Las regiones triplicarán el objetivo de déficit en 2019 por el aumento del gasto en plenas elecciones
El Gobierno admite a Bruselas que la deuda pública aumentará este año en 24.000 millones
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sentenció hace años que la Ley de Estabilidad, el armazón de controles que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy para vigilar las cuentas públicas y reducir el déficit, solo podría comprobar su eficacia cuando las comunidades autónomas dejaran de elevar su déficit cada vez que hubiera elecciones. Algo que sigue sin ocurrir. El Gobierno ha reconocido a la Comisión Europea en sus previsiones fiscales para este año que regiones y ayuntamientos han empeorado su situación : en el caso de las comunidades triplicarán su objetivo de déficit, al cerrar 2019 con un 0,3% del PIB de agujero, frente a la meta y previsión del Gobierno en marzo, del 0,1%.
En la segunda notificación de déficit y deuda a Bruselas, el Ejecutivo pronostica que el déficit acabará 2019 en el 2% del PIB, con 25.351 millones . Pero al desagregar los datos del Ejecutivo, el boquete de las regiones acabará el año con un aumento de 116 millones de euros frente a 2018, en lo que supone el primer aumento del déficit autonómico desde 2015 , fecha de los últimos comicios regionales. Los datos hasta agosto que ayer difundió Hacienda recogen que el desequilibrio de las regiones alcanzó hasta agosto los 2.576 millones de euros, un 0,2% del PIB, que contrasta con el superávit de 1.092 millones del mismo mes de 2018. Una situación preocupante que provoca que la Autoridad Fiscal augure que el déficit regional será incluso mayor este año: del -0,5%.
Si bien parte de este empeoramiento se debe a que en agosto el Gobierno aún retenía los 4.700 millones de euros en recursos pendientes a las regiones, también se explica por un alza de gasto del 5,4% que no se veía en seis años , desde que arranca la serie histórica de Hacienda. Solo Navarra mejora sus números -con un superávit de 33 millones-: el resto de las regiones los empeoran, con Extremadura liderando los números rojos (-1.57% del PIB) y Comunidad Valenciana ( -0,77%) como la que más ha elevado su boquete, al multiplicar por diez su desequilibrio.
Frente a las previsiones que el Gobierno remitió a Bruselas en marzo, el Ejecutivo introduce algunos cambios: por un lado mejora el déficit del Estado en dos décimas -del 1% del PIB al 0,8%-, pero empeora el de las regiones en otras dos -desde el 0,1% anterior- y reduce el superávit de las corporaciones locales en una, al 0,4% del PIB. Ello supone, según el Gobierno, un superávit de 4.645 millones (un 0,4% del PIB) , es decir, 1.125 millones menos que un año antes y 1.276 menor de lo que auguraba en marzo, antes de los comicios locales. El último año que los municipios tuvieron un superávit tan bajo fue en 2015, precisamente cuando se celebraron las últimas elecciones locales.
El Estado prevé cerrar el año con un déficit de 9.795 millones, en lo que supone un ajuste de 6.125 millones en 2019 , el más ambicioso de todas las administraciones al pasar del 1,3% del PIB de desequilibrio al 0,8%. Hasta septiembre, el desequilibrio se ha reducido un 38,4% hasta el 0,63% del PIB, 7.808 millones.
Caída de la inversión pública
Ello se debe a que la recaudación repunta a un ritmo del 2,2% mientras el gasto, ante la prórroga presupuestaria, apenas crece un 0,8%. Ello se deja sentir en la inversión pública, una rúbrica clave para capear la desaceleración pero para la que el Gobierno calcula que este año acabará en los 25.071 millones, 644 menos que en 2018 en lo que supone un 2,1% del PIB, bajo mínimos como ha ocurrido desde el estallido de la crisis. La Comisión Europea ha reprendido a España por el bajo nivel de inversión pública en alguna ocasión.
En cuanto a la Seguridad Social, el Gobierno prevé que reduzca su déficit en 260 millones hasta los 17.109 millones (un 1,4% del PIB), lo que contrasta con los 17.558 millones de agujero que auguraba el Ejecutivo a Bruselas en marzo. Hasta agosto recogen un incremento del déficit del 19%, hasta los 6.221 millones, que aumentará a final de año con el desembolso de la extraordinaria de Navidad a los pensionistas.
En definitiva, el Ejecutivo traza unas previsiones amables, en las que la deuda pública habrá aumentado este año de parón político en 23.897 millones de euros hasta los 1.197.200, cumpliendo su objetivo del 95,9% del PIB. El Gobierno también cree que pagará este año menos intereses de deuda, con 28.118 millones, 1.183 menos que en 2018, ante la relajación de la política monetaria del BCE. Ello redundará en un superávit primario, es decir descontando intereses, de 2.767 millones, lo que no ocurría desde 2007. Previsiones que se basan en la asunción de unas estimaciones que la Autoridad Fiscal discute, ya que tilda de «improbable» que la deuda no termine el año con un montante mayor.
