El reparto de los fondos y el fantasma del Plan E
El argumento con el que el Gobierno intenta frenar las críticas a la gestión de las ayudas: «deterioran la imagen de España», no justifica su distribución arbitraria, ni la ausencia de un control independiente sobre su ejecución
Los fondos europeos vuelven a ser estos días noticia y no por su positivo impacto en la economía, o por la multitud de proyectos innovadores que se han presentado para obtener financiación, sino por la polémica política desatada por las denuncias del PP nacional o de los dirigentes autonómicos populares sobre su reparto arbitrario por parte del Gobierno.
Desde el Ejecutivo se quejan, y no sin cierta razón, de los riesgos que tiene para nuestro país el lanzar sombras de dudas sobre el uso de los fondos. Si a Europa y a los europeos llega el mensaje de que estamos utilizando el dinero de los impuestos de todos sin control y para proyectos que no responden a los objetivos definidos, se dará la razón a aquellos países que desde un primer momento fueron reticentes con las ayudas a los países del sur, con las emisiones de deuda conjunta... lo que es muy peligroso porque la UE puede cortarnos el grifo de los fondos actuales y provocar un grave perjuicio no solo al Gobierno, sino a las autonomías, a los ayuntamientos, a la economía española y al conjunto de la ciudadanía.
Hasta desde Vox se recomendó el pasado viernes al presidente del PP, Pablo Casado, que tenga «cuidado» de «no exagerar las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en el extranjero porque eso puede acabar deteriorando la imagen del conjunto de España». Si bien es cierto que a Vox no le interesa criticar el control de los fondos, porque fue gracias a su apoyo parlamentario que el PSOE consiguió sacar adelante el decreto ley de gestión de los fondos.
Este argumento de no estropear la imagen exterior de España, al que se agarra el Gobierno para intentar tapar la boca –con poco éxito, por cierto– al PP, no justifica un reparto arbitrario de los fondos, ni el desvío de los mismos hacia usos que nada tienen que ver con los objetivos diseñados por Europa. Y este, el mal uso de los fondos, es precisamente uno de los riesgos que más temen los economistas y las instituciones de dentro y fuera de nuestras fronteras. Si malgastamos las ayudas para asuntos improductivos, como estamos viendo en algunos caso, daremos un impulso momentáneo a la economía y nada más. Y lo que necesitamos es poner las bases para garantizar un crecimiento futuro más limpio y sostenible.
Lo cierto es que el Gobierno español, a diferencia de otros ejecutivos europeos, como el italiano o el portugués, han dejado en manos políticas –fundamentalmente las suyas, con la creación de una comisión interministerial– el control sobre el reparto de los fondos, y sobre la ejecución, sembrando así un mar de dudas y dando pie a la crítica de la oposición. Además, en España tenemos malas experiencias con los planes de impulso a la economía. El Plan E que lanzó el Gobierno de Zapatero en 2010, con 13.000 millones de euros de inversión pública, tuvo un escaso resultado en PIBy empleo. Según un análisis del Banco de España, publicado una década después, por cada millón de euros invertidos apenas se crearon seis empleos. La mayoría fueron proyectos improvisados: asfaltar calles, cambiar pavimentos, hacer polideportivos, jardines... Había que gastarse el dinero rápidamente. Y se gastó, y los empleos temporales que se crearon se destruyeron, y todos tuvimos la sensación de que se había malgastado un dinero que luego tuvimos que pagar con subidas de impuestos y recortes sociales. El temor a que la historia se repita sigue ahí. No se trata de gastar rápido, sino de gastar bien.
Quizás todavía no es tarde para recurrir a entidades independientes que controlen al menos la ejecución de los fondos, y eliminar así las suspicacias.
El elevado coste de los empleos generados
Cada puesto de trabajo generado en España por el Plan E de Zapatero costó 160.000 euros, según un informe que realizó el BdE una década después de su aprobación. El programa de recuperación de Obama generó hasta 3,8 empleos cada 10.000 dólares invertidos. Algo hicimos mal en España.
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