Sindicatos y CEOE presionan a Sánchez para que no entregue Trabajo a Podemos
Temen que no respete el diálogo social, como ocurrió cuando Iglesias impuso los 900 euros de salario mínimo
La batalla por el Ministerio de Trabajo sigue librándose en las mesas de negociación que llevan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es el segundo intento de la formación morada, aunque esta vez se conformaría con controlar solo Trabajo , lo que le permitiría, por ejemplo, abordar asuntos de calado como derogar la reforma laboral o aprobar nuevas subidas del salario mínimo, dos de sus batallas. Entregar este departamento no es algo que vea con malos ojos Sánchez, pero las pensiones son otra cosa . Solo la gestión de estas prestaciones se llevan el 75% del gasto social del Estado y si se tienen en cuenta las prestaciones por desempleo el porcentaje asciende al 80%.
A falta de conocer al detalle el reparto de carteras en un futuro Ejecutivo de coalición entre Podemos y el PSOE la Seguridad Social centra la preocupación de parte del partido en el Gobierno por el riesgo de que esta cesión empeore el desequilibrio de las cuentas públicas, teniendo en cuenta que el sistema público arrastra un déficit que ronda los 18.000 millones y una deuda de 50.000 millones . Controlar Seguridad Social sería gestionar también una caja única para todo el Estado que se financia a través de las cotizaciones de más de 19 millones de trabajadores afiliados.
A los temores de parte de los socialistas se une también el recelo de sindicatos y empresarios a que Trabajo se ceda a Podemos. Temen que este partido «pase de largo» por el diálogo social y utilice el Consejo de Ministros para legislar de forma autónoma. Fuentes consultadas por ABC señalan que sindicatos y empresarios están presionando a Pedro Sánchez para que no ceda las competencias del Ministerio. «No tienen ningún apego a la concertación y ha bombardeado el diálogo social», advierte un alto cargo de la patronal sobre Podemos. Recuerda que Pedro Sánchez, por imposición de Iglesias, se saltó un acuerdo cerrado entre los agentes sociales y el anterior gobierno de Mariano Rajoy para subir el salario mínimo. Los 900 euros de SMI se aprobaron por real decreto , lo mismo que haría para proceder a otra subida. La formación de Iglesias quiere aumentar a mil euros en 2020 este indicador y promete hacerlo «inmediatamente».
Lo mismo puede suceder con la reforma laboral porque su idea es derogarla por completo y tampoco cabría en este caso la negociación con los interlocutores sociales, lo que inquieta a empresarios y sindicatos. Tanto PSOE como Podemos han clamado por derogar esta legislación, aunque el primero cambio el discurso cuando llegó al Ejecutivo para justificar cambios solo en «los aspectos más lesivos» de la reforma.
Empresarios y sindicatos no quieren a Podemos manejando Trabajo -un sector de CC.OO. no lo vería con malos ojos- y apuestan porque la ministra Magdalena Valerio continúe al frente de la cartera. En el caso de CEOE no comulgan con medidas que se han adoptado como el control horario , pero sí reconocen el talante de negociador de la titular del departamento y su disposición a la negociación. Todas las medidas sociales que Sánchez ha adoptado han pasado de forma posterior por las mesas de negociación. Recuerdan las mismas fuentes que en el caso de la reforma laboral empresarios y sindicatos han estado cerca de acordar algunas de las modificaciones. «Si el Ministerio cae en manos del líder de la izquierda radical estas opciones se esfuman», apuntan.
Pero si Sánchez cede Trabajo, ¿qué ocurriría con Seguridad Social? En las mesas de negociación se ha llegado a plantear dotar al organismo que paga las pensiones de mayor protagonismo con un ministerio propio. Otra de las opciones en estudio está en su adscripción a Hacienda o Economía. Los que defienden la opción de partir en dos el departamento recuerdan que la Seguridad Social estuvo desgajada de Trabajo entre 1977 y 1981, cuando dependió de Sanidad. Los que están en contra aseguran que sería una decisión «incongruente», teniendo en cuenta que son dos materias que están entrelazadas. Añaden que sería un problema para las estructuras provinciales, para la Inspección, para las mutuas y también para el pago de las prestaciones. «Sería un problema estructural para el propio sistema», añaden.
«No sería una fórmula adecuada ni funcional separar la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo», asegura el secretario general de CC.OO., Unai Sordo. Defiende que la Seguridad Social tiene que ver con las cotizaciones que aportan los trabajadores con sus empleos y que, por tanto, «eso es política laboral».
Desde Bruselas también se asiste con interés la negociación, teniendo en cuenta que las tesis defendidas por Podemos sobre pensiones s on contrarias a las directrices que marcan los organismos internacionales, que están vigilantes con los excesos de la deuda pública española y reclaman reformas que van en sentido contrario a gastar más y subir impuestos. Y las propuestas de Podemos son, precisamente, meras soluciones de gasto y subida de impuestos que terminarían haciendo mella en la credibilidad de los planes económicos del Gobierno. La formación morada aboga, por ejemplo, por derogar la reforma de pensiones y por la jubilación a los 61 años cuando se tengan 35 cotizados, además de recurrir a los impuestos para pagar las nóminas «si las cotizaciones no alcanzan».
