Sánchez prohíbe los despidos y CEOE le avisa que frustrará la recuperación
Las empresas alertan de la pérdida de confianza de los inversores y de un aumento del paro
No se podrán hacer extinciones por causas económicas y se prorrogan los contratos temporales durante la crisis
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Gana el ala dura del Gobierno. Pablo Iglesias se impone a las tesis moderadas de Nadia Calviño y logra entrar de lleno en la vida de las empresas para intentar controlarlas. Y lo hace por sorpresa, sin consultar, con una medida inédita en España, que supone intervenir en la gestión empresarial como un elefante en una cacharrería. Ayer, la ministra de Podemos Yolanda Díaz anunció que se prohíbe por ley despedir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus, lo que se traduce en que s erá imposible hacer extinciones objetivas por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción asociadas al Covid-19. Díaz ha sido la artífice de una medida que emula la moratoria desarrollada en Italia y recoge al dictado las reivindicaciones de UGT y CC.OO. A partir de ahora los contratos temporales que se suspendan en los próximos días se prorrogarán de forma automática. Estas medidas no serán retroactivas y no afectarán a todos los despidos ya realizados.
«Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no puede usarse el Covid-19 como excusa» para despedir, explicó Díaz. Su objetivo es intentar que los ajustes de plantilla se canalicen a través de los ERTE, de forma que los empleos o las jornadas solo queden suspendidas durante la crisis sanitaria. Desde ayer, cualquier despido relacionado con la pandemia tendrá que ser revisado por un juez, quien podrá calificarlo de nulo y, por lo tanto, la empresa tendrá que readmitir al trabajador con una compensación, o improcedente, y tendrá que recibir la indemnización de 33 días por año trabajado. «No se puede despedir sencillamente porque hemos arbitrado un mecanismo adicional, con muchísimos recursos públicos, para acudir a los ERTE», explicó la ministra de Podemos.
El Ministerio de Trabajo también ha aprobado medidas para agilizar los ERTE, pero será complicado poner orden en la avalancha de regulaciones que quedan por resolver en todas las regiones de España. Díaz señaló que el objetivo es acelerar el cobro de la prestación por parte de los trabajadores y garantizar que todos los afectados tengan su ayuda el 10 de abril, una ayuda que de forma inicial será de 1.098 euros y posteriormente complementada si se tienen cargas familiares.
A partir de ahora, la empresa comunicará la solicitud del ERTE al Servicio Público de Empleo Estatal, y este tramitará el pago de la prestación. Para ello, la empresa facilitará los datos de los trabajadores afectados , incluido su número de cuenta para hacerle la transferencia. El beneficiario no tendrá que realizar ningún trámite burocrático para cobrar el desempleo y su periodo de disfrute no restará para futuros disfrutes.
El Gobierno también activa la Inspección de Trabajo para supervisar que todos estos expedientes se ajustan a la legalidad, esto es, que realmente existan causas económicas o legales que lastren la actividad y que estos empleados realmente no están trabajando. Si la Inspección detecta ERTE irregulares, «las empresas tendrán que responder hasta el último céntimo , incluido lo percibido por el trabajador por el desempleo», según la titular de Trabajo. Pidió «ejemplaridad» a las empresas, y que «se comprometan con su pueblo»,
El desconcierto fue mayúsculo entre los empresarios. La reacción de la CEOE, organización que dirige Antonio Garamendi, fue dura. Advirtió al Gobierno de que «van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevará, en última instancia, a un mayor nivel de desempleo».
En un comunicado, explicó que, a la espera de conocer la letra pequeña de las medidas, no van en la dirección correcta y serán perjudiciales «para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica del país».
Avisó CEOE de que pymes y autónomos están luchando por evitar el cierre «en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial» y añadió que «rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado. Creemos que precisamente en estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción».
ATA avisó de que muchos autónomos iniciarán concursos de acreadores. Dijo que las medidas «van a dañar a muchos autónomos y pymes» y que limitarán la libertad de actuación y el margen de maniobra para salvar empresas y el mayor número de empleos. Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, a la espera de conocerse la «letra pequeña» la prohibición de los despidos «va contra la libertad de empresa.
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