Vuelta a las andadas de las cajas de ahorros

Sobre la mesa está el debate de si hacer una banca pública en España. Ya sea tirando del ICO o de Bankia, hay un sentir general de que el nuevo Gobierno de España quiere disponer de una palanca de intervención en la economía con un sistema bancario público. Todo después de la mal aventurada evolución de las cajas de ahorros en nuestro país, que produjo un coste a la Administración por su intervención de más de 60.000 millones de euros en la gran crisis del 2007; una cantidad de la que el Banco de España espera que el Estado recupere no más de 15.000 millones de euros. No parece que sea la mejor idea posible volver a ese modelo de gestión pública de las entidades financieras y del negocio bancario.

Las cajas de ahorros, que eran alrededor de la mitad del sistema financiero español, fueron un fracaso, principalmente por la manipulación en la concesión de préstamos, con sesgos de carácter político-inmobiliario, de uno y otro color, a proyectos con injustificado merecimiento de esa financiación, por razones de falta de viabilidad y rentabilidad financiera.

Actualmente la banca pública en España es pública por la propiedad del capital, pero no por la gestión. Es decir, los riesgos de crédito se basan en aspectos de competencia de mercado, concediendo financiación a los actores que tengan proyectos objetivamente generadores de «cash flow» futuro suficiente para devolver el capital como requisito esencial para conceder la financiación, y con valores responsables socialmente acordes a la mejora de la sociedad en la que vivimos.

Esta banca pública está representada por una parte por Bankia , donde el Estado todavía tiene el 61%. Pero lo importante es que su gestión es eficiente, acorde a riesgo-rentabilidad privada con su clientela, habiendo tenido que realizarse una reestructuración de la entidad importante para convertirla nuevamente en un banco en competencia. Aun siendo de titularidad pública, sus decisiones son acorde a variables financieras de mercado, que es como deben seguir si queremos recuperar una parte de lo que pusimos todos en su rescate.

Por su parte, el ICO (Instituto de Crédito Oficial) actúa como una entidad financiera más que promueve la competencia en los mercados y la generación de riqueza y bienestar sociales. En Europa hay casi un centenar de bancos públicos, que cuentan con alrededor de 200.000 empleados, y algunos están bien gestionados, como el alemán NRW, el holandés BNG o el sueco Swedbank; los mismos funcionan como entidades privadas, aunque sean de titularidad pública. El hecho de que las entidades financieras tengan una gestión del binomio rentabilidad-riesgo adecuado no exime el apoyo a inversiones muy fructíferas para el bienestar de la ciudadanía.

Las situaciones catastróficas sobrevenidas de las cajas de ahorros hacen que pensemos que una entidad financiera es una «caja negra», difícil de gestionar, en la que los equilibrios entre solvencia y liquidez, además del cumplimiento con reguladores exigentes tanto en riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional, es algo que se debe reservar al análisis eficiente acorde a competencia y hacer de ello un negocio con su sana condición de generar beneficios y ganancias para sus accionistas. En algo tan atrayente como el dinero fácil, la mala gestión genera quiebras tan sonadas como las cajas de ahorros, el Banco Popular o el Banco de Valencia . No hagamos más experimentos en un sector que ya de por sí lo está pasando mal en rentabilidad y supervivencia, habiendo reducido en un 75% el número de bancos, a casi la mitad las oficinas y un 40% los empleados en los últimos años. Por tanto, debe ser un justo y honrado negocio de análisis profesional de riesgos, con su correspondiente ganancia aparejada, no vaya a ser que volvamos a las andadas y surjan nuevos modelos de fracaso que tanto nos hicieron padecer en el pasado a esa sociedad que se pretende defender.

Manuel Romera Robles es director del Sector Financiero de IE Business School