asegurado que no cuestionan el futuro de la compañía, sino sus propietarios. De hecho, han dicho que buscan ya un consejo alternativo.

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En este mismo escenario, los abogados de Celsa han recordado por ejemplo la reciente devolución al Gobierno británico de los 35 millones de euros que les fueron concedidos en concepto de ayudas, como muestra de la capacidad del grupo de afrontar sus compromisos. De igual modo, han esgrimido el conjunto de apoyo de instituciones y agentes sociales -gobiernos catalán, vasco y cántabro, los sindicatos y Fomento del Trabajo- en favor de la firma. «El Govern ha manifestado su implicación en defender Celsa ante cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial y en detrimento de toda la cadena de valor, proveedores y de sus trabajadores», según afirmó la Generalitat en un comunicado.