Las razones detrás del rechazo a la subida de impuestos al diésel
El Gobierno estimaba que recaudaría 500 millones por una medida que ni PNV, ni Ciudadanos, ni el FMI ven con buenos ojos
La equiparación progresiva del Impuesto a los Hidrocarburos sobre los vehículos de diésel frente a los de gasolina era uno de los grandes objetivos del Gobierno. El PSOE ya propuso esta medida en los Presupuestos de 2018, aún con Mariano Rajoy en el poder, y en el frustrado proyecto de cuentas de 2019 la introdujo. Finalmente, la negociación con PNV parece que la ha apartado del proyecto, aunque el partido nacionalista también anunció que había conseguido eliminar la subida hace tres semanas, lo que fue rechazado entonces por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por lo que habrá que ver cómo evolucionan los pactos a uno y otro lado del tablero político, si bien Ciudadanos también rechaza un incremento fiscal. Pero, ¿qué supone la medida?
¿Quién defiende subir impuestos al diésel?
La medida es una bandera del PSOE y, sobre todo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comandado por Teresa Ribera. Unidas Podemos no ve con buenos ojos este incremento fiscal, que tiene impacto sobre las rentas bajas y medias como alertó al Gobierno, sin referirse específicamente a esta figura, al impuesto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre España hace escasamente una semana. Una de las alternativas que ha barajado el Ejecutivo en el pasado consiste en no incluir este incremento en los Presupuestos pero sí en alguna otra norma, como la de Cambio Climático y Transición Energética vía enmienda.
¿Es un buen momento para subir el diésel?
Desde el Gobierno creen que hay que ir reduciendo progresivamente los incentivos fiscales al diésel en un momento en el que la movilidad se ha reducido y el precio de los carburantes se ha abaratado, debido precisamente a la crisis. Sin embargo, el propio FMI abunda que aquellas subidas fiscales que perjudiquen a las rentas bajas, es mejor postergarlas a cuando la situación económica haya mejorado.
«Medidas que tengan un efecto desproporcionado sobre las rentas bajas para elevar la recaudación de IVA o subir los impuestos medioambientales, deberían esperar hasta que la recuperación sea firme y venga acompañada de gasto focalizado en proteger a los más vulnerables», recogía la institución. En el pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos no está la medida, lo que indica que para la formación morada no es una prioridad. El FMI y la Comisión Europea han reclamado en el pasado este tipo de incrementos fiscales debido a que nuestro país recauda un 1,8% del PIB en impuestos verdes, frente al 2,4% de media europea. Sin embargo, el organismo con sede en Washington cree que es mejor aprobarlos en 2022 que en 2021.
¿Qué efecto recaudatorio tiene la medida?
Los Presupuestos prevén que los ingresos aumenten en 450 millones este año y 50 el siguiente, 500 millones que, de prosperar la negativa del PNV, se restarían del proyecto de Presupuestos. En dos semanas ya se han producido dos medidas que hacen menguar la recaudación prevista de las futuras cuentas. Estos menores ingresos se suman a los de la bajada del IVA a las mascarillas quirúrgicas, que según Hacienda supondrá entre 350 y 850 millones menos para las arcas públicas, según mejore o no la situación epidemiológica en función de si llega la ansiada vacuna.
En este caso, Montero rechazó tener que ajustar más el gasto en 2021 para compensar esta menor recaudación, en sus palabras, «porque el cálculo de la previsión económica se ha hecho con todos esos esfuerzos». Precisamente, la subida al diésel era de las que menos incertidumbre tenían para organismos y casas de análisis, frente a las estimaciones de ingresos de la tasa Google o la tasa Tobin, sobre las que la Comisión Europea ya manifestó sus dudas.
¿Cuál es el impacto sobre el bolsillo?
La subida suponía 3,8 céntimos más por litro, de forma que el tipo estatal pasaba de los 30,7 céntimos a los 34,5 céntimos. El tipo sobre la gasolina seguiría siendo más alto, de 40,07 céntimos en la actualidad, pero la distancia entre ambos carburantes sería menor. Hacienda calcula que un usuario medio tendría que pagar 3,45 euros más al mes y unos 38 euros adicionales al año por la medida.
