Una verdadera segunda oportunidad
«Si bien se ha avanzado mucho en fomento del emprendimiento, lo cierto es que se enseña a emprender y no a cómo fracasar»
Cuando se habla de emprendimiento no se subraya lo suficiente el hecho de que emprender no es garantía de éxito. Incluso, suele no funcionar a la primera. Ello no sería un problema si, culturalmente y desde las instituciones, se entendiese el fracaso no como algo negativo sino como parte del ciclo de vida de un emprendedor y, sobre todo, como aprendizaje necesario para conseguir dicho éxito en el siguiente o siguientes intentos.
El problema es que, en España , y en gran parte de Europa, la aversión al riesgo y la estigmatización del fracaso están muy imbricadas en nuestro imaginario social. Y si bien se ha avanzado mucho en las políticas de fomento del emprendimiento, lo cierto es que se enseña a emprender y no a cómo fracasar.
No saber cuándo y cómo cerrar un negocio o cesar una actividad no solo conlleva consecuencias terribles en pérdida de talento emprendedor con experiencia, sino que condena al emprendedor, cuando es autónomo, a prácticamente la indigencia. Lo cual es un verdadero drama social. Los autónomos persona física responden con su patrimonio personal y sus rentas presentes y futuras a las deudas que hayan podido generarse debido al fracaso de sus negocios.
La Ley de Segunda Oportunidad pretendía dar respuesta a esta situación, pero más allá de agilizar el procedimiento concursal y priorizar los acuerdos extrajudiciales, ésta se ha revelado ineficaz para ofrecer una verdadera segunda oportunidad a aquellos que, por el riesgo que asumen, más la necesitan: los autónomos.
En concreto, la Ley parece tener de segunda oportunidad solo el título. Y ello, básicamente por tres motivos. El primero porque no incluye los créditos públicos. Es decir, las deudas con Seguridad Social y Hacienda , cuyo principal de la deuda más los recargos y sanciones son los que realmente hunden a los autónomos. Ello les deja sin ninguna posibilidad en el futuro de reemprender, incluso en muchos casos de acceder a su pensión cuando tienen derecho a ella, lo que podría servir para ir amortizando la deuda manteniendo un mínimo vital.
En segundo lugar, es que muchas veces el procedimiento se alarga y tiene costes exorbitados para alguien que ya está quiebra. La Ley no contempla esquemas de justicia gratuita para aquellas personas físicas con actividad económica. Es decir, que muchas veces «sale más caro el collar que el perro».
Y en tercer y último lugar, no existe ninguna referencia en la Ley a que dichos emprendedores y autónomos tengan acceso a un programa de políticas activas, y un itinerario de ayuda y reciclaje para volver a emprender o reinsertarse en el mercado de trabajo. Con lo cual los esquemas de segunda oportunidad brillan por su ausencia en la norma.
Eso ha provocado que los autónomos que se acogen a la Ley sean muy pocos, y que se den mayoritariamente «los cierres de persiana en falso», con lo que eso conlleva tanto para el propio emprendedor como para sus acreedores.
Pero hay esperanza. El pasado 2 de julio el Supremo sentenciaba que los créditos públicos debían ser incluidos en la Ley de Segunda Oportunidad. El fallo otorga la capacidad a los tribunales de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70% de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, en algunos casos, y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionado de los pagos del resto de la deuda.
Por otro lado, a principios de este año, se aprobó la Directiva Europea sobre esquemas de reestructuración preventiva, insolvencia y segunda oportunidad, en la cual se establece como obligatorio que las administraciones públicas ofrezcan servicios de prevención de quiebra, que se han denominado en Europa como «early warning» (alerta temprana). Servicios de diagnóstico y prevención, ya en marcha en la Comunidad de Madrid, por parte de ATA y el Gobierno de la región desde hace tres años como proyecto piloto, que ya ha atendido a cerca de 1.000 autónomos y empresarios.
Lo triste es que, pese a que desde ATA llevamos años reivindicando dichos cambios, han tenido que llegar el Supremo y la propia UE para forzar a que se ofrezca una verdadera segunda oportunidad. Solo esperamos celeridad en la reforma de Ley para cumplir tanto con la sentencia como con la Directiva. Solo así el fracaso dejará de ser el fin y podrá ser el principio.
Celia Ferrero es vicepresidenta ejecutiva de ATA
