Las tasas Google y Tobin recaudarán menos de la mitad de lo previsto
Para la primera rebajó su impacto recaudatorio de 1.200 millones a 968 millones, mientras que mantuvo los ingresos previstos en 850 millones para la segunda
El Gobierno aprobó ayer por tercera vez en Consejo de Ministros las tasas a los servicios digitales y a las transacciones financieras: las conocidas tasas Google y Tobin , respectivamente. Para la primera rebajó su impacto recaudatorio de 1.200 millones a 968 millones, mientras que mantuvo los ingresos previstos en 850 millones para la segunda. Sin embargo, ahora los proyectos de ley respectivos deberán tramitarse en las Cortes , en lo que entraña un plazo de, al menos, tres meses, a los que se suma otro trimestre adicional que las normas prevén para su entrada en vigor desde que acabe su aprobación legislativa, ya que al ser nuevos impuestos así dejan un periodo de transición para las empresas. En definitiva, ambos tributos se comenzarán a aplicar como muy pronto a finales de verano , por lo que su recaudación en 2020 no alcanzará ni la mitad de los 1.818 millones de euros. Toda una complicación para el déficit si bien Hacienda admite que este año no se alcanzará la recaudación prevista.
Para la tasa Google, el Ejecutivo además prevé que las empresas liquiden el tributo a más tardar el 20 de diciembre , lo que, en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, da así tiempo al G-20 y a la OCDE a aprobar un gravamen internacional como está previsto que lo hagan y a que España se adapte a ello, sin sufrir ataques diplomáticos o arancelarios por parte de Estados Unidos , país del que proceden las principales tecnológicas afectadas por el impuesto.
Fuentes conocedoras del tributo señalan que el Ejecutivo quiere copiar la solución francesa consistente en suspender el impuesto hasta que no se adopte una solución internacional, si bien EE.UU. ha amenazado con aprobar aranceles del 25% sobre la industria automovilística de los países que aprueben esta suerte de impuestos. Por tanto el impacto recaudatorio este año sería pequeño y funcionaría más como un arma de presión internacional, que también acumula riesgos.
Como fuere, Montero rechazó que haya riesgo de nuevas barreras comerciales a España si finalmente el impuesto sale adelante antes de que el consenso internacional dé luz verde. El tipo será del 3%, siendo un impuesto indirecto sobre prestación de servicios de publicidad online, venta de datos generados a partir de información proporcionada por los usuarios y servicios de intermediación que permitan localizar a otros consumidores.
Tasa Tobin
Por su parte, la tasa a las transacciones financieras establecerá un tipo del 0,2% sobre la compraventa de acciones de empresas españolas cuya cotización supere los mil millones de euros. Por tanto, no afectará únicamente a los bancos, sino también a todo tipo de intermediarios financieros, brókeres y demás. Su liquidación estaba prevista que fuera mensual, además de que gravaría el saldo neto al final de la jornada de las operaciones intradía, sin importar la residencia de los intermediarios financieros. CECA criticó que el impuesto «discrimina a la empresa española frente a las extranjeras» y avisa de que generará una «deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones».
Montero justificó este impuesto a razones «de justicia social» ya que, en sus palabras, «afecta al sector financiero que durante la crisis recibió un importante apoyo del Estado» . Y detalló que se excluirá a los derivados. Países como Francia cuentan con una tasa similar, cuyos resultados han sido polémicos: el Tribunal de Cuentas de dicho país dictaminó que el tributo provocó una caída del volumen de negociación en la Bolsa gala del 10%. Toda una advertencia sobre el impacto en España.
Junto a ello, el Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la derogación del despido objetivo en bajas médicas justificadas pero reiteradas, tras una sentencia reciente del Constitucional que lo avalaba con una indemnización de 20 días por año trabajado. Se trata del artículo 52d) del Estatuto de los Trabajadores que, si bien la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , achacó a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, alude a un tipo de extinción laboral presente en el Estatuto de los Trabajadores desde su primera versión de 1980. «Se trata del primer punto de derogación de la reforma laboral del PP» , zanjó.
Como informó ABC, su utilización es residual y, desde que se produjo la sentencia del TC, en octubre del año pasado, se han producido una decena de casos. Desde hoy la acumulación de bajas médicas no será un motivo para despedir a 20 días, aunque no beneficiará a aquellos empleados que estén en pleno litigio judicial con la empresa por este tipo de fórmulas.
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