¿Por qué la tarifa de la luz no enfurece tanto a los portugueses y sí a los españoles?
El mercado ibérico de la electricidad rige en los dos países, pero la volatilidad y la subasta diaria de precios se deja notar en España y eleva el pago que realizan empresas y ciudadanos
España comparte con Portugal el mercado ibérico de la electricidad, lo cual implica que el precio establecido es el mismo en los dos países. Sin embargo, hay algunas (grandes) diferencias, que se traducen en unas tarifas mucho menos variables al otro lado de la frontera y que, al final, irritan menos a los ciudadanos.
Madrid y Lisboa tienen gobiernos socialistas (al menos hasta finales de 2023), pero la puesta en práctica del cobro de la energía más utilizada de norte a sur contiene peculiaridades que no causan tantos estragos en el territorio luso como en el español.
El primer factor condicionante se concentra en que el 80% de los clientes integra en Portugal el denominado mercado libre, mientras que a este lado de la Raya predomina el mercado regulado (entre un 40% y un 50%, según las principales estimaciones).
Resulta que el mercado libre no da pie a las oscilaciones diarias, sino que el precio queda fijado anualmente cuando se renueva el contrato cada 365 días y significa la aplicación de las tarifas que se consideren vigentes, aunque sin más cambios.
En cuanto al mercado regulado, se determina precisamente por todo lo contrario, tal cual se demuestra en suelo español: rige una subasta diaria de precios… y, para colmo, cada hora es distinta en su comportamiento e incluso esa franja también varía.
La consecuencia es un sistema de cobro de corte surrealista (o, más bien, kafkiano) y un rompecabezas difícil de entender hasta para los propios especialistas. ¿Por qué en España el horario más caro es un día de 21.00 a 22.00 y, al siguiente, de 17.00 a 18.00? En teoría, es la ley de la oferta y demanda la que manda, pero la ecuación lógica parece brillr por su ausencia dado que la oferta difícilmente se modifica de forma tan acusada los días laborables.
Son esas fluctuaciones las que van encareciendo poco a poco la factura, unas subidas y (apenas) disminuciones erradicadas por el Ejecutivo socialista de Antonio Costa. Por tanto, no es cierto que la responsabilidad caiga sobre el marco legal determinado por Bruselas, de acuerdo con la recurrente argumentación del gabinete Sánchez.
El remate final que subraya la espada de Damocles de la volatilidad y de las fluctuaciones que caen sobre los consumidores en España tiene que ver con el IVA, rebajado del 21% al 10% solo hasta diciembre, pero que recuperará su techo a partir de enero.
En cambio, Portugal aprobó con el beneplácito de la Unión Europea poner en uso un IVA gradual en función de la electricidad consumida. Así, los ciudadanos se inscriben en grupos que desembolsan desde el 6% hasta el 23% por este concepto, según la potencia contratada y el tiempo en cuestión. En cualquier caso, se trata de una medida permanente y, además, favorece al comercio y a las empresas, que gastan mucho más que los particulares.
Las tres principales empresas del sector que operan en suelo del vecino ibérico son EDP, Galp y la española Iberdrola. La primera de ellas recibió este 1 de septiembre la noticia de que el Tribunal Supremo de España la multaba por un valor de 900.000 euros, debido a que no cumplió las medidas de protección al consumidor.
