El Supremo blinda los descuentos que Correos ofrece a AA.PP., bancos o eléctricas por buzonear sus envíos

«La CNMC ha detectado que los precios con descuentos que Correos aplica a grandes clientes (empresas y administraciones públicas) en sus envíos masivos se sitúan muy por debajo de sus costes, en una proporción superior al ahorro de costes que generarían tales clientes. Por lo tanto, Correos no cumple con la obligación de orientar los precios a los costes que afronta por prestar estos servicio«. Competencia decidió en 2019 abrir una investigación sobre la política de descuentos a grandes clientes aplicada por Correos tras constatar durante cinco años consecutivos que las rebajas que el operador postal público ofrecía a Administraciones Públicas, bancos o eléctricas -es decir, a los grandes emisores institucionales y corporativos de correo postal- bordeaban a su juicio la legalidad por ofrecer esos servicios incluidos en la obligación de servicio público de Correos por debajo de coste, lo que sería contrario a la normativa estatal y europea.

La actuación de Competencia, impugnada por Correos, se vivió como un terremoto en el sector postal . Por un lado porque amenazaba una de las principales fuentes de carga de trabajo de la empresa estatal y, por otro, porque atacaba un flanco del que los competidores privados de Correos venían quejándose durante años, ya que consideraban que maniataba su crecimiento al excluirles 'de facto' de la tarta de los envíos postales de los grandes clientes.

El contencioso entre Competencia y Correos acabó en los tribunales y, según ha podido confirmar ABC de fuentes del sector postal y de la propia empresa pública, ahora el Supremo ha resuelto la cuestión a favor del operador postal público . La resolución no entra al fondo de la cuestión, que es si los descuentos que ofrece Correos a los grandes clientes alcanzan o no para cubrir sus costes operativos, pero da la razón a la empresa propiedad de la SEPI en su argumento de que entre las competencias de la CNMC a la hora de analizar las tarifas de los servicios postales no está la valoración de los precios que pagan los grandes clientes tras la aplicación de la política de descuentos.

Según fuentes del sector postal, la resolución del Supremo no impide que se puedan los descuentos específicos que Correos ofrece a una empresa concreta, siempre que éstos no cubran el coste operativo del servicio como marca la legislación postal, pero sí inhabilita a Competencia para realizar una enmienda de totalidad sobre las políticas de descuentos a grandes clientes del operador público.

Fuentes de Correos consultadas por ABC aseguran que la sentencia del Supremo «excluye una intervención 'ex ante' de la CNMC, que no está prevista en la legislación, permitiendo que Competencia dicte criterios orientadores, pero no sustituya la voluntad de Correos a la hora de establecer los precios ». Desde el operador público se interpreta, asimismo, que la resolución judicial «aclara definitivamente que la política de Correos de diferenciación de descuentos entre grandes clientes y operadores es plenamente legal».

Desde Asempre , la patronal de los operadores postales privados que compiten con Correos, se entiende que la sentencia del Supremo deja el marco en el mismo punto en que estaba antes de que Competencia anunciar su investigación. "Seguiremos teniendo acceso a la red y en caso de no estar de acuerdo con las condiciones de acceso, tendremos que acudir a la resolución del conflicto entre operadores para resolver las discrepancias, pues el Tribunal Supremo sí reconoce la potestad de Competencia para resolver esos casos particulares".

Los competidores de Correos entienden, asimismo, que el Supremo no cuestiona la competencia de la CNMC para "vigilar que los descuentos a los grandes clientes cubran los costes evitados y, sobre todo, que no supongan un incremento del coste neto que implique una mayor necesidad de financiar la carga financiera soportada por prestar el servicio postal universal". La gran obsesión de los operadores privados es que Correos no financie sus ofertas a grandes clientes con el dinero que recibe del Estado por prestar las obligaciones de servicio postal que marca la ley.