De la Serna rechaza que la corrupción esté extendida a todo «el sector público»

LUIS M. ONTOSO, GUILLERMO GINÉS

26/04/2017
Actualizado 27/04/2017 a las 00:52h.

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha rechazado frotalmente en el Foro ABC-Deloitte que la corrupción sea un mal generalizado en la Administración española, tras ser preguntado por las medidas que incluirá el Ejecutivo en la nueva ley de contratación del sector público para evitar episodios como los que recientemente han trascendido en la operación Lezo . «No hay que confundir que algunas personas hagan actos cuestionables con que estos se extiendan al resto del sector público», ha detallado después de indicar que dicha normativa otorgará un mayor «peso a la calidad de las obras cuando se ejecutan», con el propósito de evitar «bajas temerarias» e introducirá mecanismos para «favorecer la transparencia» de los concursos públicos .

El titular de Fomento hizo hincapié en que la mayor preocupación del Gobierno no pasa en este momento por calibrar el impacto de los últimos escándalos en la imagen del PP, sino en continuar trabajando por el crecimiento económico y generar «oportunidades de empleo» y «espacios» donde las empresas puedan mejorar su negocio. «El Gobierno tiene su hoja de ruta marcada, la ejercermos como creemos que debemos ejercerla».

Durante cerca de 20 minutos De la Serna se sometió a una batería de preguntas sobre los diversos temas que abarca su cartera ministerial, como el polémico decreto de la estiba . No se pronunció sobre si finalmente el Consejo de Ministros abordará el próximo viernes su aprobación, pero sí dejó constancia de que es necesaria una posición de consenso con el resto de partidos para llevar a cabo la reforma del régimen laboral y evitar las multas que impone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Estamos en un diálogo con otros partidos políticos para elaborar el borrador sobre la reforma de la estiba», responde el titular de Fomento. «El PSOE tendrá que decidir qué hace con respecto a este asunto».

El texto con la propuesta del Ejecutivo aún no se ha trasladado a las partes. «En el momento que tengamos cerrado el borrador del real decreto, lo remitiremos a sindicatos y patronal para que puedan dar a conocer su opinión». Recalcó que Fomento no se ha extralimitado en la redacción de la inicativa legislativa , que fue tumbada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo. «No se está yendo más allá de la sentencia. La normativa europea establece que es Bruselas la que tiene capacidad de decidir sobre un proceso como el que estamos inmersos. Tenemos que cumplir con la Comisión Europea».

De manera paralela, De la Serna anunció que su departamento ultima el nuevo plan de vivienda que trasladará la semana que viene a comunidades autónomas, municipios y representantes del sector. El Gobierno espera tener en junio ya redactado el modelo final del real decreto que incluirá ayudas para impulsar «el alquiler y la rehabilitación».

También avanzó que Renfe y ADIF están preparando programas de inversiones destintados a la mejora de los trenes de Cercancías y regionales y el mantenimiento de la red ferroviaria. De la Serna explicó que, dentro de la apuesta del operador ferroviario por estos servicios en 2018, «habrá una inversión adicional en material rodante (trenes)», que se suma a los 1.300 millones recientemente aprobados para la compra de 30 trenes AVE . Esta tendrá como destino la «mejora de la calidad, comodidad, accesibilidad y un menor impacto ambiental». El consejo de administración de ADIF, por su parte, adoptará este viernes un «nuevo modelo de mantenimiento de la red convencional», un contrato a dos años por 276 millones de euros, un 36% más que el plan vigente .

En el capítulo de las inversiones también mereció una larga nómina de preguntas, que incluso obligaron a De la Serna a detallar las fechas de inauguración de los principales corredores de alta velocidad en España. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, advirtió ya en la presentación de que la inversión en infraestructuras recogida en el proyecto de ley de lo Presupuestos Generales es la menor «cifra de los últimos diez años» y, por tanto, llamó a, como recomiendan organismos internacionales (como la OCDE y el FMI), favorecer la inversión pública, un paso «imprescindible para que España mejore su competitividad».

Interrogado sobre si los 4.200 millones que invertirá en Cataluña el Gobierno no son el bálsamo con el que el Ejecutivo trata de combatir el movimiento soberanista en esta comunidad autónoma, el precio del « procés », De la Serna aseguró que dicha dotación económica está acorde con una «planificación ordenada», que no pretende otra cosa que explicar a los catalanes en qué se van a destinar los recursos.

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