Montero notifica a Bruselas que hay margen para subir los impuestos a los automóviles, los barcos y los aviones

Hacienda ha salvado la papeleta con un diagnóstico de situación que se alinea con las conclusiones alcanzadas por los principales organismos internacionales y por el informe del Comité de Expertos , en cuanto a la baja intensidad de la presión fiscal al transporte en España y el margen de maniobra disponible para orientar ésta hacia objetivos de fiscalidad verde, y con una enumeración de las propuestas realizadas para España en este ámbito en los últimos años, sin inclinarse por unas u otras.

La estrategia le sirve al Gobierno para cumplir con Bruselas pero también para ahorrarse cualquier anuncio de subida fiscal a los medios de transporte en un contexto todavía agitado por los ecos del paro del transporte del pasado mes de marzo, que durante quince días estuvo a punto de paralizar la economía. En el informe se habla de la implantación de impuestos que graven la distancia recorrida por los vehículos y no la potencia, del pago por uso en las carreteras , de que la matriculación se pague por las emisiones del vehículo, no por su precio, de nuevos impuestos a las embarcaciones o los aviones, pero Hacienda se cuida mucho de no pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguna de esas medidas concretas. Se limita a análisis generales.

«La significativa caída de la recaudación asociada al transporte rodado en España refleja dificultades estructurales que habrán de resolverse con cambios tributarios y regulatorios profundos ». El Gobierno decidió hace ya unas semanas que con la inflación por las nubes y Feijóo en la oposición haciendo bandera de las rebajas fiscales convenía bajar el tono de su relato a favor de las subidas de impuestos. Lo que hace unos meses eran posicionamientos explícitos y entusiastas a favor de implantar el pago por uso en las carreteras, subir los impuestos a los automóviles o crear nuevas figuras fiscales como un impuesto al queroseno para penalizar la contaminación que causan los aviones, se han convertido ahora en frases que dicen sin decir como la que abre este artículo.

Presionado por el impacto social y económico causado por el reciente paro del transporte y por el frenazo del consumo que amenaza de forma muy seria el crecimiento de este año, el Gobierno ha optado por sustanciar su informe a Bruselas con un ejercicio de equilibrismo en el que subraya las carencias del sistema fiscal español a la hora de gravar de forma adecuada la contaminación que generan los distintos modos de transporte y asume la existencia de margen para subir los impuestos a vehículos, embarcaciones y aeronaves, pero se limita a enunciar las planteadas tanto por el Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda, como por organismos como el OCDE , el FMI o la propia Comisión Europea .

Respecto al Impuesto de Matriculación , Hacienda advierte de que «de mantenerse la estructura actual del impuesto, la recaudación se prevé que descenderá», con el argumento de que en 2019 un 60% de los coches matriculados estuvieron dentro del umbral de emisiones que permite la exención del mismo, y subraya el escaso peso específico que las matriculaciones de embarcaciones y aeronaves tienen en el conjunto del impuesto, que pagan, recalca el Ministerio, a partir de un tipo fijo no vinculado a criterios ambientales que no ha variado desde 1998. Avisos a navegantes.

En relación al Impuesto de Circulación , Hacienda asegura que su papel como instrumento para internalizar los costes ambientales del transporte rodado está muy poco desarrollado y que apenas asoma en las bonificaciones previstas en el impuestos, cuya activación corresponde a la decisión potestativa de cada ayuntamiento.

El diagnóstico del Ministerio cuestiona abiertamente el uso de las bonificaciones que permite la norma por parte de los ayuntamientos, desde la perspectiva que permiten que un vehículo poco contaminante pague el mismo impuesto que un vehículo de gran cilindrada que cumplan determinadas características. En este sentido, cuestiona de forma más intensa la bonificación a vehículos catalogados como históricos o con más de 25 años de antigüedad que señala como abiertamente incoherente con la política de reducción de emisiones contaminantes, pero que, por el contrario, es la que concentra un mayor volumen de incentivos fiscales.

Hacienda evita pronunciarse también aquí sobre las reformas que consideran más urgentes en el impuesto, pero por el camino acusa a su actual configuración de alentar deslocalizaciones irregular a la hora de domiciliar los vehículos y de habilitar por su regulación nichos de fraude.