La policía alemana registra las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por un presunto blanqueo de dinero

Ha sido una operación coordinada de todas las autoridades financieras y de seguridad de Alemania. Un total de 170 funcionarios de la Fiscalía de Fráncfort , la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA), el departamento de investigación fiscal y de la policía federal se han presentado hoy sin previo aviso en la sede del mayor banco de Alemania, en la ciudad de Fráncfort. Según la Fiscalía, han sido registrados además otros seis edificios de Deutsche Bank en varias ciudades. Y todo ello por la sospecha de que desde sus oficinas se ha estado ayudando a los clientes a crear compañías offshore, empresas pantalla, en paraísos fiscales. A esto se suma que supuestamente se transfirió dinero procedente de delitos penales a cuentas del Deutsche Bank sin que el banco comunicara sospecha alguna de blanqueo de capitales.

La Fiscalía actúa después de que medios de comunicación alemanes destapasen el pasado mes de octubre una trama en la que, a través de operaciones con negocios bursátiles, las autoridades fiscales de varios países europeos habrían dejado de percibir 55.200 millones de euros en impuestos. «Se trata del fraude fiscal más grande de la historia de Europa», juzgó entonces el catedrático de Economía, Christoph Spengel, citado por el semanario alemán «Die Zeit», uno de los creadores del consorcio de investigación «Correctiv».

Los primeros indicios se remontan al 7 de noviembre de 2016, cuando uno de los responsables del fraude, a quien se identifica con el nombre falso de Benjamin Frey, empezó a ser interrogado por la fiscal Anne Brorhilker. La fiscal extendió después las investigaciones a otros países donde también ha pedido que se registren oficinas y viviendas. Uno de los bancos que los medios alemanes mencionan entre los posibles implicados es el español Santander.

El modelo que permitía el desfalco lleva a que sus actores reciban del Estado devoluciones mayores que los impuestos que habían pagado, gracias a un sistema de circulación de acciones en los días en que se pagan dividendos que hace casi imposible que el fisco determine quién es el propietario de la acción en el momento decisivo.

Las investigaciones de la fiscal Brorhilker cifran en 31.800 millones de euros entre 2001 y 2016 la cantidad evadida. En Bélgica, Dinamarca, Austria, Noruega y Suiza, según asegura Die Zeit, las autoridades han confirmado, oficial o extraoficialmente, haber sido víctimas de la trama.