El Tribunal de Cuentas reclama al Gobierno que acorte su plazo de actuación
El pleno del organismo acaba de aprobar la «Declaración sobre la Cuenta General del Estado» del año 2016
El pleno del Tribunal de Cuentas acaba de aprobar la llamada «declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2016» en la que se consolidan las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal y, además de requerir a las mismas que se subsanen las salvedades y deficiencias detectadas, el organismo hace un llamamiento al Gobierno para que se reduzcan sus plazos de actuación .
Este reclamo es precisamente uno de los puntos débiles del Tribunal, que ve cómo su poder fiscalizador se debilita debido a los largos plazos de actuación a los que se ve sometido. Según denuncia el organismo en la nota de prensa, el objetivo es que el Gobierno modifique la normativa para poder actuar durante el año posterior y no con dos plazos de margen como ocurre actualmente.
Así, según el documento publicado hoy, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se «modifique la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, para que el Tribunal pueda emitir la Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera».
De esta forma, también se lograría «dotar a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio, como ha propuesto el Tribunal en la Moción correspondiente aprobada por el Pleno el 21 de diciembre de 2017», concluye el Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda.
El objetivo del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado es determinar si ha sido elaborada «de conformidad con lo previsto en las normas presupuestarias y contables aplicables a la misma, en particular a las normas de consolidación del sector público, presentando fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo y los resultados del ejercicio del grupo de entidades que han de integrarse en ella, así como la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo, y evaluando si la información de la memoria consolidada contribuye a la consecución de estos objetivos».
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