Serra, en el juicio de Catalunya Caixa: «Los sueldos escandalosos no existen»

Por delante del de Bankia, el rescate de CatalunyaCaixa tuvo un coste para las arcas públicas de 12.676 millones. En 2010, cuando el FROB ya había hecho su primera inyección de capital y se había aplicado un ERE que se llevó por delante a más de 1.000 empleados , el consejo de administración aprobó el aumento de la retribución de sus máximos directivos, unos emolumentos que la Fiscalía no duda en calificar de «desproporcionados» y «escandalosos» atendiendo la delicada situación por la que ya atravesaba en ese momento la entidad.

Esos sobresueldos son las que desde ayer sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona al exministro socialista y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, al ex director general, Adolf Todó, a su adjunto Jaume Massana, y a otros 38 directivos. Los tres primeros y 14 de los dirigentes de la entidad se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel por delito societario y de administración desleal. Al resto las acusaciones les piden dos años.

En las escaleras de la Audiencia de Barcelona, Narcís Serra repitió los argumentos que ya esgrimió ante la comisión del Congreso que analizó la gestión de las cajas de ahorros: «No me arrepiento. Lo que hice fue lo que debía hacer ». A su criterio, los «sueldos escandalosos» que denuncia la Fiscalía «no existen». «No hay más que decisiones legales y legítimas», añadió Serra. Adolf Todó, en total, sumando fijo y variables, percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012, a lo que se suman las aportaciones al plan de pensiones por importe de dos millones.

La legalidad de esos sueldos «desproporcionados» es lo que tratará de dilucidar el tribunal en los dos meses que se prevé que dure el juicio. Ayer la jornada se dedició a cuestiones previas y no será hasta el lunes que comiencen las declaraciones. En la primera sesión, las defensas reclamaron sin éxito que el tribunal anulase el auto de apertura de juicio oral, y al mismo tiempo reclamaron limitar la cuantía de los sobresueldos otorgados por los cuales se les juzga. Concretamente, la defensa pide que la fianza retenida a los acusados se rebaje de los 9,5 millones fijados por el juez instructor, tal como solicitaba la acusación popular ejercida por la CUP, a 2,56 millones, que es la cantidad que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Los abogados de Serra y Todó argumentaron que, en realidad, el aumento salarial real que percibió la anterior cúpula de la entidad fue, en concepto de variables, de unos 56.000 euros, muy lejos de las cantidades estimadas por la Fiscalía y la abogacía del Estado, que la elevan a los 2,56 millones mencionados.

Asimismo, la defensa de Serra y Todó argumentó que la CUP, como acusación popular, carece de legitimidad para reclamar fianza, porque no resultó perjudicada por los sobresueldos.

La Fiscalía, anticipándose a una posible línea estratégica de la defensa de Serra, ya aclaró en su escrito de acusación que no valía describir su posición como representativa o de florero, recordando que presidía las comisiones y los consejos, algo por lo que recibía «elevados emolumentos».

Sueldos al margen, ya en febrero la cúpula de la entidad tuvo que responder en la Audiencia Nacional por el agujero de 720 millones por operaciones inmobiliarias fallidas realizadas en España, Polonia y Portugal entre 2000 y 2007, en lo que se decribió como una gestión como mínimo temeraria.