El vigor de la crisis fuerza al Gobierno a renunciar al blindaje del empleo

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que los ERTE dejan de estar vinculados al estado de alarma y se amplían hasta el 30 de junio . Su aprobación supone un alto en un duro camino, tras dos meses de pandemia en los que la regulación ha sido muy agresiva para la empresa y la que, decreto a decreto, ha ido haciendo mella en la confianza empresarial.

En el centro de las conversaciones han estado -y seguirán estando- los ERTE. Lo que comenzó como un buen instrumento, que prometía ser el colchón para el empleo con el que España no había contado en anteriores crisis, fue endureciéndose a base de cláusulas conforme la crisis se enquistaba. Su primera regulación contentó tanto a empresarios como al Gobierno que, por entonces, esperaban un «shock» menos extenso en el tiempo y una vuelta a la actividad mucho más vigorosa. La obligación de mantener el empleo durante seis meses ya se incluyó en ese momento y aunque ya se antojaba un problema y disgustó a la CEOE, no lo era aún de la magnitud que ha llegado a alcanzar.

Cada semana la crisis se agravaba a velocidad de vértigo y lo que en un principio parecía una simple invasión de la libertad empresarial se convirtió pronto en una imposición que podía condenar al cierre a muchos negocios perfectamente viables. Porque turismo, hostelería, restauración y ocio tardarán en volver a la normalidad y cuando lo hagan lo harán con un nivel de actividad mucho más bajo. « La cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses se hace cada día más difícil de cumplir », dicen fuentes empresariales.

Los decretos posteriores, sin embargo, endurecieron más la relación laboral «cuando la que se necesitaba era lo contrario», se lamentan las mismas fuentes. La prohibición de despedir y el permiso retribuido recuperable tensionaron al máximo la relación entre la patronal y el Ejecutivo.

La negociación llegó al punto álgido hace dos semanas. La necesidad de desvincular los ERTE del estado de alarma y de acoplar sus condiciones a un retorno de la actividad más progresivo y lento de lo inicialmente previsto era inaplazable. El Gobierno presentó un documento que la CEOE consideró «inaceptable». Era fin de semana y la patronal consiguió que el ejecutivo no lo llevara al Consejo de Ministros del martes posterior con el incentivo de conseguir un documento que contara con el aval de los agentes sociales.

Durante la semana, el Ejecutivo amoldó su postura y la propuesta «se mejoró sustancialmente» , en opinión de los empresarios. Aún así, la ejecutiva de CEOE se convirtió en un polvorín, con muchas voces críticas ante los avances de una negociación muy compleja. Muchos pensaban que se debía haber exigido más. Otros, optaron por amarrar el pacto y ganar tiempo para seguir negociando una desescalada absolutamente fundamental para el futuro del país.

El texto que salió ayer del Consejo se acopla a las peticiones empresariales, aunque mantiene una exigencia de los sindicatos: nadie podrá acogerse a un ERTE de fuerza mayor si hay dividendos de por medio o paraísos fiscales. El decreto incluye varias vías de flexibilización del compromiso de las empresas de mantener las plantillas seis meses tras finalizar el ERTE. Una de ellas es que se tendrán en cuenta « las especificidades de empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo », además de limitar el despido en empresas que presenten riesgo de quiebra. Esto, junto al reconocimiento de que la finalización de contratos temporales cuya causa termine en esos seis meses no se contabilizará como aminoración de plantilla.

Ambas opciones abren la puerta a despidos a partir del verano en unos casos y en noviembre en otros. Esto se producirá porque el periodo para contabilizar los seis meses del compromiso se inician desde la incorporación del primer trabajador de un ERTE parcial a su puesto. Si esto ocurriera por ejemplo a finales de esta semana, la empresa quedaría libre para despedir desde mediados de noviembre. Junto a ello, el 30 de junio -no el 31 de diciembre como estaba previsto- se levantará la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas justificadas por el coronavirus. Los mismos plazos se aplicarán a las suspensiones de los contratos temporales incluidos en un ERTE .

A partir de ahora será clave evitar que la vuelta a la actividad no venga acompañada de una oleada de demandas que vuelvan a judicializar las relaciones laborales . Muchos empresarios, sin embargo, consideran que esta situación va a ser inevitable porque muchas empresas, sobre todo pequeñas, solicitaron los ERTE como una salida de emergencia.