El Tribunal de Cuentas reclama a 391 gestores públicos 63 millones de euros
Las autonomías suman la mayor parte de los expedientes de devolución, 160 por valor de 49,9 millones
Una de las competencias del Tribunal de Cuentas es exigir responsabilidades económicas a aquellas personas que gestionando fondos públicos hayan causado un quebranto a la Administración. En este contexto, el órgano fiscalizador ha reclamado a un total de 391 gestores de entes públicos que devuelvan al Estado 63,063 millones de euros por la mala gestión que hicieron durante 2015. Así se desvela en el balance de la institución en su Sección de Enjuiciamiento, actividad que fue la responsable de destapar entramados de corrupción urbanística como el caso Malaya.
En concreto, de los 391 procedimientos iniciados, la mayor parte de las reclamaciones recaen sobre gestores del sector público autonómico, con 160 casos detectados y 49,939 millones de euros exigidos. A continuación, las administraciones locales, con 134 expedientes abiertos y un total de 11,629 millones . Y por último el sector público estatal, con 97 procedimientos iniciados y reclamaciones por un total de 1,493 millones de euros.
El balance de la actividad realizada durante 2015 por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal arroja un fuerte aumento en los procedimientos de reintegro con respecto al año 2014. Los citados 63 millones que resultan de la tramitación de los distintos procesos de responsabilidad contable cuadruplican los 14,7 millones que fueron liquidados en 2014 . El número de expedientes se mantiene, sin embargo, más estable: en 2014 se levantaron 300 procedimientos frente a los 391 de 2015.
En 2013, esas reclamaciones ascendían a 16,873 millones de euros, y las actas de liquidación levantadas en 2012 sumaban un total de 31,482 millones, la mitad que en 2015. Junto con la labor de fiscalización, y aunque no es una de sus tareas más conocidas, el Tribunal tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica la as personas que se ocupan de administrar bienes o fondos públicos , cuando su mala praxis se hayan derivado daños al patrimonio público.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramitó el pasado ejercicio un total de 512 diligencias preliminares y 27 acciones públicas después de detectar indiciones de presuntas responsabilidades contables. Esos procesos fueron abiertos a instancias de los diferentes organismos con capacidad para ello, como el propio Tribunal de cuentas y los órganos de control externo de las comunicades autónomas , pero también por otras instituciones y a raíz de denuncias de origen diverso, según informó ayer la institución.
Este tipo de inspecciones, competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también la ejerce el Tribunal sobre aquellas personas o entidades que reciben subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público .
«Además, esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre esos mismos hechos , pueda llevar a cabo la jurisdicción penal», asegura el Tribunal. Es decir, que la inspección de este organismo puede derivar a la vía penal.
Por otra parte, en cuanto a los datos de actividad de la Sala de Justicia del organismo presidido por presidida por Ramón Álvarez, el pasado año ingresaron un total de 51 recursos, de los que 48 concluyeron con resoluciones definitivas.
Papel clave del organismo
La labor del Tribunal de Cuentas ha permitido desvelar en los últimos años escándalos de corrupción como por ejemplo el caso Malaya, la trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella y el mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha en España. El organismo contable alertó en su día de irregularidades en una treintena de convenios urbanísticos desarrollados entre 1991 y 2006, lo que dio lugar a una investigación que acabó en un macrojuicio contra más de 80 personas imputadas.
Otros casos que llevan el sello del Tribunal es la deuda de 612 millones de euros que dejó el PSOE en el Ayuntamiento de Alcorcón y que llevó a la Sala de Enjuiciamiento de la institución a abrir un proceso contra los cargos socialistas responsables de la gestión del consistorio hasta 2011.
Sin salir de la Comunidad de Madrid, Cuentas descubrió numerosas irregularidades en las obras del tranvía de Parla bajo el mandato del socialista Tomás Gómez, incluidas actuaciones «injustificadas» que inflaron el precio de la infraestructura.
El trabajo de fiscalización del Tribunal también ha permitido sacar a la luz pública un desvio de fondos en 2010 para la formación debido a una «excesiva, y en ocasiones, injustificada subcontratación» de la formación subvencionada.
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