Los Presupuestos de 2019 incluyen la mayor subida de impuestos desde 2012
La presión fiscal sube al 35,5% del PIB su mayor cota desde 2007, con el mayor alza en seis años, que sustenta el crecimiento más alto del gasto desde Zapatero
El Gobierno fía el futuro de la legislatura al éxito de los Presupuestos de 2019 que entregó al Congreso de los Diputados. Estas cuentas, a diferencia de las anteriores caminan sobre la cuerda floja, con el abismo del adelanto electoral en la recámara, todo un arma política para el Gobierno, consciente de que independentistas y nacionalistas observan esta posibilidad con espanto.
Para amarrar sus apoyos y los de Podemos, socios necesarios, las cuentas vienen trufadas de guiños sociales y electorales, con el mayor crecimiento del gasto desde la etapa del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Y gestos políticos, con Cataluña en el centro de las partidas: la comunidad lidera los aumentos de inversión y financiación y las cuentas proveen de medidas que la Generalitat ve con buenos ojos como reestructuración de deuda y alargamiento de plazos de financiación. Gestos encaminados a arañar el apoyo de Pdecat y ERC , que mantienen el suspense.
Bajo la óptica del Govern, los Presupuestos acatan la dispoción adicional tercera del Estatut de Cataluña y destinan un 18,5% del total de la inversión, que crece en la región un 60% hasta los 2.251 millones, que incluyen 200 millones para cumplir la sentencia del Supremo que instó al Gobierno a compensar la inversión correspondiente de 2008. Junto a ello, Canarias y Cataluña son las comunidades que mayor aumento de la financiación reciben con un incremento superior al 8%, en lo que además despliega los mayores recursos de la Historia a las comunidades, 110.448,8 millones, un 6,4% más en pleno año de elecciones.
Porque los cimientos de las cuentas se asientan sobre una r ecaudación récord , que eleva la presión fiscal del 34,5% al 35,5% del PIB, , el mayor alza desde la subida de impuestos de 2012 y con un incremento de los tributos de 5.654 millones que llevará la recaudación a niveles récord, con 227.356 millones, un 9,5%, y marca la mayor subida de impuestos desde hace siete años, cuando España estuvo al borde del rescate y el déficit finalmente perforó el 9% del PIB.
Unos ingresos que ahora «refuerzan el Estado del Bienestar», apuntó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien remarcó que la presión fiscal está lejos de la UE, donde rige el 41,4%, por lo que instó a ir convergiendo con el Viejo Continente los próximos años. El alza de los ingresos que supera el crecimiento del PIB nominal, que repuntará un 3,8%, después de que el Ejecutivo empeorara sus estimaciones de crecimiento real en una décima al 2,2%, achacándolas al mayor ajuste del déficit.
Estas optimistas previsiones tendrán su colofón en unos días con la aprobación de dos nuevos impuestos a servicios digitales y transacciones financieras para ingresar 2.000 millones más. Unas estimaciones que arquean las cejas de Autoridad Fiscal, Comisión Europea y Banco de España, que creen que el aumento de los ingresos será menor.
Subidas de IRPF, Socimis, diésel y empresas
De esta forma, los Presupuestos elevan el IRPF al 0,4% de los contribuyentes a los que afectará el alza para los que ganan más de 130.000 euros en rentas del trabajo, quienes experimentarán una subida del tipo marginal del 45% al 47% que escalará al 49% en el caso de los que perciben más de 300.000 euros. Junto a ello, subirá Sociedades a grandes empresas y fortunas –Patrimonio pasa a ser permanente– y subirá el diésel en 3,4 céntimos el litro con excepciones a transportistas, ciertos profesionales –no todos– y agricultores para recaudar 670 millones. Las 224 socimis que hay en nuestro país pagarán 10,5 millones de euros por el establecimiento de un tipo del 15% en Sociedades al beneficio no distribuido, exigencia de Podemos que se suma a las cuentas.
Del lado de las rebajas fiscales, las cuentas incluyen bajadas selectivas a empresas que facturen hasta un millón de euros, que incorporen mujeres a sus consejos de administración, y baja el IVA a compresas, tampones, preservativos, servicios veterinarios y libros y publicaciones electrónicas. Con estas excepciones, las beneficios fiscales, que suponen un agujero en la recaudación de excepciones y demás, suben un 6% hasta los 37.237 millones.
Crecimiento del gasto
Como fuere, el aumento récord de la recaudación y las subidas de impuestos se destinan a financiar un imponente incremento del gasto público, que en su vertiente no financiera engorda un 5,3% hasta los 345.358 millones de euros. Un crecimiento que no se producía desde 2010, cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero terminó de aprobar los incentivos del Plan E tratando de dar un impulso fiscal a una economía en recesión, en lo que disparó el déficit por encima del 10% del PIB.
El Gobierno ha diseñado así unas cuentas con marcado carácter social, en las que la Dependencia eleva su partida un 59% hasta los 2.232 millones de euros para beneficiar a 270.000 personas. Que además suprime el copago farmacéutico a los pensionistas con rentas menores a 11.200 euros anuales y a perceptores de la prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo, lo que impactará en 300 millones de euros.
En esta amalgama de medidas, también hay guiños a hogares al incluir la gratuidad de las guarderías locales de 0 a 3 años, un auemtno del 10% de lo destinado a becas, las ayudas a familias que suben en 321 millones, 50 millones más para material escolar gratuito y la extensión del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, en lo que implicará un coste de 825 millones y beneficiará a 190.000 hogares.
Desembolso histórico en pensiones
Pero el verdadero elefante en la habitación es el gasto en pensiones, que se lleva un 42,1% del presupuestos y supone ya 153.864 millones de euros de factura anual. Como ya pactó con PNV el Ejecutivo de MarianoRajoy, el Gobierno vincula las prestaciones al IPC y sube las pensiones un 1,6% –si los precios aumentan por encima de este porcentaje compensará el desvío, como hará en febrero por el 1,7% de 2018. Con el sistema en números rojos, con un déficit que el año pasado alcanzó máximos con 18.937 millones y este año se quedará en 18.650, el Estado volverá a prestar 15.164 millones de euros a la Seguridad Social.
También crece con fuerza los gastos de personal, un 3,9% hasta 23.372 millones por el aumento salarial pactado del 2,25%, que tendrá un 0,25% adicional en julio si se constata que el PIB creció más de un 2,5% en 2018. Se trata de la mayor subida desde 2009.
Toda esta «mascletá» de gasto se produce en un momento delicado para la economía, que reduce su brío ante el deterioro internacional, y en el que, la ocupación registrará su ritmo más bajo desde 2013: al elevar la ocupación «solo» un 1,8% se crearán entorno a 330.000 empleos –pese a que ayer la ministra de Hacienda estimó que estaría cerca de los 400.000–.
La gran víctima será el déficit, que tiene un objetivo líquido: el Ejecutivo se ha visto obligado a hacer unas cuentas con la meta del 1,3% del PIB, pero realmente el objetivo continúa siendo el 1,8%, ya que la principal forma de ajustar estas cinco décimas de diferencia –unos 6.200 millones de euros– será adelantando la declaración de IVA de las grandes empresas en diciembre, del 30 al 20 de dicho mes, para así tratar de abarcar 13 meses de recaudación que supondrán más de 5.000 millones más de ingresos . Un ardid contable que tiene repercusión en caja, pero no a efectos de devengo que es el que rige en contabilidad nacional a efectos de déficit y que debe contar con el visto bueno de Bruselas. La propia María Jesús Montero señaló que de aprobar la senda de déficit que quiere el Ejecutivo no será necesario reformar las cuentas.
Los Presupuestos, en definitiva, priman la consolidación política –del Gobierno Sánchez– frente a la fiscal, ante una desaceleración del exterior cuya factura aún es una incógnita. Un cambio de ciclo que llega, al menos, con elecciones autonómicas, municipales y europeas en el albero, lo que paraliza las reformas a acometer y dispara los gastos. Inmersas en época de exámenes y urnas, las cuentas ya aguardan su evaluación por parte del Congreso de los Diputados.
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