La SEPI contratará a asesores para seguir analizando los rescates solicitados por empresas en apuros

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha abierto la contratación de asesores independientes, dentro del acuerdo marco establecido para ello, con el fin de analizar operaciones de ayuda financiera temporal a empresas que la han solicitado al Fondo de Solvencia. En concreto, este análisis afecta a las solicitudes cursadas por Air Nostrum, el Grupo Siro, Técnicas Reunidas y el Grupo Areas.

Estos asesores jurídicos y financieros vinculados al procedimiento del Fondo «forman parte de las firmas más prestigiosas del mercado», señala la SEPI en un comunicado. A ellos se les asignan mediante los correspondientes contratos los expedientes, bajo la tutela de los responsables del proyecto.

Según el 'holding público, el asesoramiento que recibe el fondo asegura un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas «exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente».

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es una herramienta para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha con una dotación de hasta 10.000 millones de euros.

El asesor financiero verifica el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad establecidos y analiza la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad. El estudio de cada operación incluye el análisis de la situación preCovid de la empresa, del impacto de la pandemia y la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad.

El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de auditoría legal que incluye la emisión de informe sobre las condiciones para ser beneficiario, contingencias legales, laborales, y fiscales, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante/beneficiarias.