El BCE urge a bancos y gobiernos a reducir ya los créditos tóxicos
El supervisor quiere elevar al 100% y acelerar desde enero las provisiones para los nuevos préstamos dudosos
El Banco Central Europeo (BCE) sigue preocupado por el alto nivel de morosidad que aún arrastran las entidades de algunos países, pues entorpece la rentabilidad del sector, la concesión de crédito y el crecimiento económico. El asunto no solo es ahora mismo su prioridad supervisora, sino que en 2018 se desplegará una batería de medidas destinadas a atajar el problema de raíz, obligando a los bancos a tomar medidas para soltar lastre y a los gobiernos nacionales y a la Comisión Europea a aprobar nuevas leyes y normas que faciliten la limpieza de los balances de las entidades financieras.
El análisis que hacen tanto el BCE como su Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) es el mismo: aunque la calidad de los balances ha mejorado en los últimos años, esa reducción se está haciendo a un ritmo muy lento y hay países donde todavía persisten elevados volúmenes de activos tóxicos y ratios de morosidad.
Según los datos de la EBA, el conjunto de la banca europea arrastra aún 918.300 millones de euros en créditos impagados, el 4,5% del total. En países como Grecia y Chipre suponen casi la mitad de la cartera de préstamos (ver gráfico), y continúa por encima del 10% en otros, entre ellos Italia, una de las grandes preocupaciones a nivel comunitario. En España, aunque el volumen es de 127.300 millones, supone el 5,4%
«Tanto el BCE como la EBA han ido incrementando sus advertencias sobre las reservas de créditos dudosos» , señalan los analistas de Commerzbank. «Ni Cataluña ni las fusiones, este es el asunto recurrente en las reuniones con el supervisor», explica un directivo bancario español, quien admite que esta materia ocupó un lugar importante en la reunión que mantuvieron el pasado mes los principales banqueros del país con la presidenta del MUS, Danièle Nouy, en Madrid.
Es más, Nouy manifestó durante su visita la preocupación del instituto emisor por que los bancos de la Eurozona estén tratando de esquivar la regulación del sector utilizando las lagunas legales para beneficio individual poniendo en riesgo la estabilidad de la economía en su conjunto, aunque no dió nombres.
Este año el supervisor único ha exigido a las entidades de la Eurozona con mayores niveles de morosidad que presenten planes concretos de reducción de sus activos improductivos, fijando objetivos concretos en cuantía y plazos, y ha avisado de que los seguirá monitorizando de cerca.
«Muchos bancos han hecho progresos significativos y remitido estrategias creíbles. Otros, sin embargo, necesitan mejorar», resumía el BCE en un comunicado sobre la guía con recomendaciones para abordar este problema que lanzó a consulta pública el pasado día 4 y hasta el 8 de diciembre.
Una de las grandes novedades de esa guía es una exigencia de mayores provisiones que el BCE quiere aplicar desde el próximo 1 de enero. El organismo dirigido por Nouy quiere que los bancos tengan que cubrir el 100% de los créditos que se clasifiquen como morosos a partir de 2018, dando siete años para hacerlo en caso de las hipotecas y otros préstamos con garantía y dos en aquellos créditos sin garantía, básicamente al consumo. Los analistas consultados consideran incluso que la norma, con el tiempo, se extenderá también a la cartera ya en mora.
El BCE busca así desincentivar que los bancos oculten pérdidas en sus balances. En la práctica se anularían las ratios de cobertura ahora consideradas idóneas –de media, el 50% del riesgo–, y se pasaría a una provisión del 100% de la exposición. La medida, según la agencia de «rating» Moody’s, afectaría sobre todo a Italia, con unos elevados volúmenes de créditos tóxicos sin provisionar, pero también a Portugal e Irlanda.
De hecho, la propuesta ha puesto en pie de guerra a la industria bancaria italiana , que ha encontrado respaldo en su Gobierno, pues se vería obligado a acometer su aplazada reforma del sector. En este sentido, el ministro de Economía y Finanzas del país, Pier Carlo Padoan, está dando la batalla en Bruselas para tratar de suavizar la norma.
El supervisor considera que tanto la Comisión Europea como los gobiernos nacionales pueden hacer más por acelerar la enajenación de esos créditos de dudoso cobro. Por ejemplo, y entre otras cosas, pretende que los países reformen sus marcos legales de insolvencias para favorecer esa tarea.
Bruselas ha recogido el guante y el pasado miércoles presentó un documento de trabajo de cara a elaborar y aprobar en la primavera de 2018 un exhaustivo plan de medidas para reducir ese elevado volumen de créditos improductivos , tal y como se comprometió el Ecofin el pasado mes de julio.
«Aunque llevamos tiempo trabajando en ello, ahora ha llegado el momento de acelerar los esfuerzos», admitía el Ejecutivo comunitario al presentar el plan. Entre las medidas que planteará Bruselas a los Estados miembros será la de potenciar la creación de bancos malos nacionales, al considerar que en países como España han demostrado ser efectivos. Ahora bien, esto supone rechazar la idea de la EBA de crear un banco malo europeo único.
La otra gran medida que propondrá será potenciar los mercados secundarios para la venta de esos activos tóxicos, ahora copados por un reducido grupo de grandes fondos, potenciando productos como titulizaciones y creando una suerte de plataforma conjunta para dar transparencia sobre esos activos y más información, en una especie de ventanilla única.
