Primera convocatoria de subvenciones de formación profesional abierta a la concurrencia
El Gobierno eliminó la exclusividad que tenían la patronal y los sindicatos en estos cursos
El patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (la antigua Fundación Tripartita) ha aprobado la convocatoria de ayudas para la formación de trabajadores prioritariamente ocupados. Es la primera que se realiza en libre concurrencia, ya que la ley 30/2015 aprobada por el Gobierno del PP eliminó la exclusividad de la que gozaban la patronal y los sindicatos en estos cursos.
Las ayudas previstas en esta convocatoria ascienden a 250 millones de euros, cantidad que procede de las cuotas que pagan empresarios y trabajadores para la formación.
Bajo la presidencia del secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y con la asistencia de los representantes de la Administración del Estado, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de la mayor parte de las comunidades autónomas, ayer se celebró la primera reunión del patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
La convocatoria anteriormente mencionada fue aprobada con el voto favorable de los representantes de la Administración del Estado, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, así como de los representantes de las comunidades de Extremadura, Valencia, Castilla-León, Galicia y Madrid.
Principales reformas
La ley 30/2015, que recibió el apoyo parlamentario del 90% de ambas Cámaras (Congreso y Senado), introdujo importantes cambios en la normativa sobre formación para, entre otros motivos, dotarlos de mayor transparencia y evitar los supuestos abusos cometidos por empresarios y sindicatos. Así, se eliminó la habitual subcontratación y se limita el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25% del importe concedido. Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y como mínimo un 40% del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
También se incrementan los recursos para luchar contra el fraude y se refuerza el régimen sancionador. Asimismo, los costes indirectos no podrán superar el 10% del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
