Luz verde al ingreso mínimo vital que apenas cubrirá la pobreza por el Covid

Se podrá pedir desde el 15 de junio y la Seguridad Social empezará a pagar en julio, aunque tiene 3 meses para tramitar las solicitudes . Para poder acceder a la prestación se establecen dos condiciones: tener un nivel de ingresos por debajo del que establece el IMV y no exceder un determinado nivel de patrimonio -de entre 16.614 euros hasta un máximo de 43.100 euros-, del que se excluye la vivienda habitual. Cómo atender a los casos de pobreza sobrevenida por el Covid sigue siendo el reto. Según explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , el trámite consistirá en hacer una declaración responsable a Hacienda asegurando que los ingresos del núcleo familiar han caído en más del 50% y además tener un patrimonio «particularmente pequeño». A posteriori se hará una regularización y se ajustará la cantidad.

Sin embargo, los expertos aseguran que la dimensión de la crisis es tal, que los 3.000 millones se quedan cortos. Los técnicos de Hacienda (Gestha) calculaban ayer que calculan que acabar con la pobreza extrema en España costarí a 6.405 millones de euros . El subdirector de Fedea José Ignacio Conde Ruiz, apuntaba también en esta dirección: «Creo que es muy probable que este IMV sea insuficiente para luchar contra la pobreza asociada al Covid 19. En este sentido, cobra aún más importancia una buena negociación con las comunidades », explica a ABC, señalando que en su opinión hubiera sido preferible «un IMV de carácter temporal que sirviera de puente».

Quizá conscientes de ello, fuentes del Gobierno apuntan que en los casos de peticiones para recibir la renta cuyos ingresos de 2019 rebasen los umbrales fijados, se pedirá información de salarios u otros rendimientos de 2020 para comprobar que efectivamente ha habido una caída de lo que perciben los que reclamen esta ayuda.

«Hubiera preferido algo transitorio para dar respuesta a la crisis. Quizá hubiera sido mejor un impuesto negativo . Porque una medida así deberá revisarse constantemente para asegurar que va a los más necesitados y que fomenta su inclusión laboral», dice el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

La Airef evaluará la medida. Desde el punto de vista técnico, la prestación incorpora aspectos novedosos con respecto a otras rentas de inserción ya existentes, ya que será compatible con otras ayudas y rentas del trabajo. Esto será así mientras no se supere el umbral establecido y busca ampliar la cobertura de la prestación a las personas y hogares con bajos ingresos y empleos temporales. La compatibilidad con el empleo busca evitar las llamadas «trampas de la pobreza» que se producen cuando las prestaciones sociales son incompatibles con el empleo y que obligan a las personas a elegir entre un trabajo y la prestación, lo que además incentiva la economía sumergida.

Su cuantía podrá ser complementada por las rentas de inserción de las regiones. Este es otro de los puntos que más polémica ha generado y, de hecho, se antoja como uno de los focos más problemáticos en el futuro. El Gobierno ha concedido la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra , pero se ha negado a hacer lo mismo con el resto de autonomías, para las que solo ofrece «convenios de colaboración».

Otro punto candente es si la prestación puede alimentar la economía sumergida. Fuentes del Gobierno confían en que ayude a aflorar buena parte de ella , ya que los que reciban la ayuda estarán obligados a hacer la declaración de la Renta, siendo un colectivo que no suele registrar sus ingresos. Si la Seguridad Social o la Agencia Tributaria encuentran fraude, perderán la ayuda y se enfrentarán a sanciones.