«Queremos equiparar la baja de paternidad y maternidad de los funcionarios en 2019»
Entrevista al secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, que apunta que «tras haber acordado la oferta, negociaremos en septiembre con los sindicatos la mejora de las condiciones de los empleados públicos»
En las escasas seis semanas en el cargo, el departamento que comanda José Antonio Benedicto (Santander, 1971), nuevo secretario de Estado de Función Pública, ha publicado tres decretos con la nueva oferta de empleo público – que completa la mayor desde 2008 –, una extraordinaria de asilo y refugiados y la de estabilización de interinos, además de aprobar las estructuras ministeriales para llegar en plazo. Más allá de urgencias, los retos se negociarán a la vuelta del verano, cara a cara con sindicatos y administraciones: «No dejaremos de atender políticas públicas porque no haya empleo. Tras la crisis, ahora se pueden hacer políticas de recursos humanos en la Administración y habrá que ver qué margen tenemos en los Presupuestos», señala en una entrevista con ABC. Una de las intenciones, apunta, es comenzar la equiparación de la baja de paternidad –5 semanas– con la de maternidad –16– para los empleados públicos de la Administración General del Estado el próximo año, aunque no hay nada desarrollado aún. En el horizonte figura el ejemplo de Andalucía , que de forma gradual decidió hace dos semanas elevar la baja de paternidad a diez semanas en 2019 para sus funcionarios para equipararlo por completo en 2020.
—¿Cuáles son sus prioridades?
—Queremos abrir todas las mesas que deseen los sindicatos. Es verdad que aquí ejercemos de patronal pero trataremos de acordar lo máximo que podamos. Es el caso de la equiparación de la baja de paternidad y maternidad para los empleados públicos, que nos han pedido los sindicatos, y queremos impulsar.
–¿Esto se plantearía también para el sector privado?
–Nosotros nos limitamos al ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y es un tema que ni se plantea con carácter básico. En nuestro caso, lo impulsaremos en la mesa general de la AGE que es donde los sindicatos nos lo han demandado y donde vamos a trabajar con ellos.
–¿Para que entre en 2019?
–De cara a 2019 o para cuando podamos firmar el acuerdo.
–¿La idea del Ministerio es desarrollar el acuerdo con los sindicatos firmado por el anterior equipo o mejorarlo? Por ejemplo, en salarios...
–Nadie se cuestiona revocar o derogar el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, ya que fue un buen acuerdo. El objetivo en el ámbito salarial es respetar sus términos y así lo ejecutaremos en el anteproyecto de Presupuestos para 2019 y 2020. Ahora bien, el acuerdo establece la posibilidad de negociar muchos derechos que los funcionarios perdieron o que se plantean de cara al futuro. Aquí tenemos todas las posibilidades del mundo. Queremos desarrollar el acuerdo en todos sus extremos y también, si hay negociación, mejorar las condiciones de los empleados más allá del texto. Nuestra prioridad en estas seis semanas han sido los temas económicos. Hemos aprobado la oferta de empleo público de la manera más inmediata posible una vez han entrado en vigor los Presupuestos y hemos recuperado el cobro total de la nómina por Incapacidad Temporal. Ese 100% que se perdió en 2012 y que nunca se debió perder. Ahora en septiembre nos sentaremos a negociar temas que no tienen que ver de forma directa con retribuciones sino con condiciones.
–¿Qué temas?
–Debemos acordar el 5% de jornada laboral a conciliación, que establece el acuerdo y los Presupuestos de 2018. También negociar el IV Convenio Único, y a qué vamos a destinar el 0,2% adicional de masa salarial que fija el acuerdo cada año. Además, priorizamos la movilidad de funcionarias objeto de violencia de género y acoso sexual en el trabajo y queremos hacer una propuesta concreta en septiembre. El III Plan de Igualdad queremos abordarlo en cinco o seis meses, mismo tiempo que nos hemos dado para el decreto de estabilización de empleo de 2018 y 2017. Queremos que la recuperación llegue a los empleados públicos y que la oferta aumente.
–¿Se plantean las 35 horas para la Administración del Estado?
–No es una posibilidad, porque para poder regularlas el acuerdo fijó que hay que cumplir los objetivos de estabilidad y el Estado no los cumple.
–¿Se va a potenciar la productividad?
–Queremos mejorar las condiciones del empleado público y la eficiencia. Para ello hay que tener proyectos piloto que estén bien diseñados y adaptados. Yo no me he encontrado con nada desarrollado encima de la mesa, así que a corto plazo no es factible pero sí a medio. En el ámbito de la modernización está la Ley de Procedimiento Administrativo y la de RégimenJurídico que entran en vigor en breve con todos sus aspectos. También queremos trabajar en el Real Decreto que desarrolla las nuevas leyes con sindicatos y administraciones. Nos planteamos tenerlo desarrollado en un año, que es lo que tarda en tramitar una norma de esta relevancia. En Administración Digital, el decreto de accesibilidad a páginas web y móviles de la Administración será una realidad en septiembre.
–¿Van a aprobar medidas contra el absentismo en las plantillas públicas?
–Los Presupuestos vinculan la aprobación del 100% de incapacidad temporal con la creación de un grupo de trabajo en este aspecto y eso haremos en septiembre para acordarlo con agentes sociales y comunidades en octubre. La idea de publicar listas por administraciones del anterior equipo hay que abordarla viendo su contenido y la definición de absentismo.
–¿Cómo van a reforzar el Portal de Transparencia?
–Ya me he reunido con sus subdirectores y es un objetivo reforzarlo. Con medidas, no solo con recursos, sino también para facilitar el acceso de ciudadanos. No se llegó a aprobar el decreto de transparencia que creaba un procedimiento sancionador contra las administraciones opacas pero lo tenemos en la agenda.
–¿Cómo va a funcionar el grupo de expertos para la eficiencia del sector público? ¿Finalmente lo liderará Jordi Sevilla, ahora presidente de Red Eléctrica?
–Sevilla no va a dirigirlo ya. La idea es crear un grupo que proponga medidas concretas para aprobarlo en los siguientes meses, y luego un grupo de carácter general que plantee medidas que se puedan llevar a medio y largo plazo.
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