¡Manos arriba!

Pues es una mala idea. Primero encarecerá el factor económico cuya evolución ocupa el primer lugar de nuestras preocupaciones, es decir el empleo . Las cotizaciones sociales funcionan como un impuesto al trabajo que encarece su precio y ya sabe que en todo bien que se encarece se retrae su demanda. En segundo lugar, rompe una promesa del Gobierno -¿a que no le sorprende?-, la de no perjudicar con las subidas de impuestos a la clase trabajadora. Ya sabe que Pedro Sánchez considera que los profesionales y los empresarios de éxito que ganan más de 130.000 (cifra mágica para las subidas del IRPF) son malhechores o asaltadores de caminos y no son trabajadores. Ahora resulta que tampoco lo son quienes ganan la tercera parte o quienes conducen un coche con motor diésel.

En tercero sería una injusticia manifiesta. Las cotizaciones entregadas han estado siempre ligadas a las pensiones recibidas y las primeras estaban topadas, porque las segundas lo estaban también. Ahora se destopan las primeras, pero eso no dará derecho a una mayor pensión. ¿Por qué se atreve a hacerlo? Pues porque casi un 80% del total cotizado corre a cargo del empresario y poco más del 20% recae sobre el trabajador . Ya se sabe que las empresas son malas y hay que zurrarlas sin piedad.

En cuarto lugar, la idea penaliza la competitividad de las exportaciones, justo cuando mejor nos vendría incrementar la demanda exterior para generar actividad en el interior. Contrariamente a lo que sucede con el IVA, las cotizaciones no se recuperan cuando vendemos algo fuera, que saldrá así con un precio superior, sin mejora de la calidad del producto y/o servicio. Total, esto sería un atraco, envuelto en una mala idea. Otra.