Serra se lava las manos por la caída de Caixa Catalunya y culpa a MAFO, Montilla y Corbacho
El expresidente de la entidad asegura que desde 2006 intentó cambiar el modelo de negocio y sustituir a la dirección
Carga también contra el Gobierno por optar por una venta apresurada de la entidad y asegura que la caja tenía salvación
«No hubo mala praxis». Éste es el eje sobre el que el expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, ha basado esta mañana su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera en el Congreso, donde no ha admitido responsabilidad alguna por el hundimiento de la entidad y ha cargado la culpa de la misma al Banco de España, la Generalitat y la Diputación Provincial de Barcelona.
Tres organismos ocupados por socialistas, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) como gobernador del Banco de España; el exministro José Montilla como presidente de la Generalitat; y el exministro Celestino Corbacho como máximo responsable de la Diputación de Barcelona, que no le permitieron cambiar el modelo del negocio para reducir la exposición de las cajas al ladrillo. Algo que, ha asegurado ante los diputados, intentó sin éxito desde 2006 «cuando nadie pensaba en la crisis».
El que fuera también vicepresidente del Gobierno socialista ha explicado que ese año solicitó una entrevista con el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, después de que el Banco de España enviara las primeras recomendaciones a las entidades, para proponerle el desmantelamiento de PROCAM, la inmobiliara de la entidad que provocó después el hundimiento de la entidad , y el cambio del equipo directivo.
Pero Fernández Ordóñez derivó el encuentro al director de Supervisión y éste se mostró en contra de ese desmantelamiento ya que los resultados positivos de la entidad se debían a la inmobiliaria. Según Serra, le aseguró que con seguir las indicaciones del Banco de España sería suficiente.
Tampoco la Generalitat quiso hacer caso de sus advertencias, ha asegurado Serra, pese a que fue el propio Montilla quien le encargó la presidencia de la entidad. Según Serra, llegó a amenazar al expresidente catalán con su propia dimisión si no se cambiaba el equipo directivo y se modificaba el plan de negocio. Tampoco quiso escucharle la Diputación de Barcelona y mucho menos el propio consejo de administración.
Y ello porque en 2006 el Banco de España realizó una inspección de la entidad y no ordenó la adopción de ninguna medida . Además, ha recordado que el auditor externo nunca avisó al consejo sobre ningún problema de práctica, ni tampoco lo hizo la comisión de control. «El consejo no tenía ninguna estimulación para dudar de las operaciones», subrayó. «Creo que les he demostrado que cuando ví que el modelo crearía problemas a medio y largo plazo me puse en marcha», ha destacado. Dado que su puesto no tenía competencias ejecutivas, Serra ha insistido en que no podía haber hecho nada más.
No obstante, el expresidente de Caixa Catalunya también ha cargado culpas al Gobierno popular en lo que se refiere al desenlace final de la caja. Según ha sostenido, la decisión de venta adoptada por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) fue errónea y apresurada porque la entidad aún podía salvarse.
«No encontré ninguna ilegalidad»
Tampoco cree Serra que se le puedan reprochar las presiones realizadas desde la entidad a los clientes para la colocación de la deuda subordinada vía acciones preferentes entre los clientes sin ofrecer información sobre los riesgos del producto. Ha negado tener conocimiento de esas prácticas y ha asegurado que, de haberlo tenido, hubiero pedido el fin de las mismas.
Y lo mismo ha sostenido sobre el consejo de administración. «Teníamos un termómetro que era el defensor del cliente y hasta el estallido de la crisis no tuvimos ninguna queja», se ha defendido. «En absoluto encontré ninguna ilegalidad, ni práctica no ajustada a derecho (en la caja)», ha aseverado.
En el mismo sentido, ha defendido los sueldos e indemnizaciones pagadas a los cesados, recordando que se basaron en informes de asesores jurídicos, apoyados en las cifras de negocio que manejaba la entidad en aquel momento.
Serra, incluso, ha repartido culpas al otro lado del Atlántico porque la crisis mundial, a su juicio, fue la causa de que las medidas adoptadas por el Banco de España no fueran suficientes. «Si el supervisor americano hubiera frenado a tiempo estas prácticas (las hipotecas de riesgo), la crisis mundial hubiera sido menor », ha denunciado.
«España estaba mejor preparada que la mayoría de los países europeos, gracias a las medidas introducidas por el Banco de España como las provisiones contracíclicas, el concepto de crédito subestándar y los controles de transparencia», ha reconocido antes de apuntar las debilidades que tenía el sistema finaciero: « todas graves y relacionadas entre sí : la burbuja inmobiliara, un desequilibrio entre lo que consumíamos y lo que producíamos que se traducía en un déficit exterior, y un elevado endeudamiento privado».
« No fue una mala praxis sino una tormenta para la que no servían medidas de protección, sobrevaloramos la fortaleza de la economía y minusvaloramos que la crisis era sistémica y no de unas cuantas entidades», ha señalado. Serra ha remachado su primera intervención pidiendo a la clase política y los reguladores que se aseguren de que «el sistema financiero está al servicio de la economía y no al revés».
Solo ha entonado el «mea culpa» para admitir que debió de ser más «duro» cuando vio que la entidad presentaría problemas a medio y largo plazo, pero acto seguido se ha descargado: «era muy difícil. Piensen que yo no tuve despacho en la entidad, con secretaria, y sala de espera hasta 2008».
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