Galán pide al juez que compruebe la validez del informe del caso Villarejo antes de archivar la querella de Iberdrola

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido al juez del caso Villarejo que llame a declarar a tres testigos para desmontar el informe que denunció un sistema de facturas falsas para pagar los servicios de espionaje del comisario jubilado y por el que recientemente le ha imputado Manuel García-Castellón. En el escrito asegura que ese informe se depositó ante notario junto con material robado de la empresa. Se trata del exjefe de seguridad de la compañía Marcos Peña, un colaborador de Peña y el exdiputado del PP José Luis Ramallo, dueño de la notaría a la que se llevó el informe de José Luis del Olmo. Fue este directivo de la compañía el que denunció la existencia de facturas irregulares para costear esos encargos y acusó al propio Galán y a Antonio Asenjo (quien sucedió al anteior en el área de Seguridad) de estar al tanto de las mismas.

En un escrito presentado ante el juez, al que ha tenido acceso ABC, la defensa de Galán sostiene que «si está en discusión la posible falsedad de un documento que ha servido de base para la atribución de la condición de investigado a diversas personas -entre ellas, mi representado-, parece razonable que lo primero a aclarar sea precisamente esto, es decir, la validez o falsedad de aquél. Sólo acreditada la primera será legítimo dotar al documento de la eficacia indiciaria o probatoria pretendida«, dice.

A su juicio, y en respuesta al auto en el que pregunta a la Fiscalía si archiva la querella de Iberdrola contra Del Olmo, el letrado señala que esa decisión sólo podrá ser adoptada cuando las diligencias practicadas «evidencien de forma objetiva y clara» que los hechos objeto de investigación bien no existeno bien no revisten caracteres de delito.   «La posibilidad de sobreseer parece fundarse en la credibilidad que merece la versión de los hechos plasmada por el señor Del Olmo en el documento controvertido«. Sin embargo, apunta, no se practicado ninguna diligencia para comprobar la veracidad de lo sostenido.

La defensa recuerda que en diciembre de 2004 Del Olmo era el responsable del control de funciones corporativas de la compañía. «Su principal cometido era velar por que las facturas presentadas al pago fuesen regulares y correctas y que, en su tramitación, se hubiesen observado los procedimientos establecidos en el seno de la empresa. Pues bien,   el citado señor firma sin reparo todas las facturas que supone irregulares (sin su validación, nunca podrían haber sido pagadas) y, lejos de formalizar una denuncia ante las autoridades competentes -o, como poco, una denuncia a través de los canales corporativos expresamente previstos al efecto-, elabora un documento aparentemente oficial -con membrete de Iberdrola- que deposita en una notaría. Y allí habrían permanecido sus sospechas, sine die, si no hubiese sido por la incoación del presente procedimiento«. Añade, además, que su versión de los hechos no ha sido confirmada por ninguna de las personas que expresamente aquél señala».

Añade la defensa de Galán que el depósito notarial incluyó, junto al informe, "una serie de facturas ilícitamente sustraídas" por Del Olmo a Iberdrola (en concreto, ocho emitidas por Casesa y una por Cenyt). Un extremo que, a buen seguro, habría llamado la atención de cualquier fedatario público", señala. "Esta praxis observada por el señor Del Olmo parece no haber sido casual . De hecho, figura como investigado en un procedimiento seguido en un Juzgado de Instrucción de Madrid por apropiación ilegal y revelación de documentación contable de Iberdrola, distinta de la que aquí concita nuestra atención".