Líneas rojas de Montoro para la reforma de la financiación autonómica
Montoro urge a armonizar Sucesiones entre regiones y postergar la devolución del FLA
El Ministerio recomienda que las regiones aplacen el reembolso de 165.000 millones al Estado y crear una «hucha» para pagar Sanidad y Educación en épocas de crisis
Los barones autonómicos se despertaron ayer con el informe sobre la reforma de la financiación autonómica enviado por el Ministerio de Hacienda en el buzón. El documento, que recopila las propuestas de la Comisión de Expertos y del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), revela por primera vez la postura del Estado en determinados aspectos del futuro modelo. Una suerte de líneas rojas , ya que los detalles más delicados se dejan para la negociación política entre barones y Gobierno. Las peticiones generales que ha trazado el Ministerio pasan por una armonización del Impuesto de Sucesiones , la creación de una hucha para financiar Sanidad y Educación que se nutra de recursos en ciclos de bonanza, el rechazo a ceder más recaudación de IRPF que el 50% actual y dilatar la devolución de los mecanismos de financiación que el Estado ha desplegado a las regiones.
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A lo largo de las cincuenta páginas a las que ha tenido acceso ABC se desprende que los impuestos son el gran campo de batalla entre comunidades, el asunto más espinoso. Hacienda defiende una armonización de impuestos como Patrimonio o Sucesiones y de la normativa tributaria entre regiones, si bien evita ahondar en proceder a una igualación de los tipos. El Estado apuesta por « armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente».
En el impuesto de Sucesiones y Donaciones , que se ha convertido en una trinchera fiscal entre comunidades de cara a las próximas elecciones, apuesta por la «exclusión de la posibilidad» de que las comunidades puedan aprobar « reducciones en la base imponible » aunque no rechaza que puedan aprobar los tipos de gravamen y las deducciones o bonificaciones que deseen. Este peliagudo asunto queda pendiente de «especificar en fases posteriores», es decir, en la negociación política. Si las regiones no pudieran fijar reducciones, Madrid podría seguir bonificando el 99% del impuesto entre familiares directos, pero por ejemplo, Andalucía no podría permitir que el primer millón de euros no tributara entre herederos directos con la actual fórmula . Esta fue una exigencia de Ciudadanos para apoyar las cuentas a Susana Díaz, quien acusó el año pasado a Madrid de «dumping fiscal».
No habrá más IRPF
El Estado también rechaza, ya que «no existe consenso», la propuesta del grupo de expertos en financiación autonómica de que las comunidades puedan decidir un tipo colegiado de IVA , en comandita. La división entre comunidades ante la dificultad política de subir el IVA no ha permitido que la propuesta medre. El Estado también se opone, como el grupo de sabios, a ceder más de un 50% de la recaudación de IRPF que tienen ahora . «Dicha modificación alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta cesión», sentencia. Varias regiones como Madrid habían pedido aumentar su participación en los ingresos del Impuesto sobre la Renta.
Pese a ello, Hacienda sí apoya incorporar a la cesta de tributos cedidos el Impuesto sobre el Patrimonio , el de Actividades de Juego y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito. Pese a que en la actualidad las regiones cuentan con la recaudación de estos tributos, el Estado puede decidir sobre ciertos aspectos de gestión, como suprimirlos –así lo ha hecho en la práctica con el de los depósitos al fijar un tipo cero–. Al cederlos por completo, cada región tendrá margen total sobre los tributos.
Alargar plazos de endeudamiento
El grupo de sabios, elegidos al alimón por Hacienda y comunidades, había cifrado en 16.000 millones las necesidades de financiación anuales adicionales para las regiones. El Estado propone la creación de «fondos de reserva», a imitación de la «hucha de las pensiones», que «se doten en los periodos de crecimiento de los recursos y se apliquen en los periodos recesivos». Así se trataría de evitar los recortes en Sanidad y Educación en vacas flacas, como ocurrió en la crisis.
Junto a ello, Hacienda abre la puerta a que barones y Gobierno negocien una reestructuración de los 165.000 millones de deuda autonómica que el Estado tiene en sus manos por desplegar mecanismos de financiación desde 2012. El Estado considera que «cualquier supuesto de reestructuración» se debe asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales. Además, ve « recomendable » el « alargar los plazos de su endeudamiento , con respeto en todo caso al principio de prudencia financiera» para así « incentivar la salida a los mercados de las comunidades» . Ello se traduciría en dilatar la devolución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Facilidad Financiera de las regiones al Estado.
Al igual que la mayoría de las comunidades, el Ministerio urge a «reducir los mecanismos de forma sustancial» de forma que su utilización por parte de las comunidades obedezca a una «verdadera necesidad de liquidez» o a «la existencia de situaciones financieras muy graves». Hacienda llama a las regiones a retirar el FLA.
Alegaciones hasta el martes
Las regiones tienen ahora hasta el martes 29 de mayo a las 11:00 para enviar sus alegaciones al borrador del informe. Varias comunidades, entre ellas Murcia, pidieron alargar el plazo del viernes 25 al martes 29 , para poder estudiar con mayor rigor el borrador. Las alegaciones podrán matizar las medidas de las regiones, no así las del Estado, por lo que los cambios se antojan acotados. Tras las lecturas de cada experto en el CTPE, se redactará el informe definitivo y se procederá a convocar previsiblemente para junio el prometido Consejo de Política Fiscal y Financiera para acercar posturas sobre el modelo.
Hacienda defiende simplificar el número de fondos para que haya solo tres: el Fondo Básico de Financiación (FBF), el Fondo de Nivelación Vertical (FNV) y un Fondo Complementario de Financiación (FCF). Aspectos como el mantenimiento o no de la cláusula de statu quo –que garantiza que ninguna comunidad salga perdiendo frente al anterior modelo–, lo deja a la negociación política. El campo de batalla está desplegado aunque el combate se antoja largo: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a repetir ayer que sin el PSOE, que gobierna en siete regiones, no habrá reforma.
