La subida del 0,9% a funcionarios y pensionistas costará casi 3.000 millones
El Gobierno elevará el impuesto al diésel y el IRPF a las rentas superiores a 200.000 euros
Además, el Ejecutivo no cambiará de momento sus previsiones económicas pese al estado de alarma y revisará los beneficios a los planes de pensiones
Estas son las pensiones que se quedan sin paga extra tras el recorte de Hacienda
PSOE y Podemos ensayaron ayer una crisis matrimonial con reconciliación anunciada en la que finalmente habrá acuerdo para aprobar hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Pablo Iglesias quería dejar su impronta en las cuentas y finalmente, si bien no irá dentro, ha arañado un compromiso para regular los alquileres en un plazo de cuatro meses y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital. A la espera de conocer los detalles, dilatar cuatro meses las medidas para intervenir el mercado del alquiler significa una cesión «in extremis» de Pedro Sánchez a Iglesias para poder salvar el acuerdo. El cambio se desarrollaría a través de la ley de Vivienda que ya prepara el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Todo ello a última hora de la noche, después de que durante el lunes la formación morada amenazara con romper el acuerdo y La Moncloa insistiera que las cuentas se iban a aprobar hoy en Consejo de Ministros «sí o sí».
Pero realmente ha habido multitud de detalles consensuados y negociados durante semanas de negociación. Las grandes partidas ya estaban dibujadas. Doce millones de empleados públicos y pensionistas verán cómo sus nóminas aumentan un 0,9% en 2021, medidas que concentrarán un buen pellizco del gasto público del año que viene con unos 3.000 millones de euros más entre todas las administraciones. Un alza que estará incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que el Consejo de Ministros aprueba hoy, de forma que, como avanzó ABC, el Gobierno finalmente ha sorteado la posibilidad de congelar los sueldos de los tres millones de empleados públicos, tras otro vivo debate dentro del Ejecutivo, entre PSOE y Podemos.
De esta forma, el pulso entre un sector del Ejecutivo encabezado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha cedido ante las reclamaciones de Podemos, que ha impuesto sus líneas rojas para incluir un incremento salarial como gesto ante el trabajo de las plantillas públicas en plena crisis del coronavirus. El coste será de cerca de 1.500 millones .
Con este porcentaje se pretende que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo el próximo año. En 2020 los sueldos públicos aumentaron un 2% -en un ejercicio en el que la inflación ha estado en negativo-, en 2019 lo hicieron un 2,5% -con un IPC del 0,7%, ya que se cumplió el objetivo de que el PIB creciera al menos un 2%, según el acuerdo firmado entre el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos en 2018-, y en dicho año aumentaron un 1,75% -similar al IPC-.
La medida recibió críticas de todas las centrales presentes en la Mesa General de las Administraciones (CSIF, UGT y CC.OO.). CSIF por ejemplo pedía una subida del 3% anual en un plan a tres años. También desveló el Ministerio que la oferta de empleo público de 2020 -ante la pandemia finalmente no se aprobó- ascenderá a 28.155 plazas , es decir, menos que las 33.793 de un año antes, que supusieron la mayor oferta en una década, pero una cifra que asegura la creación de empleo neto, sobre todo en fuerzas y cuerpos de seguridad -con una tasa de reposición del 115%- y Sanidad y Educación -110%, frente a la tasa general del cien por cien-. Los sindicatos lo ven «insuficiente». La oferta de empleo público incluirá 8.996 plazas de promoción interna, una cifra récord.
Junto a ello, el proyecto de cuentas en principio se aprobará en Consejo de Ministros hoy, planeándose primero un acto entre los dos primeros espadas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para desvelar las principales medidas.
Sin previsiones nuevas
Pero hay más. Fuentes de la negociación señalan que subirá el IRPF para los tramos superiores a 200.000 euros . Si bien el incremento no ha resultado ser tan ambicioso como pretendía Podemos -para los que ganan más de 130.000 euros- sí ha logrado regatear el bloqueo del PSOE, que primero intentó que no fuera la medida y después trató de que afectara a las rentas superiores a 300.000 euros. En todo caso hasta que no se revise el proyecto no se sabrá el alcance de la subida fiscal al completo, con el IVA a productos y servicios con exenciones o tipos reducidos al frente. El Ejecutivo preveía 6.847 millones en incrementos de impuestos. en su plan presupuestario
Porque el boceto de presupuestos estará trufado de cambios. Uno de ellos, apuntan fuentes del Ejecutivo, no será un nuevo cuadro macroeconómico. Si bien las restricciones que incluye el estado de alarma recortan a la baja las previsiones que el Gobierno presentó la semana pasada (con una recesión del 11,2% este año y un crecimiento del 7,7% en 2021), aún no se conoce exactamente cuál será el alcance completo de estas medidas , por lo que se mantiene el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas hace dos semanas.
Subida al diésel
Eso sí, las cuentas incluirán una subida de impuestos al diésel, que se sumará a la del IVA a bebidas azucaradas. El Gobierno preveía 1.311 millones de recaudación adicional en impuestos medioambientales para 2021. Según ha podido saber ABC, una de las fuentes de esta recaudación adicional será el alza del Impuesto de Hidrocarburos al diésel, para acercar su tributación a la de la gasolina. Este incremento fiscal iba en el proyecto de Presupuestos de 2019 que tumbó el Congreso de los Diputados. Si bien Podemos no era partidario de incluirla, finalmente irá en las cuentas.
Otro capítulo serán los incentivos fiscales a los planes de pensiones tanto individuales como colectivos. Así, los presupuestos acotarán las reducciones en el IRPF de planes de pensiones individuales de un máximo de 8.000 euros de aportación al año a 2.000, mientras los planes colectivos subirán su de 8.000 a 10.000 euros. Este cambio se ha realizado con el informe de evaluación de bonificaciones realizado por la Autoridad Fiscal sobre la mesa y forma parte igualmente del borrador de recomendaciones planteado por el Pacto de Toledo. La bonificación dejó de ingresar 1.643 millones , aunque si se descuenta el diferimiento de impuestos la pérdida se queda solo en 450.
Ahorro privado
La Airef no recomendaba eliminar esta bonificación, pero sí señalaba que solo el 8% de las aportaciones superaban los 4.000 euros. Según la estadística de declarantes de IRPF de la Agencia Tributaria, la aportación media es de 1.778 euros . La Airef calcula que en torno a un 25% de los declarantes, más de 600.000, que realizaron aportaciones en 2018, superaron estos 2.000 euros. Junto a ello, el incentivo a los planes de empresa beneficiará a los 2,002 millones de trabajadores que cuentan con uno, según Inverco. La idea es imitar el modelo ya existente en Guipúzcoa.
Más allá de los Presupuestos, la reforma de las pensiones seguirá su cauce a través de una reforma de la ley de la Seguridad que estará lista en los próximos meses y que incluirá, según ha apuntado el ministro José Luis Escrivá, una modificación de las penalizaciones existentes a las prejubilaciones y que en su diseño actual penalizan en mayor medida a los sueldos más bajos. El Pacto de Toledo, precisamente, instó al Gobierno a tener lista esta reforma en un máximo de tres meses. Otra de las cuestiones que se abordarán serán los incentivos para que los trabajadores opten alargar sus carreras.
