UGT pide al Gobierno que los sueldos públicos suban los próximos cuatro años «al menos» con el IPC
El sindicato ofrece un acuerdo de legislatura, prevé que el Ejecutivo aprobará la oferta de empleo de 2020 en verano y critica que en la Sanidad haya 42.000 interinos más que hace tres años
Una vez que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha aprobado la subida del 2% fija para los empleados públicos , cumpliendo con el acuerdo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy firmó con los sindicatos, ahora las centrales abren la puerta a un nuevo pacto de legislatura. Así lo ha ofrecido UGT esta mañana, en palabras del secretario general de Empleados de los servicios públicos del sindicato, Julio Lacuerda, quien ha pedido un nuevo acuerdo que «al menos» garantice el poder adquisitivo de los funcionarios estos cuatro años, es decir, que evolucione como el IPC , aunque el sindicato se ha mostrado abierto a volver a incorporar variables con incrementos adicionales vinculados al PIB o el cumplimiento del déficit, como ocurrió hace dos años. «Nos parece bien que las retribuciones se comporten según vaya la economía», ha aseverado.
Lacuerda calcula que desde 2018 hasta que acabe 2020 los empleados públicos habrán aumentado su poder adquisitivo en 4 puntos. Ello se debe a que el año pasado la subida salarial fue del 2,25%, frente a una inflación que no superó el 1%, a lo que se suma el incremento del 1,75% de 2018 (cuando la inflación fue del 1,7%) y que este año aún hay 0,55 puntos pendientes de subir si el Ejecutivo cumple su objetivo de déficit de este año, lo que dependerá de las nuevas metas que incluyan las cuentas que el Ejecutivo aún debe remitir a las Cortes. Como fuere, este incremento no se produciría hasta 2021.
De momento, de cara a que se terminen de cumplir los acuerdos ya firmados, UGT pide una prórroga de un año para cerrar los procesos de estabilización abiertos. La razón es el retraso que sufren aún sectores como la Educación o la Sanidad . En este último, hay 42.000 interinos más que en 2017, cuando se firmó el pacto para hacer fijos a 350.000 eventuales con la intención de reducir la tasa de temporalidad del 27,8% actual al 8%.
Lacuerda ha señalado que, incluso con la prórroga, es «muy difícil» que se llegue a esta meta en sectores como la Sanidad -donde desde 2017 se han convocado 79.316 plazas frente al objetivo de 132.582- o la Educación -con 84.140 plazas convocadas y una meta de 151.136-. El secretario de UGT ha pedido la «eliminación» de la tasa de reposición, es decir, el porcentaje de bajas que cubren las ofertas que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en 2012.
Junto a ello, el Ejecutivo aún debe aprobar la nueva oferta de empleo público para este año de cara a la Administración Central. UGT no cree que esto se produzca hasta «junio o julio», cuando entren en vigor los Presupuestos Generales de 2020, de acuerdo al calendario que maneja el Gobierno. En palabras de Lacuerda, no parece que el Gobierno vaya a sacar la medida por decreto-ley, como hizo el año pasado en marzo, cuando aprobó la mayor oferta de empleo en diez años.
Misma suerte parece que correrá la negociación del 0,3% de aumento de masa salarial que deben repartirse en forma de fondos adicionales, en base a criterios como la productividad o la equiparación. En el caso del Estado, este incremento supondrá 22 millones de euros.
Como fuere, más allá del aspecto retributivo, Lacuerda ha llamado a recuperar la negociación colectiva en cada administración, para que se negocien aspectos como las vacaciones, que ahora están blindados para el conjunto del sector público. «Nos parece tan o más importante el desarrollo normativo que un nuevo acuerdo en materia de salarios», ha afirmado.