Los transportistas deciden no reactivar el paro y dar tiempo al Gobierno para negociar

La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, convocante del paro anterior, ha decidido otorgar «un voto de confianza» al Gobierno y entrar en la negociación del desarrollo de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera. No obstante, los transportistas autónomos avisan de que aunque el paro siga suspendido, se mantiene la posibilidad de que las protestas se reactiven en cualquier momento «si la negociación no es favorable o la situación lo precisa».

Las votaciones convocadas ayer domingo finalizaron con un resultado muy ajustado con un 45% de los camioneros a favor de negociar y mantener la suspensión del paro frente a un 41% de ellos que se mostraron partidarios de reactivar la paralización de su actividad a partir del próximo 30 de junio. El 14% restante se inclinó por la abstención.

A partir de ahora, los transportistas se centrarán en explotar la vía de la negociación para exigir al Ejecutivo su intervención directa«en todas las circunstancias de abuso con los operadores de transporte y con todas las entidades que dañen o perjudiquen a los trabajadores de la carretera».

El último día de junio era el límite que los transportistas autónomos habían dado al Gobierno para introducir la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera que en esencia busca regular que el precio que perciba el camionero por sus servicios sea siempre igual o superior a sus costes. Una norma que sin embargo el Gobierno negociaba con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) con horizonte a tener cerrado el texto el 31 de julio.

Finalmente, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha decidido también aceptar esa fecha, después de recibir la llamada del portavoz del Ministerio de Transportes en el Congreso «horas antes de la votación de ayer». La asociación explica que tras esa llamada recibieron el borrador de la ley, además de la invitación al desarrollo de la misma. Algo que influyó directamente en la decisión de los transportistas autónomos.

El Ejecutivo ya temía a que se pudieran producir unas protestas tan duras como las de marzo, que dejaron pérdidas en toda la cadena agroalimentaria de más de 600 millones de euros solo durante la primera semana , además de numerosos daños en las empresas del sector por los actos vandálicos de los piquetes violentos.