El TJUE avala el impuesto del PP que grava un 7% la producción de electricidad en España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que el impuesto que creó el Gobierno de Rajoy a finales de 2012 que grava con un 7% la producción de electricidad, es compatible con la normativa comunitaria. Así lo recoge la sentencia publicada este miércoles por el TJUE, que resuelve una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre una denuncia presentada por la sociedad Promociones Oliva Park sobre este impuesto vigente en España desde el año 2012 , en la que pedía la devolución de 12.609,58 euros.

En concreto, el TJUE señala que la directiva de 2008 relativa al régimen general de los impuestos especiales no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio naciona l y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos obtenidos, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema.

Oliva Park defendía que pese a su regulación como impuesto directo, la naturaleza y elementos esenciales del impuesto a la generación son los propios de un impuesto indirecto, cuya carga fiscal se repercute en el consumidor final de electricidad.

También denunciaba que, a pesar de tener nominalmente una finalidad medioambiental , es esencialmente un impuesto recaudatorio, sin fin específico extrafiscal; que discrimina la producción de energía eléctrica derivada de fuentes renovables, sin diferenciar en función de la intensidad y de la contaminación del medio ambiente, y que distorsiona el mercado interior de energía eléctrica y vulnera la libre competencia.

Este impuesto fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit eléctrico generado por las primas a las renovables. Desde su entrada en vigor en 2012, ha recaudado algo más de 10.000 millones de euros.

En 2018, la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió suspender durante seis meses la aplicación de este impuesto para rebajar la factura en un momento en que su coste era muy elevado.

Antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana trasladara su consulta al TJUE, este impuesto fue validado en España por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.