Pedraz archiva la investigación contra Mario Conde por blanqueo porque no ve indicios de delito

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado provisionalmente la causa abierta a Mario Conde por blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución. El instructor considera que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción en la querella que presentó contra el ex presidente de Banesto.

E n ese escrito, la Fiscalía aseguraba que Conde dirigía a un conjunto de personas compuesto por familiares, empleados, amigos y afines que, durante los últimos 17 años habrían logrado colocar, encubrir y repatriar cantidades de origen ilícito. Con esas operaciones, a nombre de terceros, Conde trataba de evitar, según el Ministerio Público, el decomiso de fincas que en virtud de las sentencias condenatorias de Banesto y Argentia Trust debían ejercutarse.

El fiscal tipificaba los hechos como una actividad de blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que Conde realizó contra las arcas de la entidad de Banesto. Igualmente, el Ministerio Público le atribuía ocho delitos contra la Hacienda Pública en relación a cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de los ejercicios no prescritos de los años 2011 a 2013 de las sociedades Barnacla, Black Royal OAK y Oleificio Español SA.

Después de todas las diligencias practicadas, el juez concluye que el dinero investigado no tiene un origen relevante para el proceso porque «sería anterior a Banesto», como así ha ratificado el perito judicial designado. El juez explica que la comisión rogatoria cursada a Suiza para requerir la documentación bancaria sobre las cuentas y movimientos realizados por el ex banquero en entidades suizas, concluye que provienen de diversos ingresos realizados entre los años 1980 a 1985, relacionados con la venta de Antibióticos y por ingresos de una inversión inmobiliaria en Londres, devengados entre 1994 y finales de 2009. El perito ratificó en su comparecencia ante el juzgado que los fondos aflorados coincidían con los fondos transferidos con anterioridad a los años investigados por la Justicia española.

Tampoco considera acreditados los delitos contra la Hacienda Pública ni el de organización criminal al no existir «fin delictivo» por lo qe procede también el sobresemiento respecto de los demás investigados.