El taxi mantiene la huelga en Madrid y rechaza la oferta de Carmena y Garrido
El sector no acepta la propuesta de limitar la distancia para que los VTC no puedan recoger a los clientes que estén a menos de 300 metros y prefieren que la precontratación sea temporal
La cesión de competencias del Gobierno de Pedro Sánchez a comunidades autónomas y ayuntamientos para sortear el conflicto de taxistas y VTC se ha mostrado insuficiente . Meses después del decreto aprobado por el Ministerio de Fomento dirigido por José Luis Ábalos, las dos principales ciudades del país continúan registrando manifestaciones y protestas. En el caso de Madrid, la huelga del taxi continúa , después de que ayer el sector rechazara la propuesta de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid de impedir que los clientes puedan pedir una VTC a menos de 300 metros. Las negociaciones quedan rotas y el sector manifiesta que esperarán a que la comunidad les haga otra oferta: de lo contrario, continuarán los paros.
De esta forma, Fitur continuará sin taxis en el fin de semana abierto al público, los dos días que tienen una mayor afluencia. El día estuvo trufado de reuniones, encuentros y desencuentros. Mientras el ministro José Luis Ábalos se encontraba en Marruecos en una visita oficial al Gobierno de Rabat, representantes de la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid se reunieron con el sector y les plantearon el preacuerdo al que llegaron entre ambas administraciones. El principal punto del documento era limitar a entre 500 y 300 metros la distancia a la que el cliente puede solicitar un VTC , siendo de más metros para las grandes ciudades y de menos para las localidades más pequeñas.
Esta distancia será de entre 150 y 250 metros para los vehículos calificados medioambientalmente como de « Cero emisiones ». Así lo recoge el preacuerdo al que ha tenido acceso ABC. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que como no hubo acuerdo entre federaciones de taxistas, el preacuerdo ni siquiera se llegó a votar y contó con el rechazo automático del sector.
Desde el sector esgrimen que esta fórmula de distancia espacial es «ineficaz» ya que en algunas capitales europeas se han descubierto fraudes de software para trucar la distancia y así saltarse la prohibición. Es el caso del llamado « greyball » que ha causado estupor en ciudades con limitaciones similares como Londres, en las que Uber ha defendido su uso.
El taxi prefiere que el límite a los VTC sea temporal y no espacial , para que el cliente deba reservar el vehículo con entre 15 y 60 minutos de antelación –al igual que con las franjas espaciales, con más tiempo en las grandes ciudades y con menos en el resto–. Arguyen que la definición de precontratación es temporal, y no se circunscribe a las distancias en la Ley estatal.
El preacuerdo ofrecido por las administraciones madrileñas también incluía que los VTC no puedan estar estacionados a menos de cien metros de aeropuertos , estaciones de ferrocarril, de autobuses, intercambiadores de transporte, hoteles, centros comerciales, lugares donde se estén celebrando eventos de afluencia masiva de personas y paradas de taxi. Tampoco se permite que los VTC puedan recoger a los clientes a pie de calle, aunque ello ya está prohibido en la actualidad.
Ante el « no » de los taxistas, la regidora del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, junto a la concejal de Movilidad, Inés Sabanés, se volvió a reunir con los taxistas a media tarde. Y posteriormente, con la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo. Fue inútil.
Paradójicamente, los VTC también se oponen a la regulación ofrecida por las autoridades madrileñas ya que la consideran que excede al limitarlos. El presidente de su patronal (Unauto), Eduardo Martín, exigió ayer a los taxistas que desconvoquen la huelga que secundan desde hace cinco días y «desbloqueen» los accesos al recinto ferial donde se celebra Fitur para poder negociar con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Precisamente, los representantes del taxi en Madrid citan el precedente de Cataluña, por las medidas acordadas por la Generalitat con el sector del taxi hace escasos días, de limitar de quince a sesenta minutos –en el área metropolitana de Barcelona– los tiempos con los que contratar un Uber o un Cabify .
Sin embargo, la ciudad condal está lejos de recuperar la normalidad pese a haber llegado a esta suerte de acuerdo con el taxi. En Barcelona, con los taxistas ya funcionando desde hace un par de días, los VTC siguen en pie de guerra contra el Decreto Ley propuesto por el Govern, que tiene que aprobarse el próximo martes. En este caso, los 800 vehículos negros de Uber, Cabify y otras empresas de alquiler de vehículos con chófer continúan bloqueando cuatro de los siete carriles de la avenida Diagonal, de donde no se piensan mover por el momento.
Un millar de conductores se manifestó por el centro de la ciudad, eso sí por las aceras y sin cortar el tráfico para no generar más problemas, y acabó en la plaza Sant Jaume, a las puertas de la Generalitat y el Ayuntamiento para exigir a ambas administraciones que protejan sus trabajos.
Los manifestantes, que no dejaron de corear cánticos como «queremos trabajar» o «taxista, mi trabajo es igual de digno», consiguieron verse con miembros del Govern pero reclaman una reunión con el presidente Quim Torra, a quien le piden «sensibilidad» con el conflicto.
Los VTC se consideran «víctimas directas de la irracional presión ejercida por el sector del taxi» , como se definían ayer desde Moove Cars, una de las mayores empresas del sector. Se estima que en Cataluña plataformas como Uber, Cabify u otras, dan empleo a unas 3.500 personas y han empezado a ver como se rescindían los contratos. Las diferencias no recaen solo en la limitación de precontratación temporal, sino también en la prohibición de mostrar la geolocalización de los vehículos cuando se pida un VTC.
ATA reclama un mediador
Lo ocurrido en ambas ciudades muestra que la única solución apunta al Gobierno y, de hecho, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, pidió ayer a José Luis Ábalos que nombre un mediador para evitar que el conflicto «se traslade a otras comunidades o se eternice en Madrid». «Los ciudadanos no pueden ser rehenes de los errores de las administraciones», sentenció.
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