Montero dice que los bancos pagarán el impuesto a las hipotecas desde este sábado
La ministra de Hacienda rechaza eliminar el tributo ya que restaría 2.000 millones a las regiones y anuncia que las entidades no se podrán deducir el tributo
El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto para que desde este sábado –realmente el lunes como primer día laboral– los bancos se hagan cargo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el tributo a las hipotecas que ha puesto en cuestión el Tribunal Supremo, después de que en los últimos 23 años comunidades y Estado lo desviaran al cliente y no a la entidad. Como ha anunciado la ministra de Hacienda María Jesús Montero en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva norma se publicará mañana viernes en el BOE y entrará en vigor un día después, el sábado.
De esta forma, aquellos clientes que firmen la escritura desde este sábado verán cómo el tributo lo paga la entidad. Así, si el banco ha concedido ya la hipoteca al consumidor pero este aún no ha rubricado, la entidad deberá pagar el tributo si el cliente la firma la desde el sábado.
La modificación legal se articula mediante la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley de AJD e ITP que «establece que cuando se trate de escrituras de garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista», ha desgranado Montero. Asimismo, se modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades, para que este gasto no sea deducible por parte del prestamista , el banco en este caso.
La ministra ha aclarado que se reunirá con las comunidades autónomas la semana que viene al convocar a sus directores de tributos para discutir cómo quedan las bonificaciones regionales a personas físicas del impuesto, que al ser el banco el pagador, decaerán. Cuando se le ha recordado que Andalucía tenía el tipo más alto en el impuesto con ella de consejera de Hacienda, ha destacado que «las comunidades que tienen peor financiación per cápita hacen mayor uso de las figuras tributarias frente a otras mejor financiadas».
Oficina de protección al cliente
Junto a ello, el Ministerio de Economía trabaja en aprobar la creacion de una oficina de defensa del cliente para evitar la repercusión del impuesto al consumidor a través de «cláusulas abusivas». La ministra no ha aclarado si vigilará que no lo incluyan en otros conceptos como comisiones por otros servicios o el interés cobrado al hipotecado, ni si sus decisiones serán vinculantes , es decir, si obligarán a que los bancos reculen en caso de infracción. Para ello ha remitido a preguntar a la propia ministra Nadia Calviño la semana que viene.
Eso sí, Montero ha rechazado eliminar el impuesto como ha pedido el líder del PP, Pablo Casado. La ministra ha recordado que ello supondría restar 2.000 millones a las comunidades autónomas y ha instado a «explicar cómo se financiarían la Sanidad, la Educación y la Dependencia » con esta merma de ingresos en las cuentas de las regiones.
Previsiones de la Comisión Europea
Sobre las previsiones de déficit de la Comisión Europea, que señala que el ajuste estructural de España será menor al que presume el Gobierno y empeora su previsión al 2,1% del PIB de agujero el año que viene –mientras que Hacienda auguraba un 1,8%–, Montero se ha congratulado de que las previsiones de crecimiento estén «en línea» con lo previsto por el Gobierno, es decir, un 2,6% este año y un 2,2% el que viene –en este caso el Ejecutivo prevé un 2,3%–.
Montero ha achacado a esta disparidad y divisiones en el deflactor del PIB la diferencia, además de que ha apuntado que la Comisión no ha incorporado con detalle el ajuste que incluirá el Presupuesto de 2019. Eso sí, ha descartado que vaya a haber «nuevos ajustes» en las cuentas .
Mayores sanciones a concesionarias de autopistas
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto con medidas urgentes en materia de carreteras con mayores sanciones a las concesionarias de autopistas que cometan irregularidades que perjudiquen a los conductores.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recordado el caso del colapso de la AP-6 por «nevadas» que ocurrió a comienzos de este año. Las sanciones, que hasta ahora no excedían de 15.000 euros, ahora podrán ir desde esta cantidad hasta los 300.000 euros en casos de «desatención».
