El reto de seguir construyendo el futuro

JAVIER GÓMEZ

30/03/2020
Actualizado a las 17:29h.

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El sector de las infraestructuras no había acabado de liquidar los efectos de la anterior crisis económica, la de 2008, y ya se encuentra ante otra situación sobrevenida que genera más incertidumbre sobre el futuro. La propagación del coronavirus y la parálisis de la actividad económica en España y en otros muchos países ha encendido las alertas de unas compañías que trataban de hacer frente a una menor contratación de obra pública en buena parte de los territorios en los que operan. La construcción y las infraestructuras tienen un enorme impacto en el desarrollo económico y social de España , al tratarse del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía, 1,92 euros por euro invertido, con la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos (solo 9 de cada 100 euros producidos tienen su origen fuera de nuestro país). Por ello, el papel de esta industria puede ser determinante en el medio plazo para amortiguar el contagio económico que está produciendo la crisis sanitaria del Covid-19.

En términos de actividad representa el 10% del total de la economía, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros y una ocupación de 1.268.600 trabajadores. Además, por origen de demanda, el 12% es pública y el 78% privada. Mensualmente, las obras públicas producen de media 1.233 millones de euros al mes con 152.000 empleos directos, y las obras privadas 9.104 millones de euros por mes con 1.116.600 empleos directos. Por eso, desde la patronal Seopan calculan que un mes de suspensión total de la actividad implicaría cerca de un punto porcentual menos de PIB anual, afectando a más de 1.270.000 trabajadores.

La actividad en concesiones de infraestructuras y servicios representa un volumen anual superior a 2.800 millones de euros, con distintas tipologías tanto de infraestructuras de transporte, como hidráulicas, de medio ambiente y de equipamiento público como, por ejemplo, la última extensión de la red de hospitales públicos realizada en la Comunidad de Madrid.

Únicamente la actividad económica en contratos públicos de obras en ejecución con todas las administraciones y entidades públicas empresariales -sin incluir contratos públicos de suministros, de servicios y de concesiones- representó en 2019 más de 14.800 millones de euros, correspondiendo un 36% a la Administración General del Estado, un 28% a las comunidades autónomas y el 36% restante a las administraciones locales.

Ante esta situación, los expertos consultados coinciden en que el de las infraestructuras será también otro de los grandes sectores afectados por esta crisis inesperada. Así lo entiende Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE). «Las empresas bien integradas con músculo financiero y buenos equipos integrados lo hacen bien», explica este experto. Pero apunta que «las que no lo tengan, lo van a pasar muy mal», expone Pich. Además, recuerda que «las empresas que han llegado a este momento sin tener las bases consolidadas lo están pasando peor», aunque en el caso de las constructoras «llevaban años diversificando su negocio e internacionalizándose para evitar impactos de este tipo, pero esta circunstancia no la esperaba nadie».

Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de Deloitte, destaca cómo la situación supone y supondrá todo un desafío para el sector: «Las compañías constructoras van a tener que afrontar un período de suspensión de la mayoría de sus obras como consecuencia de factores de disrupción como rupturas en la cadena de proveedores y subcontratistas, imposibilidad de garantizar la salud de los trabajadores, etc. Ello hará necesario abordar restructuraciones operativas (ERTEs, medidas de flexibilización de condiciones laborales, negociación de pactos colectivos, etc.) y financieras, renegociación de contratos, reclamaciones a la administración en contratos públicos, etc., así como mejorar los procesos de gestión contractual». Un escenario en el que, según Laserna, «se van a drenar cantidades masivas de recursos públicos y ello afectará de manera negativa a la inversión pública, haciendo más necesaria, si cabe, la colaboración público-privada para el desarrollo y la conservación de infraestructuras».

Como destaca el socio de Finacial Advisory de Deloitte, este contexto de crisis e incertidumbre provocará que las compañías titulares de obras «afronten potenciales rupturas del equilibrio económico-financiero, fruto principalmente de la pérdida de ingresos, que potencialmente impactarán de manera negativa a su liquidez y al cumplimiento de sus ‘covenants’ de financiación, lo que llevará aparejadas demandas de reequilibrio a la administración pública y la necesitad de abordar refinanciaciones».

Desde Seopan destacan, por su parte, que el Gobierno debe considerar los efectos del Covid-19 con medidas para frenar la pandemia como causa de fuerza mayor, tanto para los contratos de obras públicas y servicios, como de concesiones. Además, entre las medidas de liquidez, la patronal considera que el decreto de medidas económicas urgentes debería complementarse con medidas específicas para la contratación pública, «como autorizar anticipos a cuenta durante el periodo de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras su finalización. Esta medida, además de no suponer consumo de recurso público adicional alguno y beneficiar a todos los proveedores, subcontratistas y trabajadores autónomos, supondría también un alivio para la asignación de la línea de avales recientemente autorizada por el Consejo de Ministros», apunta.

Son muchos los expertos que destacan la importancia que el sector de las infraestructuras puede tener para amortiguar el impacto económico de la cricis del Covid-19. Por su elevado retorno económico, la inversión en este sector se convertiría en un motor de recuperación para el escenario que se avecina. De hecho, una puesta al día del «Plan Marshall», el gran programa con el que EE.UU. reactivó la economía de la posguerra mediante inversiones en infraestructuras, es una de las recetas contra la crisis, una vez superada la emergencia sanitaria, que más se están repitiendo estos días.

La colaboración público-privada para priorizar infraestructuras sostenibles y estratégicas es también la fórmula que muchos expertos repiten como eje de futuro del sector.

La seguridad hídrica, el desarrollo de la red ferroviaria de mercancias, el refuerzo del papel de los puertos como gran foco de atracción para el comercio global, la mejora de la conexión con Europa... son solo algunas de las necesidades que estarán sobre la mesa de nuestro país. Porque España ya había dejado de renovarse: el 24% de sus infraestructuras tienen más de dos década s, de acuerdo a un reciente estudio elaborado por la Fundación BBVA.

Lo cierto es que la inversión pública en infraestructuras planeada por el Gobierno para el 2020 era de unos 10.000 millones de euros, según había asegurado el propio secretario de Estado en la materia, Pedro Saura. Unos números que ya estaban muy lejos de los de hace una década. El inicio de la consolidación fiscal en 2010 supuso una drástica reducción, del 55%, de la inversión pública en España, lo que significa que, en términos anuales, se invirtiera 32.000 millones de euros menos que en el año 2009.

A la espera del impacto incial de la crisis en marcha, las constructoras, las grandes protagonistas del sector de las infraestructuras, llegan al nuevo escenario tras haber conseguido flexibilizar su modelo de negocio y de actividad. Lo llevan haciendo desde hace muchos años. Y es una tendencia que ha ido a más con el paso del tiempo.

Entre la heterogeneidad de datos que han arrojado los informes anuales de las grandes compañías españolas dedicadas a la construcción de obra pública y a las infraestructuras en general, subyace uno que ha marcado, un ejercicio más, la tendencia que venía confirmándose en los últimos años: de los más de 65.000 millones de euros que facturaron entre ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL -las grandes del sector-, más de un 75% provinieron de sus negocios en el extranjero. ACS fue la empresa que consiguió una mayor cifra de negocio en el extranjero. Acciona fue la siguiente compañía que más facturó. Por su parte, Sacyr fue la compañía que más aumentó su facturación. En lo que tiene que ver con los resultados, el comportamiento conjunto de seis empresas ha sido positivo mientras que, por separado, el año deja dos grupos que avanzan a distintas velocidades.

Las seis grandes compañías cotizadas cuentan con una cartera de pedidos futuros que llega a los 172.000 millones de euros en proyectos pendientes de ejecutar. Una cifra que, por ponerla en contexto, representa el 14% del PIB de España, valorado en su conjunto en 1,2 billones de euros. La realidad internacional sigue imponiéndose en la cuenta de resultados de estas corporaciones y no es ninguna novedad propia del ejercicio 2019, sino la consolidación de una tendencia imparable que comenzó de forma incipiente antes de la crisis económica, se confirmó como alternativa en los peores años de la recesión nacional y siguió su camino cuando comenzó la recuperación interna.

Más allá de los gigantes del sector, existen un buen número de compañías de distnto tamaño que también configuran un solido tejido empresarial en el que la creciente competencia ha dado alas a la excelencia. El alto reconocimiento que tienen nuestros ingenieros más allá de nuesras fronteras ha sido otro factor decisivo en un exitoso procedso de internacionalización que no parece que vaya a tener marcha atrás pese a las disrupciones en las cadena de valor globales que momentáneamente ha introducido el coronavirus.

Con todos estos mimbres, los puentes, autopistas, aeropuertos, canales, tranvías o vías de trenes de alta velocidad llevan el sello originario español por todo tipo de países. Entre los territorios donde más implantación tienen las empresas constructoras, por razones culturales e históricas, es en toda Latinoamérica. Y otra de las áreas económicas donde las infraestructuras españolas se han asentado ha sido en Estados Unidos y Canadá . En el primer caso, sobre todo, después de que su presidente, Donald Trump, anunciara el año pasado su potente plan de infraestructuras, con el que aspira a movilizar 1,5 billones de dólares para los próximos años. El reto para el futuro será seleccionar los mercados de menor riesgo en un momento de máxima incertidumbre.

Nuevos retos e incertidumbres, pero también posiblidades de convertirse en una palanca de recuperación, se asoman al sector de las infraestructuras y la construcción, que afronta además el reto de una disrupción tecnológica que está cambiando las reglas económicas. «La industria se está dando cuenta de la necesidad de cambiar el modelo actual. En un entorno de márgenes muy ajustados y proyectos cada vez más complejos, la capacidad para implementar la transformación digital y las nuevas tecnologías será un aspecto diferencial», asegura Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España. A pesar de tanta incertidumbre es el momento de seguir construyendo el futuro.

El estallido de la crisis sanitaria del coronavirus y su contagio a la economía abre un escenario de conscecuencia imprevisibles. Antes de la llegda de este «cisne negro», la patronal de grandes ingenierías había cuantificado las infraestructuras pendientes prioritarias en materia de transporte y agua/medio ambiente. Seopan había calculado el retorno económico y de empleo y dónde eran necesarias esas actuaciones. El objetivo es que sirvieran, por una parte, para recuperar el pulso inversor aumentando la inversión anual por encima del 2% del PIB, el umbral por debajo del cual comienza a cuestionarse el desarrollo socioeconómico del país, que es lo que había pasado en España tras la crisis. Además, serviría para reforzar la apuesta por la colaboración público-privada. Una sinergia que ahora será aún más necesaria, consideran los expertos. Sin embargo, desde la patornal aseguran que el Gobierno debería llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para hacer que este tipo de inversiones sean atractivas y rentables para los grandes inversores internacionales, ya que hasta ahora no lo han sido. La propuesta implicaría replicar el modelo de contratación de ingeniería de las grandes economías mundiales y de sus principales instituciones, como la Comisión Europea, que a la hora de contratar ingeniería otorgan un peso del 80% a la calidad técnica y un 20% al precio, de tal forma que se contrate a la mejor oferta y no a la más barata. Ahora esa horquilla es un 51% calidad y un 49% precio.

Y supondría adaptar las infraestructuras al cambio climático y cambiar el concepto de conservación, ya que deberán ser resilientes ante el impacto de los fenómenos climatológicos extremos cada vez más frecuentes.

Javier González, socio de la práctica global de infraestructuras de Kearney, destaca cómo las infraestructuras están jugando un papel importante para amortiguar el efecto del Covid-19: «Nuestros hospitales se están mostrando vitales en la crisis, aunque insuficientes incluso operando a pleno rendimiento, y con excelentes y comprometidos profesionales». Un déficit importante en infraestructuras sociales de salud y bienestar frente al resto de Europa, «con una dotación (señala González) de un 60% inferior a la media europea (tres camas hospitalarias por habitante en España frente a cinco en los países de la UE-27)».

Recuperar el impulso de inversión sostenida y no cíclica en infraestructuras de carácter social resulta, pues, esencial, destaca el especialista. Un infome de Kearney de 2015 ya identificaba ocho áreas prioritarias de inversión, entre las que destacaban infraestructuras de salud y bienestar o las de agua y medio ambiente». «La inversión en infraestructuras (continúa) también será esencial tras el coronavirus por su efecto multiplicador en la economía. La inversión en infraestructuras es el segundo mayor generador de empleo en España». Según otro estudio de Kearney, por cada mil millones de euros invertidos en infraestructuras se generan 14.000 empleos y casi se duplica su valor en actividad económica con un retorno fiscal de casi el 50%.

Por ello, «España deberá buscar el equilibrio entre maximizar la inversión pública (por el carácter social de la inversión sostenida) con la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación privada, en un marco regulatorio coherente que permita armonizar nuestro modelo de financiación de infraestructuras con las mejores prácticas europeas», concluye.

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