El gas en la transición y la transición del gas
«En la transición energética hay que gobernar para que todos los sectores y todos los sujetos implicados trabajen en la misma dirección»
Es cada vez más amplio el consenso en torno a la necesidad de descarbonizar la economía y de electrificar el sistema energético mediante una instalación masiva de unidades de producción de energías renovables. El gas natural puede proporcionar la seguridad que necesita un sistema basado en abundancia de renovables, que son intermitentes, como el viento y el sol, y no aportan toda la confiabilidad que el sistema eléctrico exige. Se trata de las centrales eléctricas de ciclo combinado, alimentadas por gas natural, que proporcionan esa energía eléctrica segura cuando es necesario. Además, el gas natural es un hidrocarburo notablemente menos contaminante que otros en su combustión en el transporte.
Desde 1985 en adelante, las infraestructuras gasistas españolas crecieron espectacularmente, el consumo de gas es ya homologable al que tienen los países europeos de mayor tradición gasista, y la competencia y la seguridad del suministro aumentaron simultáneamente.
El gas natural debe descarbonizarse al tiempo que compite eficientemente con las energías renovables. Se trata de fomentar el gas renovable en forma de biogás, que puede generarse a partir de una amplia variedad de desechos biológicos . Se incluye aquí el «power-to-gas», cuando la energía eléctrica renovable sobrante se transforma en gas. Se trata de nuevas tecnologías, que deben fomentarse hasta que se conviertan en económicamente viables y comercializables.
La transición del gas requiere una adecuada retribución de las actividades reguladas. Esa regulación debe ir precedida y acompañada por el trazado de una política energética coherente con los objetivos de la descarbonización, tal y como ha hecho la administración española con el reciente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) . En la transición energética hay que gobernar para que todos los sectores y todos los sujetos implicados trabajen en la misma dirección. La transición será un fracaso si se deja fuera del proceso -directa o indirectamente- a alguno de los agentes del sector energético (del lado de la oferta o de la demanda), y el gas es un elemento esencial en este proceso. Ello implica una cantidad ingente de inversión y las empresas sujetas a regulación económica obtienen su remuneración de una decisión pública. De esa remuneración depende, a su vez, la inversión.
La descarbonización del gas natural requiere mucha inversión en tecnología y en innovación. El reciente anuncio de las circulares por las cuales se cercena la retribución de las actividades reguladas (transporte y distribución) deja innecesariamente fuera del proceso de transición a un sector básico del futuro energético español.
Las inversiones en la industria del gas son inversiones rentables sólo a largo plazo, pues exigen períodos de maduración de, como mínimo, veinte años y las memorias justificativas de las tan discutidas circulares son particularmente contradictorias en cuanto a su verdadero propósito, pues frente al énfasis que en algunos lugares se pone en la necesidad de ajustarse mejor al modelo económico de las leyes de 1998 (del sector de Hidrocarburos) y de 2014 (del régimen económico del gas natural) se reitera en varias otras ocasiones que las circulares tiene por finalidad transitar hacia otro modelo. Hay aquí una contradicción que suscita inmediatamente la cuestión relativa a si el contenido de los borradores de circulares -que conlleva una profunda alteración del modelo- está verdaderamente amparado en un texto legal, asunto que afecta al núcleo mismo del Estado de Derecho . La cuestión de fondo radica en que ese nuevo modelo que quiere implementarse no garantiza que pueda producirse la inversión que la industria del gas necesita en estos momentos de transición. Debe instaurarse de una vez en España el principio de estabilidad regulatoria. La descarbonización de la economía es una oportunidad y un reto. La inversión no se producirá si, una vez más, las autoridades españolas no envían signos de que en nuestro país las reglas son estables y creíbles y no van a ser cambiadas inopinadamente. De esa estabilidad regulatoria depende que España pueda alcanzar con éxito la transición hacia un modelo energético en sintonía con los compromisos adquiridos internacionalmente.
Gaspar Ariño Ortiz e Íñigo del Guayo Castiella son catedráticos de Derecho Administrativo
