El campo exige «con urgencia» las ayudas concretas para la sequía

Según anunció este martes Gobierno, está previsto establecer una reducción general del rendimiento neto del 25%, que podrán aplicarse los cerca de 800.000 de estos trabajadores que tributan por el sistema de módulos. Al mismo tiempo, determinados sectores en situación «más vulnerable», en palabras del Ministerio de Agricultura, se beneficiarán de reducciones específicas, del 50% en el caso del olivar, el almendro y la apicultura, y del 30% para cereales, oleaginosas y leguminosas, así como el castaño, melocotón, nectarina, albaricoque y los demás sectores ganaderos.

El campo, no obstante, insiste: espera «desde hace días» las conclusiones de la mesa de la sequía, y con ellas un paquete de ayudas específico. «Nos parece positiva esta rebaja fiscal, porque todos en 2022 hemos pasado una situación de dificultad, no solo por la climatología sino por la guerra de Ucrania, pero no atiende a la realidad que estamos padeciendo en 2023, que es sin duda mucho más difícil», cuenta Andrés Góngora, el responsable de Fiscalidad Ejecutiva de COAG.

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Los regantes apuntan en una dirección parecida: «La valoración de la reducción de la tributación es positiva, pero ahora lo que necesitamos es otro real decreto ley que, como ha pasado en otros periodos de sequía, apruebe la exención de los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua, ya que muchas de las comunidades se han quedado sin ella. Es una atención que deberían tener con nosotros los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda», explica el secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Juan Valero de Palma, en conversación con ABC. También ayer presentaron su balance de la situación de sequía, que calificaron de «muy complicada».

Según sus datos, los cultivos de secano de la mitad sur peninsular «ya están perdidos, sin prácticamente cosecha», mientras que los de regadío hay cuencas como la del Guadalquivir, por ejemplo, con una dotación de 700 m3/ha que «solo da para regar poco más de una de cada diez hectáreas y lleva al sector a una ruina completa», apuntan sus previsiones. Los regantes vaticinan que daños económicos por las restricciones se elevarán en Andalucía a más de 3.000 millones de euros en la campaña de riego.

Sobre el prometido paquete de medidas para paliar los efectos que este año está teniendo la sequía el Gobierno pide tiempo. La discusión sobre qué ayudas se aprueban y cuándo se encuentra entre tres ministerios (Transición Ecológica, Agricultura y Hacienda), por lo que no se prevé que se resuelva de forma inmediata.

«Las medidas específicas están en proceso, pero llevan su procedimiento», comentan desde el equipo que dirige Luis Planas. De momento, Agricultura ha enviado una carta a Bruselas para pedirle la activación de reserva de crisis de la PAC ante la situación de sequía, para que los agricultores españoles «no vean en riesgo su acceso a las ayudas». «La circunstancia es excepcional, muy superior a la que nos encontramos la semana pasada», adelantaba Planas. De momento, no hay luz verde. «Esperamos tener pronto una respuesta por parte de la Comisión Europea. Estoy seguro de que otros países como Portugal se van a unir a esta iniciativa», aseguró este martes el ministro.