España se la juega con sus planes para el turismo
No se entiende que el Gobierno, lejos de intentar mitigar al máximo el impacto de la crisis en el sector, facilitando la vuelta de los visitantes, haga exactamente lo contrario
El turismo es, sin duda, uno de los principales motores de la economía española. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector aporta más del 12% a la Producción Nacional y da empleo, o la daba antes de la crisis del Covid, a 2,6 millones de personas, generando un 12,7% del empleo total. Con estas cifras, es entendible que nuestra economía vaya a ser una de las más castigadas por una pandemia que ha frenado en seco los viajes y el turismo mundial. Lo que no se entiende tanto es que el Gobierno, lejos de intentar mitigar al máximo el impacto de a crisis en el sector, facilitando la vuelta de los visitantes, haga exactamente lo contrario, ponérselo más difícil que el resto de nuestros socios europeos y nuestros principales competidores como destinos turísticos.
Mientras esta semana la Comisión Europea recomendaba que los países de la Unión abrir sus fronteras interiores desde mañana lunes, en España insistimos en mantenerlas cerradas hasta al menos el 1 de julio. Y ni siquiera entonces tenemos claro las condiciones en las que se abrirá. Y está bien intentar proteger a la población española y a los propios turistas que vienen de posibles contagios, pero hay fórmulas con bastante menos coste para nuestra economía que mantener cerradas nuestras fronteras o dar una fecha de apertura, para después corregirla. Sin ir más lejos, la propuesta del gobierno canario de exigir hacer test, o que vengan con ellos hechos, a los turistas que entren en nuestro país me parece muy acertada para proteger a todos, a los que vienen y a los que estamos aquí. De hecho, yo defendería que se volvieran a hacer los test cuando volvieran o volviéramos a nuestras residencias habituales, para poder tomar las oportunas precauciones en caso de haber resultado infectados.
El debate que se plantea sobre quién asume el coste de la prueba es, en mi opinión, una nimiedad si se compara con el coste que lleva aparejado la caída masiva de la llegada de turistas. Cualquier turista, entre los que me incluyo, preferiría pagar un test PCR antes que guardar una cuarentena, como la que se exige en España hasta el próximo día 21. Además, siempre se pueden plantear fórmulas para repartir el coste entre los turistas, los empresarios del sector, e incluso la administración, ya que los beneficios que se obtendrían superarían con creces la inversión en test.
El problema, probablemente, viene de que el Gobierno, o al menos una parte del mismo, no es consciente de la magnitud del socavón que se está produciendo en nuestra economía y le pueden sus prejuicios ideológicos. Y me refiero, sin duda, a los ministros de Podemos . No pueden ocultar la fobia que le tienen al empresariado y al sector privado, y no son conscientes de que sin su empuje, todo ese escudo social que tanto defienden es insostenible. Y solo tienen que mirar el espejo de los países que aplican las recetas que ellos defienden: Venezuela , Cuba ...
No quedan tan lejos la declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón , que calificó el sector turístico español de «estacional, precario y de escaso valor añadido» provocando una fuerte ola de protestas en el sector... ¡Qué distintas a las palabras que escuchamos el pasado jueves a Felipe VI !: «España es un destino turístico seguro y de calidad, de primer orden, con gran diversidad de atractivos y, además, enormemente competitivo», dijo. Es la diferencia entre quien conoce y defiende los intereses de España y quien no ha asumido que es un ministro del Gobierno español. Solo confío en que el Ejecutivo, si no da ayudas millonarias al sector, como sí hacen otros países, al menos deje de ponerle zancadillas.
